Los Suárez resistieron el desalojo

Pascuala Suárez y los suyos impideron ayer el desalojo. Ahora, son acusados de desobediencia y usurpación. (Foto: El Diario)

 

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De un lado, un fogoncito para mitigar el frío, un candado, un muchacho joven, 7 mujeres, una nena y un perro. 

 

Del otro, una docena de policías armados, cuatro camionetas patrulleras, un juez de Paz, un funcionario del SENASA, un hombre que tiene una escritura, la representante de un estudio de abogados y un montón de papeles con las órdenes que da la jueza sustituta Amelia Guazzaroni.

En el medio, un reloj que marca las 10.26 horas y el viento del oeste pampeano que clava la sensación térmica en 2ºC.

A 320 kilómetros de Santa Rosa, en el campo La Cautiva, zona de Limay Mahuida, la historia del desalojo no es la primera que involucra a los puesteros de la zona, pero sí el pradigma de una situación que parecía parte de la historia pampeana, y que una ley había venido a remediar al menos en forma provisoria hasta setiembre de 2015.

Y sin embargo, el Poder Judicial desconoce que esa normativa, la Ley 2.222, sea para estos casos y ordena que saquen de esa parcela del Lote 8 a Pascuala Suárez y los suyos, que son la cuarta generación de una familia que reside en esta zona incómoda, lejana, en medio del desierto, donde el viento hacer volar la arena por sobre la precaria vegetación achaparrada.

“Inmediata restitución”

La jueza Guazaroni, que en realidad ocupa el cargo sin haber sido nunca designada según lo que prevé la ley (es sustituta) mandó a advertirle a Pascuala Suárez y los suyos que tenían que irse. Reclama la "inmediata restitución" del inmueble a Oscar Valle.

Pidió un allanamiento del lugar y autorizó el uso de la fuerza pública, incluso de un cerrajero, como parte de la orden.

El juez de Paz de Limay Mahuida, Ramón Cañón, tuvo la misión de leer la notificación, empleando gestos con los que parecía disculparse de los Suárez, pero a la vez respondiendo permanentemente a las indicaciones de la abogada Valeria Inés Mereu, del Estudio Molín y representante de Valle, que se reivindica como propietario del lugar.

Valle le compró el campo a Antonio De Franco, uno de los famosos hermanos,en el año 2008. Los De Franco se apropiaron de decenas de miles de hectáreas en el oeste, concretando maniobras y negocios que tardaron en llegar a los medios, en conocerse públicamente y en convertirse en investigaciones judiciales de los engaños.

Los Suárez decidieron resistir: no habilitaron el ingreso al campo, cruzaron una camioneta en la tranquera y la cerraron con candado. El juez de Paz le hizo saber a Pascuala que estaba “en desobediencia”.

“No se pudo llevar a cabo lo ordenado debido a que Pascuala Suárez no nos permitió el acceso al mismo”, anotó el juez de Paz en el acta que firmaron los presentes. La situación deriva en una nueva denuncia penal contra los Suárez, por el incumplimiento de la orden judicial y la presunta usurpación del campo.

La ley y la trampa

Algunos familiares repitieron en voz baja y no tan baja: “hecha la ley, hecha la trampa”. La propia Pascuala, cuando vio llegar a tantos policías, se indignó detrás de su bufanda blanca: “Les faltó traer las ametralladoras, si es que no las traen”.

La bronca de los familiares quedó en evidencia, pero siempre en forma pacífica, después de advertencias varias de que no había que dar motivos para nuevos problemas judiciales. Los balazos al empresario Luis Bertone, que también quiere quedarse con un lote, quedaron en la memoria como enseñanza.

La fuerza pública no se usó: los policías miraron la escena sin intervenir, y algunos de ellos saludaron a Pascuala con gesto amistoso: cuando le dijeron "buen día", ella respondió con un “¿te parece buen día?”.

El miércoles, como sea, no fue el peor día para los Suárez: no hubo allanamiento ni desalojo concreto, pero la causa parece encaminarse a que los saquen del lugar.

La Policía no intervino porque minutos antes la jueza advirtió verbalmente que, más allá de lo que estaba escrito, no quería hechos de violencia.

El juez de Paz insistió varias veces en que sólo cumplía órdenes. Dijo que su cargo era político y que “no puedo meter la pata”, es decir negarse a cumplir con el pedido. También repitió que “no tengo estudios”.

Antes, en varias ocasiones, accedió a los pedidos de la abogada: “Ah, tiene razón... disculpe, no me había dado cuenta”, respondió ante una buena parte de las sugerencias/indicaciones.

El juez Cañón dio por cerrado el trámite a las 12.45 horas. Faltaba un cuarto de hora para el partido de la Selección Argentina.

Hacia un lado salieron las camionetas patrulleras, los policías y sus armas, el dueño de la escritura, la abogada y el juez de Paz. En el otro lado quedaron el fogón hecho cenizas, las 7 mujeres, la nena y el perro: los Suárez, en medio del desierto pampeano, con un nudo en la garganta.

EL Diario LP