Caso Bulacio | A 22 años, comienza el juicio oral por la detención ilegal de Walter Bulacio

Un tribunal oral porteño comenzará a juzgar el martes al ex comisario Miguel Angel Espósito por la detención del joven que murió tras ser apresado y alojado en una comisaría luego de un recital de "Los Redonditos de Ricota" en 1991. (Foto WEB)

A poco más de 22 años del hecho, el ex policía llega a debate acusado de un delito menor, "privación ilegal de la libertad", que tiene como pena máxima seis años de prisión, ya que nunca se le imputaron las "torturas seguidas de muerte" que para la familia sufrió el muchacho, por entonces de 17 años.

El juicio, previsto para las 10 en Paraguay 1536, de esta Capital, estará precedido de un acto y movilización organizados por la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) que tendrá lugar a las 9 en la plaza situada en Paraguay y Callao, desde donde marcharán al tribunal.

"Es un juicio de puro derecho, lo único que se va a determinar es si (Bulacio) fue o no detenido en forma ilegal. Y la defensa a lo que va a apuntar es a demostrar que todos hacían detenciones ilegales y estaba avalado por los funcionarios judiciales", dijo a Télam María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio.

"Ni CORREPI ni la familia tiene expectativas en el juicio en sí, porque aun cuando logremos una condena, será muy leve, por un delito menor, y 22 años tarde. Para nosotros, este juicio es el broche de oro de la impunidad, porque significa que nunca jamás se va a castigar la tortura y muerte de Walter", sostuvo.

Según la abogada, el juicio sirve "para exponer cómo funcionaba en 1991, y cómo sigue funcionando hoy, el sistema de detenciones arbitrarias en el país, que es el antecedente de centenares de muertes en comisarías".

El juicio estará a cargo de los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, en tanto que la acusación la llevará adelante el fiscal Horacio Fornaciari.

A pedido de las partes, especialmente de la defensa -ejercida por Pablo Argibay Molina- declararán 27 testigos, entre ellos la madre de Bulacio, Graciela Scavone; policías y funcionarios judiciales.

Las audiencias se realizarán el 24, 26 y 30 de septiembre y el 2, 3 y 8 de octubre; el 10 tendrán lugar los alegatos de la querella, el 15 de la fiscalía y el 17 de la defensa; luego, el tribunal fijará la fecha del veredicto.

La defensa de Espósito insistió reiteradas veces ante los distintos jueces y tribunales que "la imputación contra el policía es nula", pues su asistido estaba autorizado para detener a Bulacio en base a normas y reglamentos entonces vigentes y que luego fueron declarados inconstitucionales.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1991 en inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, de Núñez, donde se iba a desarrollar un recital de "Los Redonditos de Ricota", y centenares de personas que se dirigían al estadio fueron detenidas por la policía, entre ellas, Bulacio.

Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el "Memorando 40", una disposición pergeñada por dos magistrados correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito era entregárselo a los padres.

Según constancias de las actuaciones, Bulacio murió como consecuencia de un "aneurisma no traumático" tras ser alojado en la comisaría 35, pero Espósito sólo fue procesado por su detención ilegal y nunca por "torturas seguidas de muerte".

Tras años de presentaciones judiciales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino luego de que éste admitiera su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la integridad física del adolescente.

En aquella oportunidad, la CIDH ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.

Además, se pidió que en un lapso razonable se sancione a los responsables de la detención ilegal de Bulacio y se investigue la conducta de todos los jueces "responsables de la gravísima situación de impunidad".

En septiembre de 2008, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, echó a Espósito de la Policía Federal y tres meses después solicitó la colaboración del Consejo de la Magistratura para realizar un "exhaustivo" estudio sobre la conducta de los cuatro jueces que intervinieron en la causa: Víctor Pettigiani, Alicia Iermini, Facundo Cubas y María Cecilia Maiza. 

 

Télam