Santa Rosa | Trata de personas en una tienda: se cayó la causa por un error de procedimiento

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa anuló ayer la causa contra los dueños de tienda Modas Marín. Cuando la Justicia Federal los indagó en el año 2011, los imputados Adlfo Marín Carapi y Josefina Murucho Villca no tuvieron la asistencia del Consulado, ya que se trata de personas de nacionalidad boliviana. (Foto: El Diario LP)

La absolución de la pareja fue ordenada pro el TOF Santa Rosa (integrado por los jueces José Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava)) al "declarar la afectación de la garantía de defensa en juicio y debido proceso legal, por no haberse informado a los imputados el derecho invividual a la asistencia consular".

Es decir no se respetaron las garantias previstas en la Constitución Nacional, la Convención de Viene sobre Asistencia Consular y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

El tribunal nulificó la declaración indagatoria a Adolfo Marín Carapi y a Josefina Murucho Villca. Fue una salida del tribunal ante la posiblidad de un expediente que llegó a juicio oral, pero que en el debate se advirtió que contenía varías irregularidades.

Además en ninguna de las instancias anteriores, la defensa advirtió que no se cumplió con este resguardo constitucional. También es una señal al juez Pedro Zabala quien actuó en la instruccoión. El defensor Gastón Gómez explicó que "esto no lo tuvimos en cuenta porque no andamos específicamente on estas estas cuasas".

Durante el debate el fiscal Jorge Bonvehí había pedido diez años de prisión para la pareja de nacionalidad boliviana por el delito de trata de personas, mientras que el abogado defensor Gastón Gómez había solicitado la absolución.

Este miércoles a la tarde, el Tribunal Oral Federal, integrado por el presidente José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, anuló la causa porque la indagatoria realizada a los imputados estuvo viciada porque no fueron asistidos por personal del Consulado.

El caso se conoció en septiembre de 2011. Hubo gran difusión en algunos medios. La oficina de Migraciones, a cargo de Paula Grotto, intervino en el caso e informó a la Justicia Federal (intervino por el tipo de delito considerado).

Todo se inició por la denuncia de Beatriz Vilca Calizaya, una joven boliviana que se peleó con Adolfo Marín Carapi y lo denunció por la explotación de otra mujer, María, y por su situación. Decía que eran obligadas a trabajar en ese local y a hacer tareas domésticas fuera de horario.

Finalmente, al realizar el allanamiento advirtieron en el local de la calle Gil a una menor M.P.Y., quien entonces tenía 16 años. La adolescente, la otra mujer y Beatriz provenían de una familia pobre de agricultores, del pueblo de Cala Cala. Es un pueblo de entre 70 y 80 habitantes de Bolivia.

Para el fiscal Jorge Bonvehí se demostró el caso de trata, que incluye el reclutamiento o captación, el traslado, el recibimiento y el acogimiento de una persona para su explotación laboral, como en este caso.

El fiscal no creyó las versiones de Adolfo Marín Carapi ni de Josefina Muruchi Villca. Esta tenía firmado el permiso por 90 días de los padres de MPY, para venir a la Argentina.

La acusación principal fue para Josefina Muruchi Villca: el fiscal la acusó de la captación de la menor y de la coautoría del transporte y el acogimiento (esto difiere del recibimiento ya que incluye una morada). Para Adolfo Marín Carapi sostuvo la acusación de coautoría del transporte y recibimiento.

Como el delito del que se acusa a la pareja tiene penas de entre 10 y 15 años, Bonvehí -por la falta de antecedentes, el comportamiento en el juicio, los informes ambientales y la colaboración ante la Justicia- les pidió el mínimo. Pero dijo que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de la víctima, de su pobreza y falta de educación. La trata implica la "cosificación" de la víctima para un rédito económico", dijo Bonvehí y de allí la dureza de la pena.

Defensa

El abogado Gastón Gómez atacó con dureza la acusación de Bonvehí y la causa misma. "El fiscal tuvo que hacer un sumo esfuerzo para su acusación. Este no es un caso de trata. Fue muy correcto, ajustado a lo formal, pero alejado de la realidad. Se construyó un castillo sobre la arena", disparó.

Gómez remarcó que la causa se inició con tres casos, pero solo llegó uno al juicio oral, el de la menor. "La acusación fiscal muestra como estos juicios salen de contexto y nos llevan a una barbaridad", remarcó.

Dijo que "nada encaja en un caso de pobreza, de mujeres y de explotación". Aseguró que tanto las víctimas como los victimarios son "pobres, con poca educación y migrantes".

El abogado remarcó que la denuncia de Beatriz Vilca Calizaya se hizo 15 días después que la denunciante y la menor llegaran a la Argentina. Dijo que se demostró que hubo llamados entre la menor y su familia. "Se le hubiera extendido en el tiempo, en meses, en años... Pero fueron 15 días. Y Josefina se peleó con Beatriz. No hay explotación ni cosificación", afirmó.

Gómez dijo que las mujeres ingresaron por Villazón, el pueblo que retrató el programa Periodismo Para Todos el domingo pasado. "Se mostró que cruzaban el río, que ingresaban droga. Es un colador. Pero Josefina ingresó en forma legal. Y estaba en pleno centro, a la vuelta de la Municipalidad", remarcó.

Criticó a la Policía provincial y a la delegada de Migraciones, Paula Grotto. "Grotto dijo que estaba muy preocupada. Pero después no supo más nada de la víctima. Ni que se fue cuatro meses después", disparó. La Policia provincial realizó un operativo con diez uniformados y patrulleros, con chicos de por medio.

El Diario LP