Santa Rosa | Secuestros Virtuales: Prisión preventiva por 30 días para los tres acusados
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El juez Daniel Ralli le dictó 30 días de prisión preventiva a los tres acusados de ser los autores de al menos 13 secuestros virtuales ocurridos el fin de semana pasado en Santa Rosa. La fiscal Martiní los investigará por el delito de extorsión aunque aclaró que se trata de una investigación compleja.
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Este miércoles se realizó la audiencia de formalización del caso de los secuestros virtuales que ocurrieron entre el 29 y 30 de agosto pasado en la ciudad de Santa Rosa. El juez de Control Daniel Ralli le dictó la prisión preventiva hasta el próximo 2 de octubre a Jorge Marcovich, Jonathan Ivanovich y Joan Emanuel Ivanovich, quienes en principio serán investigados por el delito de extorsión.
La audiencia se demoró porque uno de los acusados, Jonathan Ivanovich, se descompensó y tuvo que ser asistido por el médico forense. Varios familiares de los acusados presenciaron la audiencia.
Las tres mujeres -parejas de los detenidos- que en un principio estaban siendo investigadas, fueron desvinculadas de la causa.
La fiscal que tiene a su cargo la investigación, Cecilia Martiní, describió los 13 hechos, 10 tentativas y 3 consumados, por los que son investigados aunque aclaró que desde la Brigada de Investigaciones le comunicó que podrían ser más las víctimas.
Los hechos son similares. Las familias santarroseñas fueron sorprendidas por llamados donde personas se hacían pasar por alguno de sus hijos o nietos por secuestradores para pedir dinero, en una modalidad conocida como “secuestros virtuales”. En tres casos las víctimas dejaron una bolsa con dólares y joyas en la vereda y un auto pasaba a buscar el botín.
Martiní calificó los hechos como extorsión aunque dijo que de no poder probarse ese delito les imputaría el de estafa. “Existen elementos para calificar el hecho como estafa”, dijo. Explicó que se trata de una investigación “compleja” por eso pidió al juez que la declare en ese sentido.
Solicitó para los acusados 30 días de prisión preventiva no porque exista posibilidad de fuga sino porque pueden entorpecer la investigación. “Existe peligro de obstaculización de la investigación. Hay 13 personas a las que los acusados conocen el domicilio y el teléfono”, aseguró.
El abogado defensor de los tres acusados, Gastón Gómez rechazó que el delito que se investiga puede ser calificado como extorsión. “Entiendo difícil que pueda darse. Sí puede haber delito de estafa”, comentó.
Gómez hizo su propia interpretación de los hechos a los que calificó como “viveza criolla” por parte de los acusado. “No puedo dejar de mencionar el impacto periodístico que ha tenido. Aparece esta sensación de inseguridad. Acá hay que ver los hechos como fueron. Sería el famoso cuento del tío que se formaliza con un teléfono y pasar por un lugar a buscar algo”, dijo.
Dijo que el delito que habría cometido “lo han hecho desde la picardía y de no saber las consecuencias”. “Fue una pircardía, un juego de chicos. Esto no puede pasar de ahí. No se lo puede ver como parte de una banda”, afirmó. Agregó que “no hay víctimas que hayan sido lastimadas”.
“Si de 13 (hechos) 10 cortaron la comunicación, ninguna persona se puede sentir que estaba siendo extorsionada”, completó.
Gómez denunció que uno de sus defendidos (Jhonatan Ivanovich) fue golpeado en su lugar de detención. “Mi defendido ha sido golpeado”, afirmó. Según contó el médico forense cuando lo asistió antes de la audiencia le dijo que tiene moretones en el cuerpo como si se trataran de “golpes de puño”.
Reclamó que si se le dicta una prisión preventiva que no sea en la Alcaidía, ya que en ese lugar no se trataría nada bien a los integrantes de la comunidad zíngara. “No la pasan bien en los lugares de detención”, dijo.
Para rechazar la prisión preventiva que pidió la Fiscalía, Gómez dijo que sus defendidos son “tres personas muy jóvenes de la comunidad zíngara”. “No tienen antecedentes penales. Son personas que están fuera del sistema educativo. Son personas con familias”, afirmó.
Pidió que en vez de la prisión preventiva se le dicte una restricción de acercamiento a las víctimas. “Tienen domicilio fijo en Buenos Aires. No tendrían la posibilidad cierta de intimidación”, explicó.
El juez de Control Daniel Ralli aceptó todos los pedidos realizados por la fiscal Martiní. Dijo que en principio la calificación legal por la que se investigará a los detenidos es el delito de extorsión. Le dictó prisión preventiva por 30 días y declaró que la causa es compleja.
Le corrió vista a la fiscal para que investigue si los detenidos fueron golpeados en su lugar de detención y ordenó que sean revisados por personal médico. Por último pidió que se arbitren los medios necesarios para garantizar la integridad física de los acusados en su lugar de alojamiento.
El Diario LP
La audiencia se demoró porque uno de los acusados, Jonathan Ivanovich, se descompensó y tuvo que ser asistido por el médico forense. Varios familiares de los acusados presenciaron la audiencia.
Las tres mujeres -parejas de los detenidos- que en un principio estaban siendo investigadas, fueron desvinculadas de la causa.
La fiscal que tiene a su cargo la investigación, Cecilia Martiní, describió los 13 hechos, 10 tentativas y 3 consumados, por los que son investigados aunque aclaró que desde la Brigada de Investigaciones le comunicó que podrían ser más las víctimas.
Los hechos son similares. Las familias santarroseñas fueron sorprendidas por llamados donde personas se hacían pasar por alguno de sus hijos o nietos por secuestradores para pedir dinero, en una modalidad conocida como “secuestros virtuales”. En tres casos las víctimas dejaron una bolsa con dólares y joyas en la vereda y un auto pasaba a buscar el botín.
Martiní calificó los hechos como extorsión aunque dijo que de no poder probarse ese delito les imputaría el de estafa. “Existen elementos para calificar el hecho como estafa”, dijo. Explicó que se trata de una investigación “compleja” por eso pidió al juez que la declare en ese sentido.
Solicitó para los acusados 30 días de prisión preventiva no porque exista posibilidad de fuga sino porque pueden entorpecer la investigación. “Existe peligro de obstaculización de la investigación. Hay 13 personas a las que los acusados conocen el domicilio y el teléfono”, aseguró.
El abogado defensor de los tres acusados, Gastón Gómez rechazó que el delito que se investiga puede ser calificado como extorsión. “Entiendo difícil que pueda darse. Sí puede haber delito de estafa”, comentó.
“Una picardía”
Gómez hizo su propia interpretación de los hechos a los que calificó como “viveza criolla” por parte de los acusado. “No puedo dejar de mencionar el impacto periodístico que ha tenido. Aparece esta sensación de inseguridad. Acá hay que ver los hechos como fueron. Sería el famoso cuento del tío que se formaliza con un teléfono y pasar por un lugar a buscar algo”, dijo.
Dijo que el delito que habría cometido “lo han hecho desde la picardía y de no saber las consecuencias”. “Fue una pircardía, un juego de chicos. Esto no puede pasar de ahí. No se lo puede ver como parte de una banda”, afirmó. Agregó que “no hay víctimas que hayan sido lastimadas”.
“Si de 13 (hechos) 10 cortaron la comunicación, ninguna persona se puede sentir que estaba siendo extorsionada”, completó.
Gómez denunció que uno de sus defendidos (Jhonatan Ivanovich) fue golpeado en su lugar de detención. “Mi defendido ha sido golpeado”, afirmó. Según contó el médico forense cuando lo asistió antes de la audiencia le dijo que tiene moretones en el cuerpo como si se trataran de “golpes de puño”.
Reclamó que si se le dicta una prisión preventiva que no sea en la Alcaidía, ya que en ese lugar no se trataría nada bien a los integrantes de la comunidad zíngara. “No la pasan bien en los lugares de detención”, dijo.
Para rechazar la prisión preventiva que pidió la Fiscalía, Gómez dijo que sus defendidos son “tres personas muy jóvenes de la comunidad zíngara”. “No tienen antecedentes penales. Son personas que están fuera del sistema educativo. Son personas con familias”, afirmó.
Pidió que en vez de la prisión preventiva se le dicte una restricción de acercamiento a las víctimas. “Tienen domicilio fijo en Buenos Aires. No tendrían la posibilidad cierta de intimidación”, explicó.
El juez de Control Daniel Ralli aceptó todos los pedidos realizados por la fiscal Martiní. Dijo que en principio la calificación legal por la que se investigará a los detenidos es el delito de extorsión. Le dictó prisión preventiva por 30 días y declaró que la causa es compleja.
Le corrió vista a la fiscal para que investigue si los detenidos fueron golpeados en su lugar de detención y ordenó que sean revisados por personal médico. Por último pidió que se arbitren los medios necesarios para garantizar la integridad física de los acusados en su lugar de alojamiento.
El Diario LP
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