Región | Indagaron a la exintendenta García por los prostíbulos de Acha

La jueza federal Iara Silvestre indagó a la exintendenta de General Acha, María Elena García (PJ), y al actual juez de Faltas, Sebastián Sancho. (Foto: El Diario LP)

Están sospechados de haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son investigados porque habilitaron el funcionamiento de dos locales nocturnos donde se ejercía la prostitución, informaron fuentes judiciales a Diario Textual.

Este caso se inició en 2011. En allanamientos ordenados por la Justicia federal, se comprobó que en dos cabarets, El Amanecer y Venus, se ejercía la prostitución.

Estaban habilitados como cabarets, es decir, locales donde se bailaba. Sin embargo, ambos eran prostíbulos encubiertos.

Los dos locales fueron reabiertos poco después. Por eso la Justicia inició, paralelamente a una causa contra los dueños de los locales, una investigación contra las autoridades comunales.

Además de García y Sancho, están siendo investigados el exsecretario de Gobierno, Javier Basa; y el inspector Jorge Recuer.

Todos ya habían sido indagados. Y ahora García y Sancho se sometieron a un nuevo interrogatorio, a pedido de ellos, dijeron fuentes judiciales.

"Yo fui en dos oportunidades y no declaré...esta vez cuando me llamaron a indagatoria decidí presentarme y decir lo que tenía que decir con asesoramiento de mi abogado", dijo García este sábado ante una consulta telefónica de El Diario.

- ¿Cuándo declaró?

- Ahora no recuerdo bien la fecha, pero hace casi un mes atrás...

- ¿Qué opina usted de esta causa?

-  No quiero opinar, no puedo hablar nada...creo que quedé pegada por el hecho de ser intendenta.

En 2011, en Venus encontraron a varias mujeres, extranjeras, trabajando como "alternadoras" y una "gran cantidad de clientes, todos ellos hombres" en el salón principal, informaron fuentes judiciales.

Además, se encontró la edificación de una planta con varias habitaciones con camas. En dos de ellas se hallaban dos parejas encerradas. También encontraron una "libreta sanitaria" y se comprobó la situación de vulnerabilidad de las mujeres entrevistadas en el momento del allanamiento: la mayoría era madres pobres, cuyos hijos se encpntraban en su país de origen, y a los cuales mantenían económicamente, al enviarles dinero.

En El Amancer, en tanto, se constató que trabajaban al menos cuatro mujeres dominicanas y otras tantas argentinas, oriundas de distintas provincias.

La jueza Silvestre, a partir de estas indagatorias, debe resolver la situación procesal de los acusados. Tiene tres opciones: podría procesarlos, sobreseerlos o dictarles la falta de mérito.

En La Pampa, además del caso de García, hay otros intendentes involucrados en causas judiciales por los prostíbulos. En 2013, el juez Néstor Daniel Ralli condenó a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos al intendente de 25 de Mayo, David Bravo (PJ), por el delito de abuso de autoridad. Para el magistrado, habilitó irregularmente un cabaret, El Rancho. El intendente apeló y aún el Tribunal de Impugnación Penal no resolvió. Como la sentencia no está firme, puede seguir en el cargo.

Una aclaración. Bravo no fue condenado de haber habilitado ilegalmente un prostíbulo o un local donde luego se comprobó que se ejercía la prostitución: el juez lo condenó porque incumplió la ordenanza 052/02 del concejo deliberante ya que lo habilitó, por ejemplo, con fallas edilicias, carencia de seguros por accidente y falta de planos de agua, gas natural y cloacas.

El otro intendente involucrado, aunque por un delito más grave, es Luis Rogers (PJ), de Lonquimay. Recientemente la jueza Silvestre lo procesó por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Directamente lo involucró en el engranaje necesario para el funcionamiento del prostíbulo. Si queda firme este procesamiento, irá a juicio oral y público.

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