El empresario Rosón pidió audiencia a Jorge
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/06/el-empresario-roson-pidio-audiencia.html
El empresario Néstor Rosón le pidió una audiencia al gobernador Oscar Jorge, a una semana de que fuera golpeado por tres encapuchados que lo esperaron en el portón de su casa, un ataque que vinculó al conflicto que mantiene con el Gobierno Provincial por la liquidación del servicio de limpieza que su empresa presta en algunas reparticiones estatales.
“Esperamos que se nos otorgue (la audiencia) y, dado que es contador público nacional, sirva para poner fin a esta colección de irregularidades y delitos”, sostuvo el empresario en una solicitada que se publica hoy en El Diario.
Rosón viene denunciando que la asesora de Gobierno, Daniela Vassia, firmó un dictamen, el 233/08, que indica que no se incluyan los impuestos de Ingresos Brutos, Ganancias e IVA en la redeterminación de precios. Desde hace cuatro años, el empresario reclama el pago de esos impuestos. “Desde chico me enseñaron que cuando uno se equivoca, debe reconocer el error con humildad. Daniela Vassia, reconozca su error”, reprochó.
El empresario dijo ahora que “el Poder Ejecutivo no nos ha abonado las redeterminaciones (salarios del personal) solicitadas hace once meses, por paritarias a mayo de 2012, ni con IVA ni sin IVA”.
“¿Nuestros empleados no tienen derechos laborales? ¿Un dictamen de una asesora letrada predomina por sobre leyes y decretos? Solo pretendemos trabajar en el marco de las leyes en vigencia”, completó Rosón.
Rosón fue víctima de una violenta golpiza en su casa, en Horneros 5259, en el barrio Lowo Che, el lunes pasado. Lo atacaron a las 7 de la mañana, cuando salía, tres hombres, con pasamontañas y guantes. Lo agredieron con las culatas de las armas.
Rosón había denunciado unos días antes que el Gobierno Provincial le liquida mal los contratos y consideró que el ataque fue “un apriete”. Tiene una empresa, Multiservicios Rosón, y brinda tareas de limpieza en organismos públicos. Tiene contratos con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Con el Gobierno Provincial mantiene una disputa por la liquidación de los contratos: aunque le reconocen los mayores costos originados en el aumento de los sueldos por las paritarias, Rosón sostiene que no le dejan incluir los impuestos.
El empresario tiene 115 empleados y hace cuatro años que sostiene esa disputa. La parte que el Ejecutivo Provincial no le paga a la hora de reconocer los mayores costos, el empresario no se la abona a sus empleados, aunque la traslada al recibo de sueldo. Así se está generando una deuda con sus trabajadores.
Rosón dio una conferencia el día del violento episodio y consideró que el ataque está vinculado a sus denuncias. “Esto tiene que ver con el conflicto, pero no puedo señalar a nadie”, dijo.
El empresario ha presentado tres denuncias en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra funcionarios provinciales. Y el jueves 9 de mayo, ante la Fiscalía de turno en el Centro Judicial, una acusación más grave aún apunta a los funcionarios como integrantes de una “asociación ilícita” cuyos fines serían provocar la quiebra de su empresa, generando la pérdida de trabajo de sus empleados, y convertir al Estado provincial en un evasor del fisco.
Aseguró que envió una copia de la denuncia a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Afirmó que esas reparticiones están intentando darle una ayuda para que pueda mantener todos los puestos de trabajo, situación que, aseguró, tiene sin cuidado a los funcionarios pampeanos.
“Esperamos que se nos otorgue (la audiencia) y, dado que es contador público nacional, sirva para poner fin a esta colección de irregularidades y delitos”, sostuvo el empresario en una solicitada que se publica hoy en El Diario.
Rosón viene denunciando que la asesora de Gobierno, Daniela Vassia, firmó un dictamen, el 233/08, que indica que no se incluyan los impuestos de Ingresos Brutos, Ganancias e IVA en la redeterminación de precios. Desde hace cuatro años, el empresario reclama el pago de esos impuestos. “Desde chico me enseñaron que cuando uno se equivoca, debe reconocer el error con humildad. Daniela Vassia, reconozca su error”, reprochó.
El empresario dijo ahora que “el Poder Ejecutivo no nos ha abonado las redeterminaciones (salarios del personal) solicitadas hace once meses, por paritarias a mayo de 2012, ni con IVA ni sin IVA”.
“¿Nuestros empleados no tienen derechos laborales? ¿Un dictamen de una asesora letrada predomina por sobre leyes y decretos? Solo pretendemos trabajar en el marco de las leyes en vigencia”, completó Rosón.
Rosón fue víctima de una violenta golpiza en su casa, en Horneros 5259, en el barrio Lowo Che, el lunes pasado. Lo atacaron a las 7 de la mañana, cuando salía, tres hombres, con pasamontañas y guantes. Lo agredieron con las culatas de las armas.
Rosón había denunciado unos días antes que el Gobierno Provincial le liquida mal los contratos y consideró que el ataque fue “un apriete”. Tiene una empresa, Multiservicios Rosón, y brinda tareas de limpieza en organismos públicos. Tiene contratos con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Con el Gobierno Provincial mantiene una disputa por la liquidación de los contratos: aunque le reconocen los mayores costos originados en el aumento de los sueldos por las paritarias, Rosón sostiene que no le dejan incluir los impuestos.
El empresario tiene 115 empleados y hace cuatro años que sostiene esa disputa. La parte que el Ejecutivo Provincial no le paga a la hora de reconocer los mayores costos, el empresario no se la abona a sus empleados, aunque la traslada al recibo de sueldo. Así se está generando una deuda con sus trabajadores.
Rosón dio una conferencia el día del violento episodio y consideró que el ataque está vinculado a sus denuncias. “Esto tiene que ver con el conflicto, pero no puedo señalar a nadie”, dijo.
El empresario ha presentado tres denuncias en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra funcionarios provinciales. Y el jueves 9 de mayo, ante la Fiscalía de turno en el Centro Judicial, una acusación más grave aún apunta a los funcionarios como integrantes de una “asociación ilícita” cuyos fines serían provocar la quiebra de su empresa, generando la pérdida de trabajo de sus empleados, y convertir al Estado provincial en un evasor del fisco.
Aseguró que envió una copia de la denuncia a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Afirmó que esas reparticiones están intentando darle una ayuda para que pueda mantener todos los puestos de trabajo, situación que, aseguró, tiene sin cuidado a los funcionarios pampeanos.
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