El exjuez José Charlín, a juicio oral

La Cámara de Bahía confirmó el procesamiento del exjuez. Mientras subrogaba el Juzgado Federal de Santa Rosa, Charlín fue denunciado por funcionarios y empleados.  (Foto Archivo)

Seguí el caso José Antonio Charlín

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el procesamiento de Antonio Charlín, que está designado para hacerse cargo del Juzgado Federal de General Pico.

Aunque todavía no se permitió el acceso a los detalles de la resolución, El Diario pudo saber que el organismo ratificó en esencia lo actuado por el juez federal ad hoc José Ignacio Rodríguez Berdier.

Esa resolución consideró que el juez, mientras estuvo a cargo en forma subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa, cometió los delitos de abuso de autoridad, en concurso ideal con malversación de caudales públicos; en concurso real con abuso sexual simple en situación de violencia de género.

La decisión de la Cámara bahiense complica la situación del funcionario designado, aunque la revocatoria de su nombramiento depende del Consejo de la Magistratura, ya que Charlín pasó el acuerdo en el Senado y consiguió el decreto presidencial que lo designa.

A su vez, la situación complica el funcionamiento del propio juzgado, ya que al no haber juez que se haga cargo el organismo tampoco funciona. Y ningún sector quiere pagar el juicio político de poner a un personaje tan cuestionado como Charlín al frente de esa dependencia.

En la dura resolución del juez ad hoc Ignacio Rodríguez Berdier, se describen las irregularidades cometidas por Charlín, que incluyen -entre otras- el abuso sexual simple y la malversación de caudales públicos, además del abuso de autoridad y otros delitos.

Además se dispuso un embargo por 80.000 pesos y remitir copia de lo actuado al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de la Magistratura tendría que intervenir para determinar qué hace con su designación en General Pico, aprobada por el Senado (con el voto de todos los legisladores que representan a La Pampa, tanto oficialistas como opositores).

Escandalete y proceso

El procesamiento, sin prisión preventiva, establece que cometió los siguientes delitos mientras fue juez federal subrogante de Santa Rosa: abuso de autoridad, en concurso ideal con malversación de caudales públicos; en concurso real con abuso sexual simple en situación de violencia de género; en concurso real con daño en dos oportunidades que concurren entre sí; en concurso real con amenazas coactivas agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo en nueve oportunidades; en concurso material con amenazas coactivas agravadas por el mismo propósito que el caso anterior; en concurso real con amenazas simples en situación de violencia de género; en concurso real con amenazas reiteradas; en concurso real con amenazas con armas en dos oportunidades (una trincheta y una pistola); en concurso real con amenazas coactivas en situación de violencia de género; en concurso real con amenazas coactivas.

Charlín, quien estuvo representado por la abogada oficial Laura Armagno, negó en la indagatoria todos los delitos que se le imputaron. Pero su palabra no convenció al juez actuante, que fue Rodríguez Berdier -secretario del Tribunal Oral Federal- debido a que la jueza federal subrogante (Iara Silvestre) figura entre los denunciantes y víctimas.

Cuando tuvo que buscarle una explicación a semejante cantidad de denuncias, con coincidencias en los testimonios, Charlín consideró que es un asunto “multifactorial, yo hablo mucho sobre la tipología de liderazgo, dado que yo venía con una metodología del trabajo, siendo muy autoexigente, y que no tomé en cuenta las costumbres del lugar”.

Charlín fue protagonista el año pasado de un escandalete. El 9 de diciembre de 2013, el fiscal subrogante Jorge Bonvehí solicitó su indagatoria. Había sido denunciado por empleados y funcionarios cuando subrogó el cargo a partir de la enfermedad del juez Pedro Zabala, quien luego falleció.

La denuncia contra Charlín la presentaron una funcionaria y seis empleados del juzgado santarroseño ante el fiscal Juan José Baric.

El Diario LP