Prostíbulos | El fiscal apeló el sobreseimiento de la intendenta de Acha
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El fiscal federal de Santa Rosa, Juan José Baric, apeló el sobreseimiento y solicitó la prisión preventiva para distintos imputados en dos casos de trata de personas en General Acha. (Foto Arch.: El Diario LP)
En una de las causas, Baric apeló el sobreseimiento dictado recientemente a la exintendenta de Acha, María Elena García; al exsecretario de Gobierno, Luis Javier Bassa; y a la acusada de ser la regente del local nocturno El Delfín, Nicolasa Beatriz Cardenas.
En el otro caso, pidió revocar la eximición de prisión dictada por el Juzgado Federal cuando procesó a Héctor Mario Molina y Julia Gil Solano por el delito de acogimiento, recepción de mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en el local El Amanecer. Molina era el dueño de ese prostíbulo y Gil Solano la encargada.
En uno de sus dictámenes, Baric sostuvo que para sobreseer a Cardenas, Bassa y García "se parte de premisas incorrectas, tanto respecto de la ponderación, o falta de ella, del ordenamiento jurídico vigente al momento de los hechos como de la valoración de la prueba existente en autos para escoger el criterio absolutorio", según se publicó en la página web Fiscales.
Con respecto a Cardenas, el representante del Ministerio Público agregó que "la contundencia de estos testimonios no puede dejar ninguna duda respecto del verdadero rol que desempeñaba la imputada en 'El Delfín', toda vez que se encargaba de controlar, cobrar, recaudar el dinero, producto de la explotación sexual a la que eran sometidas las demás mujeres".
En cuanto a Bassa y García, el fiscal destacó que son tres las líneas de razonamiento utilizadas para sobreseerlos: "La primera es la fecha en la que ambos habrían renunciado a sus cargos municipales. En tal sentido, Bassa habría presentado su renuncia en fecha 10 de junio de 2011 y García en fecha 16 de noviembre de ese mismo año". De esta manera, la renuncia de Bassa sería anterior al allanamiento llevado a cabo en el local nocturno El Delfín, llevado a cabo el 11 de noviembre de 2011 mientras que la de García habría acontecido cinco días más tarde". Ambos firmaron las habilitaciones comerciales de El Delfín en concordancia con la ordenanza municipal N° 53/09.
Finalmente, ambos catalogaron como "caos institucional" a la situación que se presentaba en el Municipio de General Acha durante el transcurso de los hechos. En ese sentido, para el representante del Ministerio Público Fiscal, "ninguna de esas tres líneas de razonamiento se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico vigente, ni por las reglas de la sana crítica racional ".
"En efecto, inicialmente se pretende imponer un razonamiento cronológico de los hechos, el cual resulta cuanto menos arbitrario, toda vez que de nada sirve sostener que la renuncia de Bassa fue anterior al allanamiento del local El Delfín y la de García 'apenas' cinco días después de ese procedimiento, toda vez que las habilitaciones comerciales suscriptas por ambos funcionarios fueron notoriamente anteriores a esa fecha y en franca infracción al ordenamiento legal vigente al momento de celebrar dicho acto. Ello nos lleva a considerar el segundo razonamiento utilizado por la Jueza Iara Silvestre, que es aquél por el cual ambos funcionarios no habrían incumplido sus deberes. Como puede observarse, no puede expresarse ni razonarse válidamente que había una ordenanza municipal vigente que autorizaba a ambos exfuncionarios públicos a habilitar comercialmente una auténtica 'casa de tolerancia', como lo era El Delfín", agregó el fiscal.
Por su parte, Molina y Gil Solano fueron procesados pero sin prisión preventiva. Esto último fue apelado por Baric quien consideró que por la gravedad del delito es necesario cumplir con la detención a la espera de las otras etapas procesales.
Asimismo, señaló que los argumentos que utilizó la jueza para eximirlos de prisión obedecen a "un mero juego de palabras que no encuentra asidero en la legislación y merece la tacha de nulidad por reposar solo en una fundamentación aparente y, por lo tanto, arbitraria".
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En una de las causas, Baric apeló el sobreseimiento dictado recientemente a la exintendenta de Acha, María Elena García; al exsecretario de Gobierno, Luis Javier Bassa; y a la acusada de ser la regente del local nocturno El Delfín, Nicolasa Beatriz Cardenas.
En el otro caso, pidió revocar la eximición de prisión dictada por el Juzgado Federal cuando procesó a Héctor Mario Molina y Julia Gil Solano por el delito de acogimiento, recepción de mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en el local El Amanecer. Molina era el dueño de ese prostíbulo y Gil Solano la encargada.
En uno de sus dictámenes, Baric sostuvo que para sobreseer a Cardenas, Bassa y García "se parte de premisas incorrectas, tanto respecto de la ponderación, o falta de ella, del ordenamiento jurídico vigente al momento de los hechos como de la valoración de la prueba existente en autos para escoger el criterio absolutorio", según se publicó en la página web Fiscales.
Con respecto a Cardenas, el representante del Ministerio Público agregó que "la contundencia de estos testimonios no puede dejar ninguna duda respecto del verdadero rol que desempeñaba la imputada en 'El Delfín', toda vez que se encargaba de controlar, cobrar, recaudar el dinero, producto de la explotación sexual a la que eran sometidas las demás mujeres".
En cuanto a Bassa y García, el fiscal destacó que son tres las líneas de razonamiento utilizadas para sobreseerlos: "La primera es la fecha en la que ambos habrían renunciado a sus cargos municipales. En tal sentido, Bassa habría presentado su renuncia en fecha 10 de junio de 2011 y García en fecha 16 de noviembre de ese mismo año". De esta manera, la renuncia de Bassa sería anterior al allanamiento llevado a cabo en el local nocturno El Delfín, llevado a cabo el 11 de noviembre de 2011 mientras que la de García habría acontecido cinco días más tarde". Ambos firmaron las habilitaciones comerciales de El Delfín en concordancia con la ordenanza municipal N° 53/09.
Finalmente, ambos catalogaron como "caos institucional" a la situación que se presentaba en el Municipio de General Acha durante el transcurso de los hechos. En ese sentido, para el representante del Ministerio Público Fiscal, "ninguna de esas tres líneas de razonamiento se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico vigente, ni por las reglas de la sana crítica racional ".
"En efecto, inicialmente se pretende imponer un razonamiento cronológico de los hechos, el cual resulta cuanto menos arbitrario, toda vez que de nada sirve sostener que la renuncia de Bassa fue anterior al allanamiento del local El Delfín y la de García 'apenas' cinco días después de ese procedimiento, toda vez que las habilitaciones comerciales suscriptas por ambos funcionarios fueron notoriamente anteriores a esa fecha y en franca infracción al ordenamiento legal vigente al momento de celebrar dicho acto. Ello nos lleva a considerar el segundo razonamiento utilizado por la Jueza Iara Silvestre, que es aquél por el cual ambos funcionarios no habrían incumplido sus deberes. Como puede observarse, no puede expresarse ni razonarse válidamente que había una ordenanza municipal vigente que autorizaba a ambos exfuncionarios públicos a habilitar comercialmente una auténtica 'casa de tolerancia', como lo era El Delfín", agregó el fiscal.
Por su parte, Molina y Gil Solano fueron procesados pero sin prisión preventiva. Esto último fue apelado por Baric quien consideró que por la gravedad del delito es necesario cumplir con la detención a la espera de las otras etapas procesales.
Asimismo, señaló que los argumentos que utilizó la jueza para eximirlos de prisión obedecen a "un mero juego de palabras que no encuentra asidero en la legislación y merece la tacha de nulidad por reposar solo en una fundamentación aparente y, por lo tanto, arbitraria".
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