Ataliva Roca | Del 7 al 10 de julio se hará el juicio Voladura del Polideportivo

El juicio por la voladura del Polideportivo de Ataliva Roca que se postergó en noviembre del año pasado tiene nueva fecha. La Cámara del Crimen Nº 1 decidió que se llevará a cabo el 7, 8 y 10 de julio, tres días de audiencias durante las cuales desfilarán doce testigos y dos peritos.

En noviembre del año pasado, los acusados, un inspector del Ministerio de Obras Públicas, Juan Armando Velázquez, y el director técnico de la constructora Sol Obras, Raúl Horacio Lechner, habían presentado un arreglo de juicio abreviado junto al fiscal Jorge Marcelo Amado. En el acuerdo admitían su culpabilidad por el delito de fraude al estado pero zafaban de la cárcel.

Sin embargo, el tribunal declaró inadmisibible el abreviado porque Lechner tiene antecedentes, una condena a tres años de prisión en suspenso de setiembre de 2009, por un fraude al municipio de Puan cuando era funcionario. Los jueces Elvira Rossetti, Miguel Gavazza y Miguel Vagge le bajaron el pulgar al arreglo y ahora fijaron una nueva fecha para el debate oral.

El gimnasio de Ataliva Roca se derrumbó el 30 de enero de 2009 por el paso de un tornado. Su caída dejó en evidencia las graves fallas de construcción. Los trabajos estuvieron a cargo de Sol Obras, una firma que se radicó en La Pampa apenas los cuatro años que duró la gestión del actual senador Carlos Verna. Cuando se marchó dejó una gran deuda, abandonó trece obras que tenía adjudicadas por 23 millones de pesos y pidió el concurso de acreedores en la justicia porteña.

Posibilidad de cárcel

En el procedimiento de juicio abreviado, la fiscalía había convenido que Velázquez fuera condenado a solo dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Lechner, a la misma pena, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.

Ahora, en el juicio, si fuesen hallados culpables de esos delitos, recibirían sanciones de entre dos y seis años, podrían ser efectivas y no en suspenso.

En principio, el juicio se iba a realizar los días 19, 20 y 21 de noviembre pero se había reprogramado para iniciarse el 28 de noviembre del año pasado porque el diputado provincial del vernismo Martín Borthiry pidió no concurrir personalmente a declarar como testigo y sí hacerlo por escrito. Cuando el Polideportivo se vino a pique, Borthiry era el intendente de Ataliva Roca.

Velázquez y Lechner están procesados por las irregularidades en la construcción del Polideportivo de Ataliva Roca, que se desplomó el 30 de enero de 2009 en medio de un tornado que desnudó las falencias de la constructora. Velázquez está acusado de los delitos de fraude a la administración pública y falsedad ideológica de instrumento público. En tanto, Lechner está imputado de fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.

La causa

Luego de la caída del Polideportivo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas actuó de oficio. También desde la oposición política se realizó una denuncia penal. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, terminó acusando al inspector Velázquez y al director técnico Lechner, además de aconsejar que se investiguen responsabilidades para arriba.

La causa judicial que se inició a partir de la presentación de Carola cayó en las manos del juez Manuel Álvarez, de General Acha. Pero luego derivó en el juez Carlos Besi, quien procesó a los dos imputados.

El Polideportivo, que se vino abajo el 30 de enero de 2009 luego de un temporal, dejó a la luz las serias deficiencias de la construcción que llevó adelante la empresa Sol Obras, una firma bendecida por el gobierno de Carlos Verna (2003-2007) que se fue de la provincia dejando un tendal de deudas e incumplimientos. La obra se adjudicó por 1,8 millones de pesos. Había sido construida para los Juegos de la Araucanía de 2007. El ministro de Obras Públicas en aquella época era Julio Bargero.

Tres pericias detectaron las falencias en la construcción: una oficial, otra encargada por el fiscal Carola y la tercera realizada por técnicos a pedido de los diputados provinciales del FrePam Claudia Giorgis y Hugo Pérez.

En el dictamen de Carola se enumeraron cinco anomalías: a) sustitución de materiales en la ejecución de la obra sin estar debidamente documentado, b) pago de obra con materiales sustituidos por otros de menor precio, c) pagos por trabajos no ejecutados, d) deficiencias graves en la ejecución del gimnasio, y e) mala calidad de materiales. “Se advierte que las constancias del acta de recepción provisoria de la obra estarían viciadas en su contenido, toda vez que no son un reflejo de la realidad de la obra recibida”, indicó el funcionario.

El titular de la FIA expresó en la resolución que “del informe pericial se desprende que hubo negligencia grave en la ejecución de la obra por parte de Sol Obras, lo que en definitiva pudo haber sido causa del siniestro que motivó la investigación”.

“No puedo dejar de advertir y calificar como gravísima la actitud negligente del inspector de obra, quien pareciera haber estado ausente durante toda su ejecución -remarcó el funcionario-. La recepción provisoria de la obra, sin cuestionamientos, me genera sospechas sobre la existencia de connivencia entre Velásquez y personal de la empresa para defraudar al Estado. De otro modo no se puede explicar que no haya visto lo ’evidente’”.

El exintendente de Ataliva Roca Martín Borthiry en su momento defendió a la empresa, cuando aparecieron algunos cuestionamientos. Después del derrumbe, reclamó sanciones: “Lo único que quiero es que la Justicia busque a los responsables, y que estos paguen con todo el rigor de la ley”. Ahora, está citado como testigo, aunque, como diputado provincial, puedo optar por hacerlo por escrito.

Luego del derrumbe, el Polideportivo se reconstruyó y se reinauguró en noviembre de 2011. La obra, en este caso, estuvo a cargo de la UTE Novaretto - Pitz. Se adjudicó en 2,2 millones de pesos pero luego hubo varias redeterminaciones de precios y terminó costando 3,3 millones.
 
El Diario LP

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