Santa Fe | Denuncian aprietes a víctimas de la brutalidad policial en Frontera

El fiscal Regional de Rafaela, Carlos Arietti, pidió a la jueza de la IPP que traslade a los policías detenidos a dependencias del Servicio Penitenciario y denunció riesgo de entorpecimiento probatorio. (Foto Arch.: Cadena3)

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El jefe de fiscales en Rafaela se mostró preocupado por el intento de sobornar a las víctimas para que cambien su declaración.

En una nota firmada por el fiscal Regional de Rafaela, Carlos Arietti, y dirigida a la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato, el Ministerio Público de la Acusación denunció una serie de situaciones que afectan el buen curso de la causa por abusos policiales, en la Comisaría de Frontera, y por la cual dos uniformados se encuentran privados de su libertad.

La aparición del “crucificado de Frontera” en mayo pasado fue el detonante para que salieran a la luz las torturas y hechos aberrantes a que fueron sometidas al menos 5 personas que se animaron a denunciar.

El pedido puntual apuntaba al traslado del comisario Carlos Alberto Flores y Gabriel Omar Gerbaldo en dependencias del Servicio Penitenciario de la provincia. Si bien el primero de ellos ya fue trasladado, ambos permanecieron desde que fueron detenidos “en la Alcaidía de Policía de la ciudad de Rafaela, situación que no se corresponde con su condición de encausados con prisión preventiva, confirmada por los jueces de Cámara”, esgrimió el fiscal regional.

Un auto rojo

El motivo de tal pedido radica en que “se trata de funcionarios policiales imputados de graves delitos cometidos en el ejercicio de su función, quienes continúan en el edificio de la propia Jefatura de la Policía de la ciudad de Rafaela, lugar donde se desempeñan tanto policías de mayor rango -sus superiores al momento de la comisión de los hechos y responsables de las actuaciones administrativas que paralelamente se labran-, como de menor rango -algunos con tareas vinculadas a su alojamiento-”.

Para peor “recientemente se produjeron nuevos y graves hechos de entorpecimiento probatorio, que está investigando la Fiscalía”, denunció Arietti.

Durante tres días consecutivos, a fines de septiembre -25, 26 y 27- un grupo de personas llegó hasta la casa de una de las víctimas, en un auto rojo, para ofrecerle “una fuerte suma de dinero a cambio de revocar su declaración (contra Flores) y acusar a otras personas”, según declaraciones de las propias víctimas.

Para el funcionario “estos hechos constituyen una afrenta para la correcta administración de justicia y tienen por único beneficiario al imputado Flores”. A su vez, informó que las víctimas han puesto en conocimiento estos hechos a las autoridades del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Tres investigaciones

En total son tres investigaciones fiscales que tienen a funcionarios policiales como imputados. Una docena de uniformados fueron arrestados como consecuencia de la denuncia de Víctor Robledo, que el 21 de mayo fue privado de la libertad y víctima de severidades, para aparecer al día siguiente en jurisdicción de San Francisco, Córdoba, atado con cinta a una cruz de madera, con el rostro cubierto y un cartel con la leyenda “no robarás”.

El fiscal a cargo llevó a audiencia imputativa a media docena de policías -Flores, Gerbaldo, Monges, Farías, Gómez y Campos-, para los que solicitó la prisión preventiva. En cambio, el juez Alejandro Mognaschi les concedió la libertad.

Pero un segundo hecho ocurrido entre el 14 y 15 de abril fue revelado. En la misma comisaría de Frontera habrían sido detenidos de manera ilegal dos varones, uno mayor y otro menor de edad, los cuales aseguraron haber sido sometidas a terribles vejámenes, como obligarlos a comer materia fecal y a tomar orina. Por ese caso Gabriel Omar Gerbaldo quedó detenido con prisión preventiva.

Y por último, el jefe Flores acabó preso, luego de que se lo acusara de haber disparado con un arma de fuego contra dos personas, por lo que le imputaron “tentativa homicidio doblemente calificado y lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego”.

Según consta en la carpeta judicial esto sucedió el 18 y el 19 de abril. El primer caso contra un menor de 15 años, al que le disparó con una pistola 9 mm; y el segundo tuvo lugar en una vivienda del barrio Acapulco, en Josefina, donde el mismo jefe policial abrió fuego con una escopeta, a una distancia de alrededor de 7 metros contra personas que no estaban armadas ni ofrecieron resistencia.
  

Disparos contra el portón

Un peritaje balístico finalizado ayer por la División de Policía Científica del departamento Castellanos “con relación al portón del patio trasero de la comisaría Nº 6 de Frontera” determinó el hallazgo de “improntas de disparos de escopeta con cartuchos de perdigones” -cuatro en total-; y “19 impactos producidos por arma de fuego que atravesaron el portón de lado a lado y para todos corresponde un diámetro de 9 mm”.

Lo curioso es que, lejos de tratarse de un atentado contra la comisaría del lugar, los impactos de bala habían sido ocasionados desde el interior de dicha dependencia y se colige, que habrían sido los propios uniformados los que ejecutaron las armas.

En tanto, lo grave de la situación reviste en que del otro lado del portón, que fue atravesado por balazos de arma reglamentaria, cruza una calle abierta al tránsito vehicular y peatón; y a unos 50 metros en la misma dirección se encuentra una planta de gas, cuyos tubos están expuestos en la línea de fuego.

Juliano Salierno | El Litoral