Por robos de soja en La Pampa allanaron cerealeras y casas de Santa Fe
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/08/por-robos-de-soja-en-la-pampa-allanaron.html
Una investigación llevada a cabo por el fiscal de delitos complejos, Maximiliano Boga Doyhenard en forma conjunto con el fiscal, Alejandro Gilardenghi, terminó con el allanamiento empresas en Rosario,a provincia de Santa Fé que podrían estar involucradas con el robo de soja en el norte pampeano. (Foto Ilustrat.Archivo: Cadena3)
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“A una de las empresas se le estableció un embargo de $ 107.000”, le dijo Boga Doyhenard a Infopico.com. En la investigación también trabajó la Britgada de Investigaciones de la UR II a cargo del subcomisario, José Giordano. Esta investigación apunta a esclarecer una sucesión de robos de cereal que alimentaron operaciones con destino de puerto por alrededor de cuatro millones de pesos.
El informe de Luis Bastús, el periodista de Página 12 en Rosario, Santa Fe, indica que La city agroexportadora de Rosario volvió a ser escenario de allanamientos policiales e investigaciones penales, esta vez no desde la evasión tributaria sino directamente por la comercialización de soja robada. La ruta de la oleaginosa sustraída en una docena de hechos ocurridos entre La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires condujo ayer hasta el microcentro rosarino, donde policías pampeanos y de las Tropas de Operaciones Especiales, personal de la Subsecretaría de Delitos Económicos y de la Administración Provincial de Impuestos allanaron dos empresas, más los domicilios de dos de sus directores, y secuestraron documentos que probarían la circulación de los granos denunciados. La investigación se inició en la fiscalía de delitos complejos pampeana, y lleva imputadas a seis personas, entre ellas a los cerebros de la organización, domiciliados en Venado Tuerto: uno está preso y el otro, prófugo. Apunta a esclarecer una sucesión de robos de cereal que alimentaron operaciones con destino de puerto por alrededor de cuatro millones de pesos.
El fiscal pampeano Maximiliano Boga Doyhenard solicitó esta semana colaboración a la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad para seguir la cuerda del blanqueo de numerosas cargas de cereal robado en taperas de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. De acuerdo con la investigación iniciada en diciembre, el juez de instrucción Javier Beltramone ordenó por exhorto del fiscal un allanamiento sobre la oficina de Agrocomercial del Sur SA, en Córdoba 1365, y otro en un estudio contable de Rioja al 1200 que figura como domicilio legal de una cooperativa de transportes cerealeros. Además, el juez libró allanamientos sobre las viviendas de directivos de estas firmas, una en bulevar Oroño al 500 y otra en Suipacha al 2300, de Funes, precisaron fuentes de la pesquisa.
La orden judicial no requería detenciones, pero sí el secuestro de documentación que alimentaría la hipótesis del fiscal Boga Doyhenard, quien sospecha que una empresa acopiadora de la localidad cordobesa de Ballesteros, Agroveterinaria Lebre SRL comercializó a su nombre la oleaginosa robada a través de la firma rosarina de corretaje, y que el destino final de esas operaciones fue la aceitera Vicentín, según la información colectada por los investigadores. Ayer este diario intentó en vano comunicarse con las empresas involucradas.
"La fiscalía de Delitos Complejos de La Pampa nos solicitó apoyo para continuar la investigación en nuestra provincia, y por eso un equipo de las TOE e inspectores de la API acompañaron a cuatro agentes de la Brigada de Investigaciones de La Pampa para realizar los allanamientos que resultaron positivos en cuanto al secuestro de documentación sobre intermediación en la compraventa y transporte de soja posiblemente relacionada con los hechos que originaron la causa", señaló la subsecretaria de Delitos Económicos, Margarita Zabalza.
"Secuestramos contratos de compra de granos entre Agroveterinaria Lebre, Agrocomercial del Sur y Vicentín, además de las correspondientes cartas de porte y comprobantes de depósitos bancarios compatibles con esas operaciones", indicó el subcomisario José María Giordano, jefe de Investigaciones de General Pico.
El detonante del caso que cuenta con tres detenidos ocurrió entre el 11 y el 12 de diciembre pasado en un campo de Trebolares, en La Pampa, propiedad de José Gorostiaga. Al día siguiente, este productor denunció el robo de 65 toneladas de soja que almacenaba en un silobolsa. La policía vinculó ese caso con otros similares ocurridos en otras taperas de esa y provincias vecinas: 3 en La Pampa, 3 en el oeste bonaerense, y 5 en el sur cordobés. Y llegó a detectar las andanzas de una organización que involucraba camiones, camionetas de apoyo, chimangos y demás infraestructura para perpetrar robos que, por sus características, no se consuman en pocos minutos. "Primero detectaban cuales chacras eran adecuadas para robar ante la ausencia prolongada de sus dueños. Y entraban al caer la tarde, rompiendo candados, cortando alambres, y se ponían a cargar el cereal y para la medianoche ya no quedaba nada", describió Giordano.
En los meses siguientes, y con averiguaciones que incluyeron escuchas telefónicas, cayeron detenidos el presunto jefe de la gavilla, Luis Alberto Correa, detenido en Venado Tuerto a bordo de su BMW. Según el investigador pampeano, Correa participó en 2008 del asesinato de un policía, durante un tiroteo con agentes que descubrieron in fraganti un robo de cereal en una chacra de la localidad cordobesa de Vicuña Mackenna. Además de Correa, está detenido un transportista cordobés y una mujer venadense. La Justicia pampeana les impuso prisión preventiva a todos, y libró orden de captura contra Claudio Biey, el otro presunto organizador de la banda y oriundo de Venado Tuerto. Estos, y dos personas más, están imputados del delito de robo calificado en despoblado y en banda, pasible de una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. La suma de todas las denuncias que alimentaron estas averiguaciones sobre robos de cereal redondea un negocio negro de unos 4 millones de pesos.
Consultada sobre el robo de cereal en establecimientos rurales de Santa Fe, la subsecretaria de Delitos Económicos señaló que no existen denuncias aquí como las que desató la investigación pampeana.
El fiscal pampeano Maximiliano Boga Doyhenard solicitó esta semana colaboración a la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad para seguir la cuerda del blanqueo de numerosas cargas de cereal robado en taperas de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. De acuerdo con la investigación iniciada en diciembre, el juez de instrucción Javier Beltramone ordenó por exhorto del fiscal un allanamiento sobre la oficina de Agrocomercial del Sur SA, en Córdoba 1365, y otro en un estudio contable de Rioja al 1200 que figura como domicilio legal de una cooperativa de transportes cerealeros. Además, el juez libró allanamientos sobre las viviendas de directivos de estas firmas, una en bulevar Oroño al 500 y otra en Suipacha al 2300, de Funes, precisaron fuentes de la pesquisa.
La orden judicial no requería detenciones, pero sí el secuestro de documentación que alimentaría la hipótesis del fiscal Boga Doyhenard, quien sospecha que una empresa acopiadora de la localidad cordobesa de Ballesteros, Agroveterinaria Lebre SRL comercializó a su nombre la oleaginosa robada a través de la firma rosarina de corretaje, y que el destino final de esas operaciones fue la aceitera Vicentín, según la información colectada por los investigadores. Ayer este diario intentó en vano comunicarse con las empresas involucradas.
"La fiscalía de Delitos Complejos de La Pampa nos solicitó apoyo para continuar la investigación en nuestra provincia, y por eso un equipo de las TOE e inspectores de la API acompañaron a cuatro agentes de la Brigada de Investigaciones de La Pampa para realizar los allanamientos que resultaron positivos en cuanto al secuestro de documentación sobre intermediación en la compraventa y transporte de soja posiblemente relacionada con los hechos que originaron la causa", señaló la subsecretaria de Delitos Económicos, Margarita Zabalza.
"Secuestramos contratos de compra de granos entre Agroveterinaria Lebre, Agrocomercial del Sur y Vicentín, además de las correspondientes cartas de porte y comprobantes de depósitos bancarios compatibles con esas operaciones", indicó el subcomisario José María Giordano, jefe de Investigaciones de General Pico.
El detonante del caso que cuenta con tres detenidos ocurrió entre el 11 y el 12 de diciembre pasado en un campo de Trebolares, en La Pampa, propiedad de José Gorostiaga. Al día siguiente, este productor denunció el robo de 65 toneladas de soja que almacenaba en un silobolsa. La policía vinculó ese caso con otros similares ocurridos en otras taperas de esa y provincias vecinas: 3 en La Pampa, 3 en el oeste bonaerense, y 5 en el sur cordobés. Y llegó a detectar las andanzas de una organización que involucraba camiones, camionetas de apoyo, chimangos y demás infraestructura para perpetrar robos que, por sus características, no se consuman en pocos minutos. "Primero detectaban cuales chacras eran adecuadas para robar ante la ausencia prolongada de sus dueños. Y entraban al caer la tarde, rompiendo candados, cortando alambres, y se ponían a cargar el cereal y para la medianoche ya no quedaba nada", describió Giordano.
En los meses siguientes, y con averiguaciones que incluyeron escuchas telefónicas, cayeron detenidos el presunto jefe de la gavilla, Luis Alberto Correa, detenido en Venado Tuerto a bordo de su BMW. Según el investigador pampeano, Correa participó en 2008 del asesinato de un policía, durante un tiroteo con agentes que descubrieron in fraganti un robo de cereal en una chacra de la localidad cordobesa de Vicuña Mackenna. Además de Correa, está detenido un transportista cordobés y una mujer venadense. La Justicia pampeana les impuso prisión preventiva a todos, y libró orden de captura contra Claudio Biey, el otro presunto organizador de la banda y oriundo de Venado Tuerto. Estos, y dos personas más, están imputados del delito de robo calificado en despoblado y en banda, pasible de una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. La suma de todas las denuncias que alimentaron estas averiguaciones sobre robos de cereal redondea un negocio negro de unos 4 millones de pesos.
Consultada sobre el robo de cereal en establecimientos rurales de Santa Fe, la subsecretaria de Delitos Económicos señaló que no existen denuncias aquí como las que desató la investigación pampeana.
Infopico
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