El Senado aprobó las leyes de Abastecimiento y Pago Soberano
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/09/el-senado-aprobo-las-leyes-de.html
Con el voto de una amplia mayoría, la Cámara Alta dio media sanción a las tres iniciativas de defensa al consumidor y al proyecto del cambio de sede del pago de la deuda reestructurada.
En una maratónica sesión, en la que también después de más de nueve horas se dio media sanción al proyecto de ley para el cambio de sede para el pago de la deuda reestructurada, la Cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados esta madrugada las tres iniciativas que reforman la Ley de Abastecimiento, crean el Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional para la defensa del consumidor.
Las iniciativas fueron aprobadas por amplio margen y la próxima semana serán aprobadas por la Cámara Baja para que sean convertidas en Ley. La modificación a la Ley de Abastecimiento obtuvo 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que el Observatorio de Precios. Mientras que la creación del nuevo fuero nacional recibió 53 votos a favor y 11 en contra, ya que, en general, el radicalismo apoyó la medida.
La modificación a la Ley de Abastecimiento busca un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente en la cadena de valor”.
Establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los “estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.
La iniciativa excluye de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado”.
El objetivo es “evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales”.
El proyecto prevé que frente a situaciones de desabastecimiento o escasez el Ejecutivo podrá disponer su producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo esta pedir una compensación.
Serán sancionados quienes suban artificial o injustificadamente los precios o que acaparen materias primas.
La autoridad de aplicación deberá requerir autorización judicial para sancionar con inhabilitación especial o clausura temporal.
También se podrá llevar adelante la clausura “inmediata” de la empresa por cuestiones de infracción gravísimas, prorrogable por hasta tres meses sólo con autorización judicial.
Asimismo, las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias, pero esta no podrá difundirlos.
El segundo proyecto crea un servicio de conciliación de las relaciones de consumo, la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
Finalmente, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo de los precios y la disponibilidad de Insumos.
El oficialista santacruceño Pablo González sostuvo que esta ley “viene a morigerar pero a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo”.
“Estos proyectos están en muchos países del mundo”, destacó.
En tanto, el radical formoseño Luis Naidenoff cuestionó la nueva Ley de Abastecimiento al decir que “vulnera el orden constitucional” y que “es irracional desde el punto de vista de los incentivos de los comerciantes que piensen en invertir”.
El peronista disidente Juan Carlos Romero señaló que la ley de Abastecimiento dijo que “está ligada a la crisis económica”.
Hacia la medianoche, la Cámara Alta también aprobó y envió a Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para el pago local de la deuda externa con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, tras un extenso debate que se duró más de nueve horas.
Fue aprobada por 39 votos del oficialismo a favor y 27 en contra de la oposición, con dos abstenciones de los integrantes de UNEN Fernando “Pino” Solanas y de Magdalena Odarda.
El proyecto propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Además, crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación.
La Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones.
Por otro lado, el proyecto también introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos.
En ese sentido, Argentina podrá instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local o por “legislación y jurisdicción de la República Francesa”.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, dijo que “aquellos que hay que pagar son unos tontos” y que “esa es una solución simplista”.
“Hay un juez de la Corte (Ricardo Lorenzetti) que dice que las sentencias hay que cumplirlas. Y los niños de Dios tienen que ser buenos. Pero a veces hay sentencias que no pueden cumplirse”, sentenció.
Cadena3
En una maratónica sesión, en la que también después de más de nueve horas se dio media sanción al proyecto de ley para el cambio de sede para el pago de la deuda reestructurada, la Cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados esta madrugada las tres iniciativas que reforman la Ley de Abastecimiento, crean el Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional para la defensa del consumidor.
Las iniciativas fueron aprobadas por amplio margen y la próxima semana serán aprobadas por la Cámara Baja para que sean convertidas en Ley. La modificación a la Ley de Abastecimiento obtuvo 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que el Observatorio de Precios. Mientras que la creación del nuevo fuero nacional recibió 53 votos a favor y 11 en contra, ya que, en general, el radicalismo apoyó la medida.
La modificación a la Ley de Abastecimiento busca un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente en la cadena de valor”.
Establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los “estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.
La iniciativa excluye de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado”.
El objetivo es “evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales”.
El proyecto prevé que frente a situaciones de desabastecimiento o escasez el Ejecutivo podrá disponer su producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo esta pedir una compensación.
Serán sancionados quienes suban artificial o injustificadamente los precios o que acaparen materias primas.
La autoridad de aplicación deberá requerir autorización judicial para sancionar con inhabilitación especial o clausura temporal.
También se podrá llevar adelante la clausura “inmediata” de la empresa por cuestiones de infracción gravísimas, prorrogable por hasta tres meses sólo con autorización judicial.
Asimismo, las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias, pero esta no podrá difundirlos.
El segundo proyecto crea un servicio de conciliación de las relaciones de consumo, la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
Finalmente, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo de los precios y la disponibilidad de Insumos.
El oficialista santacruceño Pablo González sostuvo que esta ley “viene a morigerar pero a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo”.
“Estos proyectos están en muchos países del mundo”, destacó.
En tanto, el radical formoseño Luis Naidenoff cuestionó la nueva Ley de Abastecimiento al decir que “vulnera el orden constitucional” y que “es irracional desde el punto de vista de los incentivos de los comerciantes que piensen en invertir”.
El peronista disidente Juan Carlos Romero señaló que la ley de Abastecimiento dijo que “está ligada a la crisis económica”.
Hacia la medianoche, la Cámara Alta también aprobó y envió a Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para el pago local de la deuda externa con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, tras un extenso debate que se duró más de nueve horas.
Fue aprobada por 39 votos del oficialismo a favor y 27 en contra de la oposición, con dos abstenciones de los integrantes de UNEN Fernando “Pino” Solanas y de Magdalena Odarda.
El proyecto propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Además, crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación.
La Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones.
Por otro lado, el proyecto también introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos.
En ese sentido, Argentina podrá instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local o por “legislación y jurisdicción de la República Francesa”.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, dijo que “aquellos que hay que pagar son unos tontos” y que “esa es una solución simplista”.
“Hay un juez de la Corte (Ricardo Lorenzetti) que dice que las sentencias hay que cumplirlas. Y los niños de Dios tienen que ser buenos. Pero a veces hay sentencias que no pueden cumplirse”, sentenció.
Cadena3
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