Arrancó el juicio por el presunto pago de sobornos en el senado

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Además del ex presidente De La Rúa, será juzgado el mendocino y ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique.

Fernando De la Rúa será, desde este martes, el segundo ex presidente democrático en ser sometido a un juicio oral y público, ya que comienza el proceso por el presunto pago de sobornos durante su Gobierno para la aprobación de una ley de reforma laboral en abril de 2000.

Junto a De la Rúa serán juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 el mendocino ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes, los ex senadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda y el "arrepentido" Mario Pontaquarto.

El juicio se hará en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, y está previsto que se extienda por seis meses, en los que declararán 339 testigos.

Entre los citados se encuentran la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien solicitó hacerlo por escrito, lo que le permite la ley-, los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde, el vice de De la Rúa, Carlos "Chacho" Alvarez; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y funcionarios y senadores de esa época como Rodolfo Terragno, Federico Storani, Carlos Corach y Luis Barrionuevo.

El peronista Menem fue el primer ex presidente en ser juzgado por presuntos delitos: terminó absuelto el año pasado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Ahora el radical De la Rúa será el segundo mandatario que estará en el banquillo.

El ex presidente de la Alianza está acusado de haber dado la orden para pagarle sobornos a senadores peronistas para que aprobaran una polémica ley de reforma laboral a la que se oponían ese partido y el sindicalismo.

"Eso háblenlo con De Santibañes", fue la respuesta que dio De la Rúa al entonces jefe del bloque radical en el Senado, José Genoud, cuando este le dijo en una reunión en la Casa de Gobierno que el peronismo quería algo más para aprobar la ley.

Así lo contó en diciembre a la Justicia Pontaquarto, entonces secretario Parlamentario del Senado, y el "arrepentido" del caso que confesó que el 18 de abril de 2000 retiró del edificio de la SIDE dos valijas con cinco millones de pesos.

El Senado aprobó el 26 de abril de ese año la reforma y Pontaquarto declaró que ese día a la noche llevó 4.300.000 al departamento -en Recoleta- del senador del PJ Emilio Cantarero, quien le pidió que se fuera porque estaban llegando "los muchachos" a cobrar la plata y le dio el resto de los nombres de los legisladores.

Al día siguiente, según la causa, el "arrepentido" le entregó los restantes 700 mil pesos a Genoud, que los iba a repartir con Flamarique.

"Para los senadores tengo la Banelco", habría dicho Flamarique en una reunión con sindicalistas, según reveló públicamente Moyano en referencia a que el ministro tenía plata para coimear a senadores. Fue así que bautizó a la norma como la "Ley Banelco".

Los dichos de Pontaquarto fueron comprobados por la ubicación de los celulares de los nombrados en las antenas de las zonas y en los días que dijo el arrepentido.

De la Rúa, Flamarique, De Santibañes y Pontaquarto están acusados de "cohecho activo" -pagar coimas-, mientras que los senadores del PJ de "cohecho pasivo" -cobrarlas-, delito para el que se prevé una pena de dos a seis años de prisión.

También estaban acusados Genoud y Cantarero, pero el primero se suicidó en 2008 de un tiro en el pecho y el segundo fue declarado inimputable por serios problemas de salud.

El juicio estará a cargo de los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, la fiscal será Sabrina Namer y como querellante actuará la Oficina Anticorrupción (OA).

Las audiencias serán los martes y miércoles todo el día y los jueves solo por la tarde, pero está semana solamente se desarrollará la jornada de mañana en la que se prevé que esté ocupada íntegramente por la lectura de elevación a juicio del caso que instruyeron el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

Pontaquarto llega a proceso con una condena -dictada en mayo pasado- de dos años y un mes de prisión por no rendir los viáticos que utilizó en un viaje oficial cuando era secretario parlamentario.

Además, dos peritos -uno de la Policía Federal- fueron condenados en octubre pasado a dos años y seis meses de prisión por falsear pericias para que los celulares de De Santibañes y Genoud no aparezcan en las antenas telefónicas de las zonas donde los ubicó Pontaquarto.

Diario Uno