Ratifican que sigue el juicio contra María Julia, quien se negó a declarar

La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray rechazó ampliar su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), en el juicio que se sigue por irregularidades en la privatización de Entel, en 1989.

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Asistida por la defensora oficial, Pamela Bisserier, la ex privatizadora de la telefónica estatal rechazó ampliar su indagatoria ante el tribunal luego de que este anunciara que rechazaba los pedidos de nulidad del juicio.

Tanto Alsogaray como los otros tres imputados habían planteado la nulidad del proceso y la prescripción de la causa por estar excedido del “tiempo razonable” de juzgamiento de los hechos, ocurridos hace 25 años.

Los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello hicieron suyo el planteo de la fiscal Sabrina Namer, quien había alegado en contra de los pedidos por cuanto sólo buscaban evitar el juicio por el presunto delito de administración fraudulenta en contra del Estado.

Tanto Alsogaray como los otros tres imputados habían planteado la nulidad del proceso y la prescripción de la causa

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ya había comunicado antes del inicio del juicio su rechazo a idéntico pedido, por lo que la defensa técnica de Alsogaray anticipó que presentará un recurso ante la Corte Suprema.

Al continuar hoy el debate y notificarse la continuidad del juicio, Alsogaray se negó a declarar al igual que Gustavo Daneri, ex coordinador general de Entel e integrante del estudio Javier Fernández Madero.

Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn, representantes de la consultora KPMG y también imputados ya anunciaron que adoptarán igual actitud en esta parte del proceso luego de que el tribunal rechazara una probation que lo dejará fuera del juicio.

En la causa que se ventila ante el Tribunal Oral Federal 6 se tratará un presunto caso de defraudación al Estado en 250 mil dólares en la de liquidación y certificación de obras públicas.

La ex dirigente liberal tiene ahora 71 años y acumula ya dos condenas, una a cuatro años de prisión por defraudación a la administración pública, y otra de tres años por enriquecimiento ilícito, que no cumple porque aun no están firmes.