Gral.Pico | Tráfico de drogas: Jueces ordenan investigar a exfuncionarios del Instituto Correccional Abierto 25
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/09/gralpico-trafico-de-drogas-jueces.html
Una persona con identidad reservada alertó hace unos tres años del tráfico de drogas en el Instituto Correccional Abierto 25 de General Pico. Involucró, incluso, a los entonces altos funcionarios del penal. (Foto WEB)
El Juzgado Federal de Santa Rosa intentó archivar la denuncia. Diario Textual accedió a una resolución de los jueces superiores, de Bahía Blanca, que ahora dijeron que no debe cerrarse la causa. La resolución está firmada por los camaristas Pablo A. Candisano Mera, Ángel Alberto Argañaraz y Néstor Luis Montezanti.
La denuncia, de una persona con "identidad reservada", es de hace tres años. Quedó a cargo del juez federal santarroseño, José Zabala (hoy con licencia).
La causa, sin embargo, no se movió mucho. La entonces fiscal Marta Odasso dijo, ante las actuaciones de Zabala, que debían profundizarse las investigaciones respecto al personal penitenciario y propuso una serie de diligencias, que fueron –parcialmente- cumplidas.
Incluso, los camaristas cuestionaron la "injustificada" paralización de la causa por parte del juzgado santarroseño: entre el 13 de septiembre de 2011 (cuando se hizo la última diligencia) y el 3 de marzo de 2013 (oportunidad en la que dispuso: "Por recibido, agréguese y pasen los autos a despacho para resolver"). Posteriormente, se desestimó la denuncia.
El nuevo fiscal, Juan José Baric, apeló la resolución del Juzgado Federal. Cuestionó que, incluso, desde el juzgado hubieran dicho que la investigación había sido "profusa". La Cámara Federal le dio la razón a Baric.
Los camaristas advirtieron, como había alertado el fiscal, que "la denuncia (...) incluyó al director de la Unidad 25 de General Pico (NdeR: no es el actual director) y que una de las llamadas interceptadas provino del teléfono fijo de una de las oficinas" de ese establecimiento. "En virtud de ello, hay una 'urgente necesidad' de profundizar la investigación en lo que refiere a la eventual participación de funcionarios del servicio penitenciario en las maniobras delictivas denunciadas".
"Tal como lo sostuvo el fiscal -agregaron los camaristas- la investigación dista de ser "profusa" –como lo señala el juez a f. 343– y el 'tiempo transcurrido desde los hechos denunciados' tampoco constituye un fundamento válido para archivar las actuaciones. Más aún cuando la prueba producida consiste en pedidos de informes a la misma institución cuyo personal se encuentra sospechado y el transcurso del tiempo se debió a la inactividad, sin causa que la justifique, del juez a cuyo cargo se encuentra la investigación".
Los jueces de Bahía Blanca, finalmente, recomendaron al juez que "adopte las providencias necesarias para imprimir al proceso la celeridad de que ha carecido hasta ahora y evitar la frustración de la acción penal". La actual jueza subrogante es Iara Silvestre.
La denuncia, de una persona con "identidad reservada", es de hace tres años. Quedó a cargo del juez federal santarroseño, José Zabala (hoy con licencia).
La causa, sin embargo, no se movió mucho. La entonces fiscal Marta Odasso dijo, ante las actuaciones de Zabala, que debían profundizarse las investigaciones respecto al personal penitenciario y propuso una serie de diligencias, que fueron –parcialmente- cumplidas.
Incluso, los camaristas cuestionaron la "injustificada" paralización de la causa por parte del juzgado santarroseño: entre el 13 de septiembre de 2011 (cuando se hizo la última diligencia) y el 3 de marzo de 2013 (oportunidad en la que dispuso: "Por recibido, agréguese y pasen los autos a despacho para resolver"). Posteriormente, se desestimó la denuncia.
El nuevo fiscal, Juan José Baric, apeló la resolución del Juzgado Federal. Cuestionó que, incluso, desde el juzgado hubieran dicho que la investigación había sido "profusa". La Cámara Federal le dio la razón a Baric.
Los camaristas advirtieron, como había alertado el fiscal, que "la denuncia (...) incluyó al director de la Unidad 25 de General Pico (NdeR: no es el actual director) y que una de las llamadas interceptadas provino del teléfono fijo de una de las oficinas" de ese establecimiento. "En virtud de ello, hay una 'urgente necesidad' de profundizar la investigación en lo que refiere a la eventual participación de funcionarios del servicio penitenciario en las maniobras delictivas denunciadas".
"Tal como lo sostuvo el fiscal -agregaron los camaristas- la investigación dista de ser "profusa" –como lo señala el juez a f. 343– y el 'tiempo transcurrido desde los hechos denunciados' tampoco constituye un fundamento válido para archivar las actuaciones. Más aún cuando la prueba producida consiste en pedidos de informes a la misma institución cuyo personal se encuentra sospechado y el transcurso del tiempo se debió a la inactividad, sin causa que la justifique, del juez a cuyo cargo se encuentra la investigación".
Los jueces de Bahía Blanca, finalmente, recomendaron al juez que "adopte las providencias necesarias para imprimir al proceso la celeridad de que ha carecido hasta ahora y evitar la frustración de la acción penal". La actual jueza subrogante es Iara Silvestre.
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