Fiscalía de Estado de Mendoza rechazó declarar nulo el Convenio del Atuel

La Fiscalía de Estado de Mendoza desestimó un pedido de la senadora nacional Laura Montero (UCR) para que plantee en la Justicia la nulidad del Convenio del Atuel, firmado entre la provincia cuyana y La Pampa en 2008. 

 

La legisladora mendocina Montero, quien es una de las principales críticas al acuerdo firmado en el año 2008 entre los gobernadores Celso Jaque y Oscar Jorge, había realizado la presentación ante el fiscal Joaquín de Rosas el 14 de noviembre del año pasado.

Montero alegó que es inconstitucional con respecto a la creación de entes interprovinciales que afectan derechos reservados por la Constitución de Mendoza y al Departamento General de Irrigación, informó MDZol.

Si bien la Fiscalía coincidió en que las pruebas presentadas por la legisladora "son en cierta medida concordantes con la información recabada, las actuaciones acumuladas y con criterios mantenidos por Fiscalía de Estado respecto al fondo del tema en cuestión", decidió rechazar el pedido debido a que "el convenio firmado no produce efectos legales a la fecha".

Esto se debe a que el acuerdo no ha sido ni siquiera tratado en la Legislatura mendocina, por lo cual el texto no estaría vigente en la provincia.

"De todas formas -publicó MDZol- la fiscalía aseguró que si el convenio pueda tomar estado parlamentario, y no se realicen las modificaciones necesarias a la Constitución provincial para que el mismo sea legal (artículo nº 3 de la CP), el organismo sí emitirá una opinión más contundente y (seguramente), a favor de los derechos adquiridos de Mendoza.
La fiscalía igual fue crítica del convenio. "De las actuaciones surge que el convenio del 2008 establece un caudal permanente para la Provincia de La Pampa, sin tomar en cuenta si se trata de años hidrológicos pobres o ricos, y sin exigir que previamente se efectúen las obras que dicho convenio establece para el mejor aprovechamiento del recurso hídrico, vulnerando así los derechos adquiridos por los regantes mendocinos".

En La Pampa, mientras tanto, no se deciden a hacer un juicio a Mendoza. La Cámara de Diputados aprobó el año pasado una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para que "sin más demora" presente una demanda ambiental contra Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el corte del río Atuel, que ha provocado la desertificación de un millón de hectáreas y el éxodo de miles de pobladores del Oeste pampeano. El pedido, ante la posición de Jorge de no ir aún a la Justicia, fue reiterado recientemente.

El corte del Atuel por parte de Mendoza viene siendo un padecimiento para nuestra provincia desde hace décadas. Ya en 1947, debido a las obras del dique El Nihuil, en tierra mendocina, cesaron los últimos escurrimientos del río hacia La Pampa. De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de La Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.

En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró "la interprovincialidad" del río y pidió que ambas provincias negocien.

En 2008, en tanto, se firmó el Convenio del Atuel, que establecía entre otros puntos, obras en el sur mendocino y un caudal mínimo para La Pampa. Pero todavía no se puso en marcha. En Mendoza falta la ratificación legislativa.

Paralelamente, los dos gobiernos han iniciado negociaciones bajo el paraguas de Casa Rosada. Igual, Mendoza sigue sin largar agua durante el verano.

 

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