Región | El “chacal” de Sarah fue formalmente acusado y su caso va a juicio oral

El hombre, de apellido Segovia, sometió sexualmente durante años a sus dos hijastras, con las que habría tenido tres hijas. 

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La fiscala Ivana Hernández lo imputó por el hecho con una figura por la que podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión. La madre de las víctimas podría ser acusada como “facilitadora” o “partícipe”.
 

El “chacal” de Sarah, un hombre de apellido Segovia, acusado de presuntamente abusar sexualmente en reiteradas oportunidades a sus dos hijastras, a quienes embarazó y con las cuales habría tenido tres hijas, fue formalmente acusado e irá próximamente a juicio. La noticia fue confirmada en exclusiva a este medio por la fiscala Ivana Hernández. 

 

Foto El Diario LP

La investigadora indicó que no acusó a la madre de las jóvenes porque aún no quedó claro si tenía o no conocimiento del hecho, pero anticipó que será fundamental la información que surja en el juicio para avanzar en una eventual presentación contra la mujer.

“Ese caso ya está en etapa de juicio, calculo que entre febrero o marzo se fijará la audiencia del (artículo) 308 (ofrecimiento de pruebas)”, informó Hernández a El Diario. Los hechos que se le imputan al acusado son haber abusado sexualmente en reiteradas oportunidades a sus hijastras, desde la niñez hasta la juventud.

Fueron las propias víctimas, de 27 y 28 años, las que a comienzos de agosto de 2013 denunciaron a su padrastro por violarlas y embarazarlas. De esos presuntos abusos nacieron tres niñas, dos de trece años y la restante de once.

Fue la menor de las hermanas quien denunció primero los hechos, cuando notó que Segovia tenía actitudes con su hija similares a las que tuvo con ella cuando comenzó a abusarla.

Tras la denuncia, el hombre se dio a la fuga y fue buscado por las autoridades durante varios días. En ese lapso, visitó las localidades de Los Amores y Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
Luego regresó a General Pico y pautó su entrega en la mañana del 7 de agosto, pero no cumplió. En lugar de eso, buscó un abogado e intentó convencer a su hijastra para que se desdiga. Luego de hacer inteligencia, por la tarde, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II lo capturó en una vivienda ubicada en calle 101 y avenida San Martín, propiedad de un conocido.

Un día después, fue llevado al Palacio de Tribunales donde se realizó una audiencia de formalización, en la cual el juez de control sustituto Diego Ambrogetti le dictó la prisión preventiva hasta la finalización del proceso y por eso permanece aún detenido esperando el juicio.

Acusación

Hernández precisó que al hombre, de unos 50 años, lo acusó por dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal, como delito reiterado, agravado por la situación de convivencia y por ser cometido por el ascendiente”. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena máxima cercana a los 40 años de prisión de efectivo cumplimiento.

Al ser consultada sobre el por qué del segundo agravante, ya que no se trata del padre de las supuestas víctimas, explicó que “por más que no era el padre biológico, sí las reconoció a nivel civil. Desde mi punto de vista -la defensa dice otra cosa- el reconocimiento que hizo en el Registro Civil tiene que tener un valor”.

Ese valor fue el que hizo que la investigadora optara por el agravante de “ser cometido por el ascendiente” y no por “el encargado de la guarda”. Aclaró que se trata de “una cuestión de hecho: él las crió desde los tres años, era la figura paterna que tenían las chicas”.

La fiscala indicó también que dejó de lado otro agravante, el de ser cometido “contra una víctima menor de edad”, porque “los abusos se iniciaron a muy corta edad, pero continuaron”, por ello la figura de “delito continuado”.

La representante del Ministerio Público Fiscal dijo que es un caso definido por los psicólogos como una “situación de reincidencia”, donde “él prácticamente las preparó durante los primeros años de su juventud para que sean parte de su harén personal”, situación que llevó a que las jóvenes, “en el último tiempo, ya no ofrecieran resistencia física porque no les quedaba otra”.

Otros hechos

En un primer momento, cuando se inició la investigación contra Segovia, se analizaba la posibilidad que hubiera una tercera víctima, una joven de 20 años de edad, hija en común del imputado y la madre de sus hijastras. Esta chica también quedó embarazada a temprana edad, pero al parecer no se pudo establecer vinculación con el acusado, ya que no se le imputó delito alguno de que ella figurara como víctima.

En cuanto a la situación de la madre de las presuntas víctimas, Hernández comentó que “es difícil probar que ella sabía y eventualmente nosotros, a través de lo que surja del debate, ahí sí la podemos imputar a la señora. Tiene que quedar en claro que ella sabía. La idea es esperar la sentencia y ahí investigarla a ella”.

De todas formas, sostuvo que al menos tuvo una situación pasiva ante lo que ocurría en su hogar, cuando sus hijas quedaron embarazadas con solo doce y trece años, y supuestamente nunca le dijeron quién era el padre de sus hijas. Aún más llama la atención, teniendo en cuenta que una de ellas tuvo no una hija, sino dos en diferentes embarazos.

La situación de la progenitora de las denunciantes es sumamente compleja, porque la reiteración de los hechos a lo largo de los años podría llevar a que se la acusara como “facilitadora” o “partícipe” del delito que habría cometido su marido.

Fallas

Siempre que ocurren casos similares a este se habla de la presencia de fallas del Estado, que se muestra incapaz de detectar situaciones que afectaron a personas durante años.

En el caso del “Chacal” de Sarah, las falencias de la Justicia quedaron aún más evidenciadas, ya que existió una investigación hace más de una década que, si bien no pudo evitar la existencia de los primeros abusos, sí habría podido terminar con los mismos y ahorrar años de sufrimiento a las presuntas víctimas.

En el año 2000, ambas jóvenes, por ese entonces de doce y trece años, quedaron embarazadas prácticamente en simultáneo. Luego de asistirlas, un profesional médico y una asistente social de Bernardo Larroudé alertaron a la Justicia de la extraña situación ante la reticencia de las menores de dar explicaciones e informar quién o quiénes eran los padres de las niñas que luego nacieron.

Esto generó la apertura de un expediente comandado por un fiscal que pidió que se les realizaran extracciones de sangre a Segovia y a las bebas para cotejar las muestras de ADN. El investigador fundamentaba su sospecha en el hombre, quien era la única figura masculina que mantenía contacto con las presuntas víctimas, y las reiteradas negativas de las niñas al ser consultadas sobre la paternidad de sus hijas cuando fueron entrevistadas en Fiscalía.

Un juez, en ese momento, entendió que era procedente la solicitud porque no había suficientes elementos para sospechar del padrastro, pese a lo extraño del contexto en el que se dieron los embarazos. Por ello, denegó el pedido del fiscal, la causa fue archivada y, de esta forma, Segovia habría podido continuar con su actitud delictiva y embarazar nuevamente a una de sus hijastras.

 

El Diario LP