Gral.Pico | Denunciaron a médico y defensora oficial que impidió aborto no punible
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/08/gralpico-denunciaron-medico-y-defensora.html
La joven que en junio debió interrumpir el embarazo de un feto anancefálico tras habérsele negado ese derecho en el hospital y en la Justicia piquense, radicó una denuncia penal contra el médico ginecólogo Gustavo Doroschenko y la defensora oficial María Cristina Petazzi por el delito de violación a los deberes de funcionario público (art. 248).
Cabe recordar que la ley garantiza el aborto no punible en la Salud Pública en aquellos casos en que corre peligro la salud de la mujer, o su embarazo es producto de una violación. La ley fue sancionada en el año 1927 pero para que se concretara el derecho estipulaba la necesidad de una orden judicial.
En el año 2011 la Corte Suprema de la Nación falló en diferencia y ordenó que se evitara el paso por la Justicia a las mujeres que solicitaban la interrupción del embarazo en este tipo de casos.
El tema fue de extensa difusión pública ya que se impuso a partir de una resolución del Corte Suprema de Nación que, además, instó a todas las provincias a elaborar un protocolo de actuación ante estos casos.
El gobierno de La Pampa se mostró renuente en un principio para acatar la orden pero en agosto del año pasado finalmente elaboró el protocolo que se debe aplicar en todos los ámbitos de la salud pública. Lleva el número de decreto 279, resolución reglamentaria N° 656.
Sin embargo, el único lugar en el país en que la totalidad de los ginecólogos se niegan por cuestiones de objeción de conciencia a interrumpir el embarazo de mujeres violadas o cuya vida corre peligro, es nuestra ciudad. Hecho que dio más difusión aún al tema.
Cuando el 14 de junio pasado se diagnosticó que el feto que la joven llevaba en su vientre era anancefálico, solicitó la interrupción del embarazo. Es de conocimiento científico que este tipo de fetos difícilmente lleguen a un parto y si lo hacen, fallece a las pocas horas. Además, puede correr serios riesgos la salud y la vida de la madre.
Doroschenco, ginecólogo que llevaba el control del embarazo le dijo que tenía que ir a la Defensoría Oficial para consultar sobre la posibilidad de la práctica abortiva. Y deja constancia de esto y de los pasos sucesivos, en la historia clínica de la mujer.
En la Justicia, es atendida por la Dra. Cristina Petazzi, quien le asegura que es imposible interrumpir la gestación porque de lo contrario sería un delito por el cual podrían ir presas ella, la mamá que la estaba acompañando y “la bruja” que practicara el aborto. Y si pedía la orden a un juez, ella misma, funcionario judicial también iría presa.
La joven regresó al hospital y vuelve a ser atendida por el Dr. Doroschenco, quien la deriva a la asistente social y a la psicológa de Salud Mental. Y le dijo que seguramente iba a perder el embarazo igual porque en esos casos el aborto ocurría espontáneamente. Volvió a repetir que él no podía interrumpirlo.
La joven madre termina consultando a una abogada particular, la Dra. Cecilia Ruffini, quien presenta un escrito en la dirección del hospital el 24 de junio, y ese mismo día, se le da turno a la joven y se le induce el aborto con pastillas.
Los médicos la dejaron sola, en medio de una dificilísima situación. Por eso destacó en todo momento la acción humanitaria del enfermero Marceliano y de la partera Bibiana Rodríguez que la acompañaron y cuidaron hasta el día siguiente cuando la Dra Meriles le practicó el raspaje. Nunca más pasó a asistirla ni realizarle control alguno.
En todas las situaciones vividas tanto en Salud Pública como en Defensoría Civil, la joven vivió momentos de exposición, peligro de vida en los que quienes estaban obligados por ley a asistirla le negaron sus derechos, provocando un daño extremo físico y síquico.
Es por ello que el 30 de agosto la joven patrocinada por la Dra. Ruffini denunció al médico Dorochenco y a la defensora Petazzi por violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Procesal Penal.
Al día siguiente la funcionario judicial pidió licencia y aún no volvió a trabajar. También solicitaron licencia el resto de las defensoras oficiales por lo que durante la semana pasado, la Defensoría estuvo acéfala.
Fuente: Infopico.com
Cabe recordar que la ley garantiza el aborto no punible en la Salud Pública en aquellos casos en que corre peligro la salud de la mujer, o su embarazo es producto de una violación. La ley fue sancionada en el año 1927 pero para que se concretara el derecho estipulaba la necesidad de una orden judicial.
En el año 2011 la Corte Suprema de la Nación falló en diferencia y ordenó que se evitara el paso por la Justicia a las mujeres que solicitaban la interrupción del embarazo en este tipo de casos.
El tema fue de extensa difusión pública ya que se impuso a partir de una resolución del Corte Suprema de Nación que, además, instó a todas las provincias a elaborar un protocolo de actuación ante estos casos.
El gobierno de La Pampa se mostró renuente en un principio para acatar la orden pero en agosto del año pasado finalmente elaboró el protocolo que se debe aplicar en todos los ámbitos de la salud pública. Lleva el número de decreto 279, resolución reglamentaria N° 656.
Sin embargo, el único lugar en el país en que la totalidad de los ginecólogos se niegan por cuestiones de objeción de conciencia a interrumpir el embarazo de mujeres violadas o cuya vida corre peligro, es nuestra ciudad. Hecho que dio más difusión aún al tema.
Cuando el 14 de junio pasado se diagnosticó que el feto que la joven llevaba en su vientre era anancefálico, solicitó la interrupción del embarazo. Es de conocimiento científico que este tipo de fetos difícilmente lleguen a un parto y si lo hacen, fallece a las pocas horas. Además, puede correr serios riesgos la salud y la vida de la madre.
Doroschenco, ginecólogo que llevaba el control del embarazo le dijo que tenía que ir a la Defensoría Oficial para consultar sobre la posibilidad de la práctica abortiva. Y deja constancia de esto y de los pasos sucesivos, en la historia clínica de la mujer.
En la Justicia, es atendida por la Dra. Cristina Petazzi, quien le asegura que es imposible interrumpir la gestación porque de lo contrario sería un delito por el cual podrían ir presas ella, la mamá que la estaba acompañando y “la bruja” que practicara el aborto. Y si pedía la orden a un juez, ella misma, funcionario judicial también iría presa.
La joven regresó al hospital y vuelve a ser atendida por el Dr. Doroschenco, quien la deriva a la asistente social y a la psicológa de Salud Mental. Y le dijo que seguramente iba a perder el embarazo igual porque en esos casos el aborto ocurría espontáneamente. Volvió a repetir que él no podía interrumpirlo.
La joven madre termina consultando a una abogada particular, la Dra. Cecilia Ruffini, quien presenta un escrito en la dirección del hospital el 24 de junio, y ese mismo día, se le da turno a la joven y se le induce el aborto con pastillas.
Los médicos la dejaron sola, en medio de una dificilísima situación. Por eso destacó en todo momento la acción humanitaria del enfermero Marceliano y de la partera Bibiana Rodríguez que la acompañaron y cuidaron hasta el día siguiente cuando la Dra Meriles le practicó el raspaje. Nunca más pasó a asistirla ni realizarle control alguno.
En todas las situaciones vividas tanto en Salud Pública como en Defensoría Civil, la joven vivió momentos de exposición, peligro de vida en los que quienes estaban obligados por ley a asistirla le negaron sus derechos, provocando un daño extremo físico y síquico.
Es por ello que el 30 de agosto la joven patrocinada por la Dra. Ruffini denunció al médico Dorochenco y a la defensora Petazzi por violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Procesal Penal.
Al día siguiente la funcionario judicial pidió licencia y aún no volvió a trabajar. También solicitaron licencia el resto de las defensoras oficiales por lo que durante la semana pasado, la Defensoría estuvo acéfala.
Fuente: Infopico.com
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments