Aplazan el caso Oyarbide en el Consejo de la Magistratura

La Comisión de Disciplina y Acusación de ese organismo se reunirá el jueves próximo. Para evitar posibles pedidos de nulidad del juez, se acordó notificar al magistrado de esta situación.

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El kirchnerismo logró aplazar hasta el próximo jueves la evaluación en el Consejo de la Magistratura de la conducta del juez federal Norberto Oyarbide, denunciado por mal desempeño en sus funciones a raíz de haber suspendido un allanamiento por un llamado del Poder Ejecutivo.

Así se resolvió esta noche en el plenario del cuerpo, luego de que fuera rechazada una moción del consejero Alejandro Fargosi para "suspender" al magistrado a fin de iniciar una investigación sobre su actuación.

Los consejeros kirchneristas Carlos "Cuto" Moreno y Marcelo Fuentes advirtieron que la cuestión de pasar del plenario para conformar la comisión no se encontraba en el temario del día, por lo que pidieron respetar el reglamento e, incluso, amenazaron con retirarse de la reunión en caso de que prosperara el planteo.

Finalmente, y para evitar posibles pedidos de nulidad de Oyarbide, se acordó notificar al magistrado y trasladar el tema a la Comisión de Disciplina y Acusación, que se reunirá el próximo jueves a las 10:00, y que tendrá a Moreno como consejero instructor, según se determinó por sorteo.

Fue luego de que no prosperara un planteo para aplicar el artículo 11 del reglamento interno para que se le notificara a Oyarbide hacer su descargo voluntario a raíz de las denuncias planteadas.

"El comportamiento de Oyarbide es indefendible y amerita juicio político. Seguramente en la investigación del sumario podamos indagar cómo se enteraron en la Casa Rosada de este allanamiento, qué vinculación hay entre el dueño de esta financiera y el Gobierno para que llamen, adviertan y decidan parar el procedimiento", sostuvo el senador radical Mario Cimadevilla.

Por su parte, Fargosi fundamentó el pedido de suspensión del magistrado federal al señalar que "el juez Oyarbide ha incurrido en mal desempeño, generando un escándalo de enorme gravedad institucional, por lo que sus hechos, omisiones y declaraciones públicas imponen al Consejo la obligación de proceder con absoluta emergencia".

"Hago un pedido formal para que se suspenda mismo a Oyarbide con medidas aprobatorias por mal desempeño de sus funciones", remarcó el representante de los abogados porteños.

El pedido de Fargosi no iba a ser avalado por la mayoría de los consejeros, ya que señalaron que era necesario "notificarlo para que conteste la acusación sin avasallar" la Constitución Nacional.

"Le vamos a dar celeridad al tema, pero es necesario evitar que Oyarbide tenga la posibilidad de hacer nulidades", justificó Moreno la decisión de no compartir la postura de Fargosi.

Asimismo, el diputado del FpV remarcó que "no se puede violar la Constitución Nacional y la ley del Consejo" y agregó que "la suspensión es solo ante un pedido de juicio político".

La postura fue avalada por el diputado de la UCR Oscar Aguad y el abogado Daniel Ostropolsky que consideraron que era violar la garantía de defensa del juez.

Oyarbide recibió tres denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura y dos acusaciones penales luego de que confesara haber suspendido un allanamiento a una financiera, tras ser advertido por el Ejecutivo que policías en su nombre habían pedido un soborno de 300 mil dólares.

Al Consejo de la Magistratura llegaron las presentaciones de la propia Cámara Federal, que instruye un sumario interno, la del senador y consejero Cimadevilla y el diputado de la oposición Manuel Garrido.

Oyarbide reconoció en un oficio a sus superiores que frenó el allanamiento en la mutual Propyme del empresario Guillermo Greppi al recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, que le advertía sobre el pedido de sobornos por parte de los policías de la Difoc.

Por otra parte, los radicales Garrido, José Cano y Mario Negri hicieron una denuncia penal contra el juez Oyarbide, a quien acusaron por los delitos de prevaricato, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento.

También los diputados nacionales del Frente Renovador Adrián Pérez y Liliana Schwindt presentaron este jueves en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político a Oyarbide: según señalaron, el magistrado "pudo haber arbitrado otros medios que hubieran garantizado la realización de los allanamientos y del mismo modo atender a la denuncia que habría recibido telefónicamente de parte de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional".

Cadena3