Confirmaron otra vez el procesamiento a Charlín
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/02/confirmaron-otra-vez-el-procesamiento.html
La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó un recurso para que el
procesamiento del juez federal José Charlín sea analizado por la Cámara
Nacional de Casación Penal. Al polémico juez ya le habían rechazado una apelación. Está procesado por múltiples delitos. Igual, aún el magistrado puede ir en queja (Foto Arch.: EL DIario LP)
La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó nuevamente el procesamiento del juez Federal de Pico, José Antonio Charlín, acusado de una serie de delitos por los empleados del juzgado de Santa Rosa, durante los meses que subrogó ese cargo. Los magistrados Ricardo Planes y Pablo Candisano Mera rechazaron el pasado 24 de febrero el recurso de casación que había presentado el polémico juez.
La cámara ya había confirmado el procesamiento. Pero el defensor del imputado, Gabriel Jarque, interpuso un recurso de casación. Sostuvo, en s íntesis “el hecho que su pupilo procesal sea quien se desempeñaba a cargo del Juzgado Federal de la Pampa, constituye una cuestión de gravedad institucional bastante y suficiente para habilitar el progreso formal del recurso” y que “todo procesamiento conlleva un perjuicio ulteriormente insalvable, derivado de las restricciones que esa medida trae aparejada, las cuales resultan del texto procesal ”. También mencionó que “el decisorio recurrido efectu ó una apreciaci ón parcial y fragmentada de las pruebas, que lo tornan arbitrario y lesivo de las reglas del debido proceso”.
La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó nuevamente el procesamiento del juez Federal de Pico, José Antonio Charlín, acusado de una serie de delitos por los empleados del juzgado de Santa Rosa, durante los meses que subrogó ese cargo. Los magistrados Ricardo Planes y Pablo Candisano Mera rechazaron el pasado 24 de febrero el recurso de casación que había presentado el polémico juez.
La cámara ya había confirmado el procesamiento. Pero el defensor del imputado, Gabriel Jarque, interpuso un recurso de casación. Sostuvo, en s íntesis “el hecho que su pupilo procesal sea quien se desempeñaba a cargo del Juzgado Federal de la Pampa, constituye una cuestión de gravedad institucional bastante y suficiente para habilitar el progreso formal del recurso” y que “todo procesamiento conlleva un perjuicio ulteriormente insalvable, derivado de las restricciones que esa medida trae aparejada, las cuales resultan del texto procesal ”. También mencionó que “el decisorio recurrido efectu ó una apreciaci ón parcial y fragmentada de las pruebas, que lo tornan arbitrario y lesivo de las reglas del debido proceso”.
Los camaristas respondiero que “es doctrina recibida que el auto de procesamiento no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos que justifique la admisibilidad de la v ía intentada ”.
“El recurrente se limita a expresar su simple discrepancia con el criterio seguido por el tribunal, sin acreditar un perjuicio actual de tard ía o imposible reparación ulterior; cuesti ón que no resulta casable. Menos a ún cuando se encuentra cumplido el doble conforme y el procesamiento fue dictado sin la contemporánea aplicación de prisi ón preventiva ”, manfiestaron.
“El recurrente se limita a expresar su simple discrepancia con el criterio seguido por el tribunal, sin acreditar un perjuicio actual de tard ía o imposible reparación ulterior; cuesti ón que no resulta casable. Menos a ún cuando se encuentra cumplido el doble conforme y el procesamiento fue dictado sin la contemporánea aplicación de prisi ón preventiva ”, manfiestaron.
Y completaron: “Tampoco demuestra la implicancia en el caso de alguna cuesti ón de índole federal que autorice habilitar la instancia. Pues si bien alega arbitrariedad de la decisi ón que pretende casar, basa el agravio en una distinta interpretaci ón de los hechos y valoraci ón de la prueba, que no logra rebatir lo decidido oportunamente, ni aporta nuevos argumentos que pongan en crisis lo ya
decidido por la casaci ón federal penal ”
El caso
Cabe recordar que Charlín fue designado como juez federal en General Pico fue procesado por múltiples delitos por el juez ad hoc Ignacio Rodríguez Berdier.
En una dura resolución se describió las irregularidades cometidas por Charlín, que incluyen -entre otras- el abuso sexual simple y la malversación de caudales públicos, además del abuso de autoridad y otros delitos.
La resolución dispuso un embargo por 80.000 pesos. El Consejo de la Magistratura tiene que intervenir para determinar qué hace con su designación en General Pico, aprobada por el Senado (con el voto de todos los legisladores que representan a La Pampa, tanto oficialistas como opositores).
El procesamiento, sin prisión preventiva, establece que cometió los siguientes delitos mientras fue juez federal subrogante de Santa Rosa: abuso de autoridad, en concurso ideal con malversación de caudales públicos; en concurso real con abuso sexual simple en situación de violencia de género; en concurso real con daño en dos oportunidades que concurren entre sí; en concurso real con amenazas coactivas agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo en nueve oportunidades; en concurso material con amenazas coactivas agravadas por el mismo propósito que el caso anterior; en concurso real con amenazas simples en situación de violencia de género; en concurso real con amenazas reiteradas; en concurso real con amenazas con armas en dos oportunidades (una trincheta y una pistola); en concurso real con amenazas coactivas en situación de violencia de género; en concurso real con amenazas coactivas.
Charlín negó en la indagatoria todos los delitos que se le imputaron. Pero su palabra no convenció al juez actuante. Rodríguez Berdier -secretario del Tribunal Oral Federal- actuó en la causa debido a que la jueza federal subrogante (Iara Silvestre) figura entre los denunciantes y víctimas.
Cuando tuvo que buscarle una explicación a semejante cantidad de denuncias, con coincidencias en los testimonios, Charlín consideró que es un asunto “multifactorial, yo hablo mucho sobre la tipología de liderazgo, dado que yo venía con una metodología del trabajo, siendo muy autoexigente, y que no tomé en cuenta las costumbres del lugar”.
El procesado fue protagonista el año 2013 de un escandalete en el ámbito de la Justicia Federal en la provincia. El juez federal de Pico había sido denunciado por empleados y funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Santa Rosa cuando subrogó el cargo a partir de la enfermedad del juez Pedro Zabala, quien luego falleció. Fue apartado luego de que los empleados lo denunciaran por maltratos, amenazas con arma de fuego y acoso.
Un paro de la mayoría de los empleados del Juzgado desembocó en su suspensión. Asumió entonces Silvestre, secretaria del Juzgado y una de las denunciantes.
La denuncia contra Charlín la presentaron una funcionaria y seis empleados del Juzgado santarroseño ante el fiscal Juan José Baric. Éste pidió el apartamiento del acusado y la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido.
En la denuncia, entre otros hechos, los empleados relataron un incidente en el que, totalmente desequilibrado, Charlín le pidió el arma a un custodio, tomó posición de tiro y pidió que ingrese al despacho una de las empleadas: “Decile que venga, que le doy entre las cejas”.
Además, denunciaron que filtró información de allanamientos y asesoró a los imputados en el caso de trata de personas de Lonquimay. También hubo una acusación por malos tratos hacia el personal.
Silvestre (actualmente jueza subrogante) denunció que en varias oportunidades se sintió acosada por los comentarios que Charlín hacía sobre su físico, a tal punto que solicitó al personal que se desempeña junto a ella que no la dejara sola con el juez.
El Diario LP | iTextual
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