Carrió denunciará a Cristina por no dar cifras de pobreza

La diputada de la Coalición Cívica-ARI planteará una querella penal contra la Presidenta y funcionarios del Indec. “Los pobres en nuestro país son desaparecidos sociales”, disparó.

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La Coalición Cívica-ARI, uno de los partidos que integra el Frente Amplio Unen (FAU), denunciará este miércoles penalmente a la presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) por no difundir las estadísticas relacionadas con la pobreza y la indigencia.

"Los pobres en nuestro país son desaparecidos sociales. El Estado no los reconoce y ha decidido negarlos", sostuvieron los dirigentes de Coalición Cívica-ARI que firman la denuncia, los diputados Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Pablo Javkin; la senadora Magdalena Odarda, y la economista Fernanda Reyes.

La semana pasada el Indec suspendió la publicación de las estadísticas oficiales sobre pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2013 por cuestiones "metodológicas", se explicó oficialmente.

Días después, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, salió al cruce de las críticas por la no difusión de esos índices y planteó que para el Gobierno la pobreza "no es una estadística o un número".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también respondió cuestionamientos por la no publicación de las estadísticas y aseveró que "la pobreza y la indigencia han bajado drásticamente en los últimos años".

Los dirigentes de la Coalición Cívica señalaron que la jefa de Estado y los funcionarios del Indec "serán denunciados por incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" y resaltaron que "según el Observación de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza en la Argentina alcanza al 27,5 por ciento", lo que supone 10 millones de personas.

En el escrito, que será presentado por los dirigentes, se le atribuye a la Presidenta y a los funcionarios del Indec la comisión de los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, "por falsear, omitir y demorar la publicación de las estadísticas sobre la pobreza".

El artículo 248, referido al "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", señala que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

El 249, en tanto, indica que "será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".