Provinciales | Sospechas en el Ministerio de Educación: exigen una auditoría por las compras directas

La propia ministra Jacqueline Evangelista pidió una auditoría minuciosa. Investigan “la adquisición y recepción” de elementos adquiridos en forma directa. La disposición del trámite coincide con un escándalo interno en el que se sospechan maniobras sugestivas. (Foto El Diario LP)

El Tribunal de Cuentas aprobó una auditoría de las compras directas realizadas por el Ministerio de Cultura y Educación y la Subsecretaría de Educación. El organismo designó a seis profesionales, cinco contadoras y una abogada para la realización de la misma.

Aunque no hay precisiones oficiales, un escándalo interno habría sacudido la cartera en los últimos meses. Al menos la disposición coincide con una serie de maniobras y comentarios en los que aparecen bajo la lupa personas que son funcionarias y empleadas con jerarquía.

También están en la mira algunos de los comercios donde se habrían registrado adquisiciones sugestivas, y en especial -por ejemplo- equipos de aire acondicionado, calefactores, cocinas, que no habrían ido a parar precisamente a establecimientos educativos. Una de las incógnitas que podría develar la auditoría es si ese tipo de equipamiento se puede adquirir mediante compras directas.

La investigación interna podría tener ramificaciones hacia otras áreas del mismo ministerio y no se descarta la posibilidad de que se tenga que concretar alguna denuncia penal para clarificar si hubo hechos de corrupción, o manipulación de documentación oficial.

En principio, está claro que se trata de una minuciosa auditoría para establecer si se cumplían las adquisiciones y la entrega de las compras directas de todo el Ministerio y de la Subsecretaría de Educación.

La mencionada auditoría -aprobada por la resolución 93/2013- fue pedida por el propio Ministerio de Educación.

La ministra Jacqueline Evangelista remitió una nota al Tribunal de Cuentas el 4 de septiembre pasado. Al otro día el Tribunal de Cuentas emitió la mencionda resolución.

En los considerandos explica que “el objeto de la citada auditoría es determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente, en la adquisición y/o recepción de bienes y/o servicios, efectuadas desde el citado Ministerio y desde la Subsecretaría de Educación mediante la modalidad de ‘Compras Directas’”.

Agrega que “la realización de la Auditoria se enmarca en lo establecido en la Resolución Nº 93/12 de este Tribunal de Cuentas”.

El artículo 1º de la resolución señala: “Ordenar la realización de una Auditoria en el Ministerio de Cultura y Educación y la Subsecretaría de Educación, en el marco de lo establecido en la Resolución N° 93/12 del Tribunal de Cuentas”.

El Tribunal de Cuentas comisionó la coordinación de la auditoría a María de los Angeles Sarricouet, con la intervención de Roxana Reinaudi, Andrea Plaza, Valeria Martinez, Adriana Caballero y la doctora Franca Kail.

 

El Diario LP