Fiscal pone la lupa en el BLP: quiere que presenten declaraciones juradas
El expediente fue abierto por el fiscal Juan Carlos Carola, según pudo confirmar Diario Textual de fuentes extraoficiales.
Este fiscal -que este año se hizo cargo de recolectar y analizar las DDJJ de los funcionarios pampeanos- está recolectando antecedentes y encargará un dictamen. Lo más probable es que los empiece a intimar.
El BLP -a cargo de Laura Galluccio, investigada en otra causa por este mismo fiscal- no es el único apuntado. También Pampetrol, Aguas del Colorado y Carnes Naturales. Todas son empresas con participación estatal.
En otras investigaciones, principalmente penales, los directivos del banco pampeano ya han dicho que no son funcionarios. Son respaldados por parte de la jurisprudencia.
Sin embargo, también hay fallos en contra de esa postura: la Sentencia 6/2005 de la jueza Verónica Fantini, entonces titular del Juzgado 6 de Santa Rosa, que sí consideró al presidente y a los directores del banco como funcionarios públicos. Es por una demanda que hizo el ex director del BLP, Juan Carlos Tierno, contra periodistas de la revista Lumbre.
¿Qué dijo en 2005 la jueza Fantini? "No obstante que la parte querellante ha aducido que existe jurisprudencia provincial dominante que no considera a un director por el capital estatal del Banco de La Pampa como funcionario público (...), sí entiendo, por el contrario, que el querellante (por Tierno), en su función como tal, es considerable como funcionario público. Ello así, porque se trata de una persona que, por el capital estatal, es elegida para esa función directamente por el gobernador y con acuerdo de la Cámara de Diputados, siendo removibles por la sola voluntad del titular del Poder Ejecutivo provincial", expresó.
"No sólo -prosiguió Fantini- por la génesis de su nombramiento reviste el carácter de funcionario público, aún integrando un ente de economía mixta, sino que también por la función que le compete en el establecimiento e instrumentación de políticas a realizar por la máxima entidad bancaria de la provincia, con incidencia directa de la economía no sólo de ésta sino de la región adyacente, de consuno con las estrategias y líneas establecidas por el gobierno provincial, de capital mayoritario en esa sociedad de economía mixta, participa el querellante en una evidente función pública".
Desde este año, la FIA se hizo cargo de recibir las declaraciones juradas. Lentamente, se está haciendo cargo de un trabajo que, hasta 2012, lo hacía el Tribunal de Cuentas.
El descontrol, igual, sigue. Las declaraciones juradas de jueces, fiscales, defensores y otros empleados del Poder Judicial no están siendo controladas actualmente en La Pampa, publicó hace unos días Diario Textual. Este hecho es de suma gravedad. Así, no se sabe si se hay funcionarios judiciales que se enriquecieron ilegalmente.
En 2003, el Poder Judicial impuso casi un régimen de privilegio para presentar las declaraciones juradas. Se desconoció la ley vigente -aprobada por Diputados y ratificada por el Poder Ejecutivo- para los casos de los jueces y se intentó restringir el acceso público a esos documentos. Encima ahora se supo que tampoco controlan y comparan los números de cada funcionario.
La autoridad de aplicación -según estableció hace 10 años el Superior Tribunal de Justicia (STJ), mediante los acuerdos 1888 y 1899- es la Procuración General, hoy a cargo de Mario Bongianino.
Una empleada confirmó a este diario que en la Procuración solo se reciben y archivan las DDJJ, pero que no se cotejan con las de años anteriores -para verificar si hay aumentos considerables de capital- porque carecen de personal.
Luego fue consultado Bongianino. El procurado dijo -a través de un colaborador, que le trasladó la consulta de este diario- que "se tiene que conformar el equipo técnico" para controlar las DDJJ. Así, se confirmó un dato de suma gravedad: actualmente -y posiblemente desde los últimos diez años- no hay controles.
Diario Textual
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