Provinciales | Megaestadio: La FIA pidió juicio político al ministro Varela
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Casa de Gobierno sufrió un sacudón este martes. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) pidió a la Legislatura que se le inicie un juicio político al ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Jorge Varela, por supuestas irregularidades en la construcción del Megaestadio. Paralelamente la FIA prepara una demanda penal contra al inspector de obra Roberto Domingo Lorda..
Carola cuestionó que Varela no impulsó la rescisión del contrato con la empresa Inarco, pese a que incumplió los acuerdos con el Gobierno. Aún hoy, pese a que se vencieron ampliamente los plazos establecidos, la empresa piquense está al frente de los trabajos. Igual la obra está totalmente paralizada desde 2010.
Varela podría ser removido del cargo, si prospera este juicio político, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eventualmente, podría afrontar una demanda penal si además la Justicia considera que cometió delitos.
La solicitud es inédita en el Gobierno pampeano. De esta manera, la FIA le ganó de mano al bloque del Frepam que, desde hace un tiempo, viene anunciando la posibilidad de pedir un juicio político a Varela.
El fiscal Juan Carlos Carola, al ser consultado, declinó hacer declaraciones hasta que la causa tome estado parlamentario.
Sin embargo, trascendió que también prepara una demanda penal -la podría presentar en las próximas horas- contra un inspector de obra. El apuntado sería Roberto Domingo Lorda.
En la FIA negaron que esa presentación -cuyas precisiones y detalles recién se conocerían el jueves- involucre a exministros o funcionarios de alto rango.
Varela estaba apuntado desde hace tiempo por la propia oposición política: el Frente Pampeano evaluó varias veces públicamente la posibilidad de formalizar el pedido de juicio político, pero nunca concretó ese paso, ya que siempre se encontró algún otro trámite para complementar la información desde el Ejecutivo hacia la Legislatatura.
Varela, el exdirector Daniel Ucciardello y el titular de la empresa INARCO, Héctor Mohedano, fueron notificados de que debían responder con un informe por escrito un cuestionario en el marco de la investigación que llevó adelante la FIA para determinar si hubo irregularidades o delitos de funcionarios y de la empresa por la demora en la culminación del Megaestadio de Santa Rosa.
Carola prefirió que los funcionarios y el empresario respondan por escrito en lugar de declarar en el organismo. El funcionario otorgó un plazo de diez días para las respuestas. Una vez que recibió el informe quedó cerrada la etapa investigación.
La tarea del fiscal era decidir quiénes son los responsables, con la apertura de un sumario administrativo y la realización de una denuncia penal en el Poder Judicial en caso de detectar irregularidades.
La FIA ya había tomado una ronda de declaraciones desde principios de año. Desfilaron por el organismo el representante técnico de la constructora, el ingeniero Mauro Fortunatti (afirmó que la empresa está en condiciones técnicas de colocar el techo y concluir la obra); el inspector de la obra, Roberto Domingo Lorda; el director general de inspectores de la Provincia, el arquitecto Luis Alberto Cabrera; y los miembros del Consejo de Obras Públicas y de la Comisión de Seguimiento de la obra.
El megaestadio se empezó a construir en 2006, durante el Gobierno de Carlos Verna (PJ). Debía terminarse en un año, pero aún hoy está inconcluso. Por errores de cálculos, en 2007, no se pudo colocar el techo.
La empresa Inarco, inicialmente, reconoció que se equivocó en los cálculos para hacer el techo y debió desmontarlo. En el medio, logró una ampliación del plazo para colocar uno nuevo y ganó las licitaciones para otros trabajos. Eso le dio un respiro financiero, en medio de la asfixia económica que soportaba.
El nuevo techo debería estar formado por capas de chapa, poliuretano y chapa nuevamente. En diciembre de 2010 se venció el nuevo plazo que, incluso, le autorizó la Legislatura, pero el techo no fue colocado.
Desde ese diciembre de 2010, la obra está paralizada totalmente. El Gobierno interrumpió en ese momento el conteo de una ampliación de los plazos originales de 420 días que le había dado a la empresa, que asumía el error técnico que impidió la colocación del techo original y los mayores costos.
La empresa y el Gobierno presentaron un nuevo convenio -que preveía más plazos y dinero para la constructora- para terminar el techo, pero la Legislatura provincial lo rechazó. El fiscal Carola investiga si, a partir de la paralización total, y la falta de rescisión del contrato con INARCO, los funcionarios y la empresa incurrieron en irregularidades.
Un año y medio después, a mediados de 2012, el Gobierno anunció cambios. Pero esas modificaciones no fueron aprobadas por los legisladores: directamente reclamaron que rescindieran el contrato con Inarco.
Uno de los puntos más espinosos en este nuevo proyecto de Jorge residía en una importante compra: el Gobierno pretendía adquirir una serie de 40 columnas especiales de acero para apuntalar, provisoriamente, el nuevo techo.
A fines de 2012, el gobernador Oscar Jorge ideó una nueva salida para terminar la obra: decidió crear una comisión tripartita conformada por un representante del Poder Ejecutivo; el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola; y el presidente subrogante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, José Roberto Sappa. No incluyó a los diputados. Finalmente Carola y Sappa decidieron no integrarla.
Carola cuestionó que Varela no impulsó la rescisión del contrato con la empresa Inarco, pese a que incumplió los acuerdos con el Gobierno. Aún hoy, pese a que se vencieron ampliamente los plazos establecidos, la empresa piquense está al frente de los trabajos. Igual la obra está totalmente paralizada desde 2010.
Varela podría ser removido del cargo, si prospera este juicio político, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eventualmente, podría afrontar una demanda penal si además la Justicia considera que cometió delitos.
La solicitud es inédita en el Gobierno pampeano. De esta manera, la FIA le ganó de mano al bloque del Frepam que, desde hace un tiempo, viene anunciando la posibilidad de pedir un juicio político a Varela.
El fiscal Juan Carlos Carola, al ser consultado, declinó hacer declaraciones hasta que la causa tome estado parlamentario.
Sin embargo, trascendió que también prepara una demanda penal -la podría presentar en las próximas horas- contra un inspector de obra. El apuntado sería Roberto Domingo Lorda.
En la FIA negaron que esa presentación -cuyas precisiones y detalles recién se conocerían el jueves- involucre a exministros o funcionarios de alto rango.
Varela estaba apuntado desde hace tiempo por la propia oposición política: el Frente Pampeano evaluó varias veces públicamente la posibilidad de formalizar el pedido de juicio político, pero nunca concretó ese paso, ya que siempre se encontró algún otro trámite para complementar la información desde el Ejecutivo hacia la Legislatatura.
Varela, el exdirector Daniel Ucciardello y el titular de la empresa INARCO, Héctor Mohedano, fueron notificados de que debían responder con un informe por escrito un cuestionario en el marco de la investigación que llevó adelante la FIA para determinar si hubo irregularidades o delitos de funcionarios y de la empresa por la demora en la culminación del Megaestadio de Santa Rosa.
Carola prefirió que los funcionarios y el empresario respondan por escrito en lugar de declarar en el organismo. El funcionario otorgó un plazo de diez días para las respuestas. Una vez que recibió el informe quedó cerrada la etapa investigación.
La tarea del fiscal era decidir quiénes son los responsables, con la apertura de un sumario administrativo y la realización de una denuncia penal en el Poder Judicial en caso de detectar irregularidades.
La FIA ya había tomado una ronda de declaraciones desde principios de año. Desfilaron por el organismo el representante técnico de la constructora, el ingeniero Mauro Fortunatti (afirmó que la empresa está en condiciones técnicas de colocar el techo y concluir la obra); el inspector de la obra, Roberto Domingo Lorda; el director general de inspectores de la Provincia, el arquitecto Luis Alberto Cabrera; y los miembros del Consejo de Obras Públicas y de la Comisión de Seguimiento de la obra.
La historia del estadio
El megaestadio se empezó a construir en 2006, durante el Gobierno de Carlos Verna (PJ). Debía terminarse en un año, pero aún hoy está inconcluso. Por errores de cálculos, en 2007, no se pudo colocar el techo.
La empresa Inarco, inicialmente, reconoció que se equivocó en los cálculos para hacer el techo y debió desmontarlo. En el medio, logró una ampliación del plazo para colocar uno nuevo y ganó las licitaciones para otros trabajos. Eso le dio un respiro financiero, en medio de la asfixia económica que soportaba.
El nuevo techo debería estar formado por capas de chapa, poliuretano y chapa nuevamente. En diciembre de 2010 se venció el nuevo plazo que, incluso, le autorizó la Legislatura, pero el techo no fue colocado.
Desde ese diciembre de 2010, la obra está paralizada totalmente. El Gobierno interrumpió en ese momento el conteo de una ampliación de los plazos originales de 420 días que le había dado a la empresa, que asumía el error técnico que impidió la colocación del techo original y los mayores costos.
La empresa y el Gobierno presentaron un nuevo convenio -que preveía más plazos y dinero para la constructora- para terminar el techo, pero la Legislatura provincial lo rechazó. El fiscal Carola investiga si, a partir de la paralización total, y la falta de rescisión del contrato con INARCO, los funcionarios y la empresa incurrieron en irregularidades.
Un año y medio después, a mediados de 2012, el Gobierno anunció cambios. Pero esas modificaciones no fueron aprobadas por los legisladores: directamente reclamaron que rescindieran el contrato con Inarco.
Uno de los puntos más espinosos en este nuevo proyecto de Jorge residía en una importante compra: el Gobierno pretendía adquirir una serie de 40 columnas especiales de acero para apuntalar, provisoriamente, el nuevo techo.
A fines de 2012, el gobernador Oscar Jorge ideó una nueva salida para terminar la obra: decidió crear una comisión tripartita conformada por un representante del Poder Ejecutivo; el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola; y el presidente subrogante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, José Roberto Sappa. No incluyó a los diputados. Finalmente Carola y Sappa decidieron no integrarla.
El 13 de marzo de este año, Carola se había excusado de formar la comisión creada por el decreto 752/12 por el gobernador Oscar Mario Jorge con la idea de que prestara un asesoramiento para la finalización de la obra. El titular de la FIA se negó a integrarla, finalmente, porque estaba llevando adelante una investigación preliminar. Lo hizo días después de haber recibido el expediente del Gobierno y analizar en detalle los objetivos de la comisión.
El fiscal había iniciado la investigación preliminar en octubre de 2012 a partir de algunos artículos periodísticos que alertaban acerca del peligro de que la obra no se termine nunca. Durante todo el año pasado recabó informes y recopiló información. El expediente ya tiene dos cuerpos, según trascendió. Carola busca determinar si la demora en la construcción del techo implica irregularidades de parte de los funcionarios y de la empresa.
A principios de año, la Legislatura provincial aprobó un pedido de informes y recibió en comisiones la visita del propio Mohedano. Varela había prometido enviar un informe a la Legislatura, luego pidió tiempo y le dieron un plazo hasta este 4 de agosto para responder. Tras esa contestación, le reclamaron más precisiones.
Por otro lado, sobre los incumplimientos de la licitación original y el “error” de cálculo de la empresa, que no pudo montar el techo en su momento, ya existe una investigación penal en curso, a la que la FIA giró la documentación que tenía sobre el caso.
En cambio, la investigación de Carola se enfoca en el período “en blanco” que se abrió a partir de la suspensión de los plazos del convenio que firmó el gobierno de Jorge con la empresa y la paralización total de la obra. Desde ese momento, por un lado, INARCO paralizó por completo la actividad en el lugar y, por el otro, el Gobierno no le rescindió el contrato ni tomó otra determinación.
iTextual | El Diario LP
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