Provinciales | Cabak y el comisario Iglesias, citados el 4 de julio
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/06/provinciales-cabak-y-el-comisario.html
La jueza federal confirmó que la investigación por “La Chicho Show” comenzó a raíz de una publicación periodística. “Nos debiera servir para reflexionar porque la gente confía más a veces en un periodista que en los tribunales. Hay que analizarnos hacia adentro en qué estamos fallando”, dijo. (Foto Arch.: iTextual)
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El intendente de Macachín y el comisario Hugo Iglesias tendrán que declarar el próximo 4 de julio como sospechosos de haber cometido un delito, en el marco de la investigación por el delito de trata de personas que se cometió mientras funcionó en esa localidad el prostíbulo “La Chicho Show”.
La jueza federal subrogante, Iara Silvestre, confirmó las citaciones en el marco de un expediente que comenzó a raíz de una publicación de El Diario, en el año 2011.
Tal como informó El Diario, la Justicia Federal dictó los proecsamientos del propietario del lugar, Luis Daniel De Luca; su aparente socio Edmundo “Dito” Blas (exconcejal del PJ), Oscar Moya (remisero que se ocupaba del traslado de las víctimas), Leandro Otero (quien aparentemente “regenteaba” el trabajo de algunas mujeres) y Maximiliano De Luca (hijo).
La jueza indicó que en el marco de la investigación “se acreditó que funcionaba un cabaré, que había mujeres sometidas a ejercer la prostitución, se hizo el cotejo con las mujeres que estuvieron”. “Se tuvo por probado que mueven a las mujeres de un cabaré a otro”, añadió Silvestre.
Cabak no es el primer intendente pampeano que queda involucrado en un caso así: el veinticinqueño David Bravo fue condenado por abuso de poder porque le dio habilitación a “El Rancho”, donde se cometía trata de personas; el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue procesado por una circunstancia similar y la exintendenta de General Acha María Elena García aparece como imputada en otra causa: ya fue indagada.
Una de las pruebas clave en el expediente es el testimonio que prestaron Raúl Alberto Lobo y su esposa Patricia Mariel Gil, quienes fueron víctimas de los involucrados.
Silvestre insistió en que en estos casos “las migraciones de mujeres son constantes”, en declaraciones que hizo a www.radiokermes.com. También aludió al inicio de una investigación por lo que publica el periodismo: “Nos debiera servir para reflexionar porque la gente confía más a veces en un periodista que en los tribunales. Hay que analizarnos hacia adentro en qué estamos fallando”.
Respecto del papel de la prensa, reconoció que “aporta”. Y reflexionó: “A nosotros a veces la publicidad nos complica, por ejemplo en este caso cuando fuimos con el allanamiento (a La Chicho Show) ya no había nada, porque había trascendido el tema, pero se pudo trabajar con otros medios. A veces es más complejo, pero se puede. Siempre es positivo que se conozca y quizá nosotros nos debemos esa autocrítica”, insistió.
Acerca del funcionamiento de prostíbulos clandestinos, afirmó: “Hemos tenido denuncias, se han investigado, algunas están en trámite. Con la prohibición, si bien siempre fue algo ilícito, lleva a que el delito se torne más clandestino, muchas veces es más difícil pero no imposible de probar o acreditar. Estamos tratando de acreditar lo que pasa detrás de las paredes de un determinado lugar”.
También analizó que “ahora se discute más el tema, se han puesto sobre la mesa las cuestiones del delito de trata, la explotación sexual de las mujeres... Lleva tiempo, hay que cambiar cabezas, patrones culturales, es un cambio de paradigma de cómo se ve la relación del hombre con la mujer en ese ámbito. Pero hay una visibilización de la violencia de género, eso ha contrbibuido”.
Ante una consulta puntual sobre la incidencia de los cabarés en las pequeñas comunidades, negó que haya reticencias a denunciar: “hay a veces una naturalización en las comunidades chicas del ámbito del cabaré, tiene que ver con patrones culturales que lleva su tiempo revertir, no cambian de un día para el otro con la sanción de una ley. Pero no hay reticencias, al contrario, se aprende a ver la cuestión de otra forma, a ver que lo que parece natural no lo es y que hay alguien vulnerable que es inacapaz de dar un consentimiento en una situación así”, completó.
El Diario LP
La jueza federal subrogante, Iara Silvestre, confirmó las citaciones en el marco de un expediente que comenzó a raíz de una publicación de El Diario, en el año 2011.
Tal como informó El Diario, la Justicia Federal dictó los proecsamientos del propietario del lugar, Luis Daniel De Luca; su aparente socio Edmundo “Dito” Blas (exconcejal del PJ), Oscar Moya (remisero que se ocupaba del traslado de las víctimas), Leandro Otero (quien aparentemente “regenteaba” el trabajo de algunas mujeres) y Maximiliano De Luca (hijo).
La jueza indicó que en el marco de la investigación “se acreditó que funcionaba un cabaré, que había mujeres sometidas a ejercer la prostitución, se hizo el cotejo con las mujeres que estuvieron”. “Se tuvo por probado que mueven a las mujeres de un cabaré a otro”, añadió Silvestre.
Cabak no es el primer intendente pampeano que queda involucrado en un caso así: el veinticinqueño David Bravo fue condenado por abuso de poder porque le dio habilitación a “El Rancho”, donde se cometía trata de personas; el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue procesado por una circunstancia similar y la exintendenta de General Acha María Elena García aparece como imputada en otra causa: ya fue indagada.
Una de las pruebas clave en el expediente es el testimonio que prestaron Raúl Alberto Lobo y su esposa Patricia Mariel Gil, quienes fueron víctimas de los involucrados.
Silvestre insistió en que en estos casos “las migraciones de mujeres son constantes”, en declaraciones que hizo a www.radiokermes.com. También aludió al inicio de una investigación por lo que publica el periodismo: “Nos debiera servir para reflexionar porque la gente confía más a veces en un periodista que en los tribunales. Hay que analizarnos hacia adentro en qué estamos fallando”.
Respecto del papel de la prensa, reconoció que “aporta”. Y reflexionó: “A nosotros a veces la publicidad nos complica, por ejemplo en este caso cuando fuimos con el allanamiento (a La Chicho Show) ya no había nada, porque había trascendido el tema, pero se pudo trabajar con otros medios. A veces es más complejo, pero se puede. Siempre es positivo que se conozca y quizá nosotros nos debemos esa autocrítica”, insistió.
Acerca del funcionamiento de prostíbulos clandestinos, afirmó: “Hemos tenido denuncias, se han investigado, algunas están en trámite. Con la prohibición, si bien siempre fue algo ilícito, lleva a que el delito se torne más clandestino, muchas veces es más difícil pero no imposible de probar o acreditar. Estamos tratando de acreditar lo que pasa detrás de las paredes de un determinado lugar”.
También analizó que “ahora se discute más el tema, se han puesto sobre la mesa las cuestiones del delito de trata, la explotación sexual de las mujeres... Lleva tiempo, hay que cambiar cabezas, patrones culturales, es un cambio de paradigma de cómo se ve la relación del hombre con la mujer en ese ámbito. Pero hay una visibilización de la violencia de género, eso ha contrbibuido”.
Ante una consulta puntual sobre la incidencia de los cabarés en las pequeñas comunidades, negó que haya reticencias a denunciar: “hay a veces una naturalización en las comunidades chicas del ámbito del cabaré, tiene que ver con patrones culturales que lleva su tiempo revertir, no cambian de un día para el otro con la sanción de una ley. Pero no hay reticencias, al contrario, se aprende a ver la cuestión de otra forma, a ver que lo que parece natural no lo es y que hay alguien vulnerable que es inacapaz de dar un consentimiento en una situación así”, completó.
El Diario LP
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