Provinciales | Compras directas en el Ministerio de Educación: el TdC hizo una denuncia penal

El Tribunal de Cuentas radicó el jueves una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las irregularidades en el manejo de los fondos de las compras directas que detectó una auditoría en el Ministerio de Cultura y Educación. (Foto El Diario LP)

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Con la denunica penal están en la mira de la investigación los agentes públicos y los proveedores.

Este jueves el Tribunal de Cuentas de la provincia, que preside José Sappa, realizó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las irregularidades que se detectó una auditoría realizada en el Ministerio de Educación. Además le sugiere a la ministra el inicio de un sumario "a los efectos de determinar la existenica de falta disciplinaria alguna de los agentes involucrados".

La resolución es la 119/13 del TdC, y aprobó la auditoría realizada en el ministerio de Cultura y Educación.

La auditoría fue pedida el 4 de septiembre por la ministra Jacqueline Evangelista y ordenada por el TdC al día siguiente. Esa auditoría fue realizada por seis profesionales, cinco contadoras y una abogada. La jefa de Despacho del Ministerio, Graciela Rosalía Benéitez fue separada el 23 de agosto, antes del inicio de la auditoría. Las sospechas también alcanzaban al despacho de la subsecretaría de Educación.

Además en la jornada de hoy se comunicó de la resolución al gobernador Oscar Jorge y a la ministra de Educación. Además se remitió la auditoria a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar las responsabilidades administrativas y determinar si hay agentes que deben recibir sanciones disciplinarias.

"Le comunicamos al gobernador y a la ministra la resolución. Además remitimos la auditoria a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, como lo dice el artículo 4º de la resolución", informó el presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa.

En el informe de la auditoría se consigna que no se cumplió la normativa y que ese incumplimiento deriva “en un inadecuado, y hasta prohibido, uso de los recursos del Estado”.

Las auditoras del TdC señalaron que “los hallazgos advertidos en la presente auditoría evidencian que existen desviaciones en el procedimiento de adquisiciones y/o recepciones de bienes y/o servicios mediante la modalidad de contratación Compra Directa”.

“Las desviaciones detectadas -afirman- afectan todo el procedimiento de contratación mencionado, y en tanto las mismas no se atribuyan a personas determinadas, involucra la responsabilidad de los agentes intervinientes e inclusive de los proveedores”.

El informe señala que las maniobras detectadas “no solo vulneran la normativa vigente y afectan los principios sobre los que se fundamentan las contrataciones del Estado, sino que pueden devenir en hechos o circunstancias más graves que excedan la responsabilidad administrativa contable y disciplinaria”.

Las auditoras del TdC afirmaron que los proveedores participaron con su accionar de las maniobras detectadas.

El informe expresó que, de acuerdo a la consulta a los proveedores, éstos revelaron lo siguiente:

• No siempre se solicita presupuesto previo a la contratación ni se entrega ningún documento cuando se formaliza la contratación.

• La mercadería es entregada, por lo general, en el mismo comercio a la persona que realiza la contratación en nombre del Estado. El proveedor no recibe constancia alguna de dicha entrega, y los entrevistados refieren que lo hacen ‘en confianza’”.

• El proveedor Gabi And dijo que “vienen, cargan el carro y se confecciona el remito”. El original se lo lleva quien realiza la compra y el duplicado, firmado, le queda al proveedor. La factura se emite cuando le avisan que “ya tienen fondos para pagar” (por el Estado). Una vez realizada la factura, el duplicado del remito es destruido.

• En el informe de auditoría surge el nivel de confianza y de informalidad que había, y hay, en las compras directas. El Tribunal indicó que “la persona o personas que realizan las contrataciones, tanto en nombre del Ministerio de Cultura y Educación como de la Subsecretaría de Educación no se identifican de ninguna manera ante los proveedores. Estos coinciden en que conocen a dichas personas porque hace años que van, que se conocen de hace mucho tiempo, que ‘siempre vienen las mismas personas’”.

• Sobre si los artículos entregados coinciden con los facturados, todos los proveedores contestaron afirmativamente. Un supermercado contestó: “La verdad, no. A veces sí”. 

El Diario LP