Santa Rosa | Denunciaron a un comisario por no actuar ante la venta de droga en un colegio secundario

La vicedirectora de una escuela descubrió que el alumno había recibido un porro. Fue a la Primera, pero el comisario Torreani no la tomó la denuncia porque no tenía “efectivos, motos ni nada”.

La Cámara Federal de Bahía Blanca reclamó a la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, que resuelva la situación judicial del comisario Temístocles Hilario Torreani, que fue denunciado e indagado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por no tomar la denuncia a una vicedirectora de un colegio secundario de Santa Rosa que descubrió que un joven en bicicleta le había entregado marihuana a un estudiante en la puerta del establecimiento.

La Cámara bahiense firmó el pasado 5 de febrero una resolución en la que descartó un pedido de nulidad de pruebas que realizó el fiscal Juan José Baric y retó a la jueza Silvestre por la demora en tomar una definición, es decir, procesar o sobreseer al comisario. Torreani, que era jefe de la Seccional Primera (actualmente cumple funciones en el área de Personal de la Jefatura), ya fue indagado a principios del año pasado.

Después del reto, en el Juzgado Federal de Santa Rosa estimaron que, a más tardar la semana próxima, se tomará una decisión. El año pasado la eventual comercialización de droga en la entrada de los colegios de General Pico generó una fuerte controversia entre la fuerza policial, que dejó trascender la preocupación de los directivos de las instituciones, y las autoridades de Gobierno, que negaron que hubiese existido un planteo desde los colegios. La denuncia contra Torreani se produjo en septiembre de 2013, pero recién trascendió ahora.

“Ni efectivos, ni motos... nada”

Torreani era el jefe de la Seccional Primera de Santa Rosa en septiembre de 2013, cuando la vicedirectora del Colegio Secundario Arturo Illia -ubicado en Belgrano e Illia- recibió el alerta de un padre que observó que un joven en bicicleta hacía un “pasamanos” con un estudiante en la puerta del establecimiento. Cuando intervino, la directiva descubrió que el alumno había recibido un porro de marihuana.

La vicedirectora se dirigió a la Primera para denunciar el hecho. Según denunció al otro día en la Fiscalía, el comisario Torreani no quiso tomar la denuncia ni actuar ante el caso porque “no tenía efectivos, ni motocicletas, ni nada”. El uniformado tampoco habría iniciado actuaciones de oficio, notificando a la jueza o al fiscal, ante la exposición que presentó el padre del menor afectado.

Torreani fue indagado el 11 de abril del año pasado. En su declaración, adujo, primero, que la vicedirectora no cumplió con la normativa de Educación que establece la obligación de llamar al 101 de la Policía para que los uniformados concurran de manera inmediata ante el caso de un supuesto ilícito. En segundo término, se escudó en que habría comunicado los dichos de la directiva a la División de Toxicomanía de la Policía.

La investigación quedó delegada en principio en el fiscal Juan José Baric. El funcionario judicial pidió el procesamiento del jefe policial luego de rechazar dos medidas de prueba presentadas por el abogado que defiende al acusado, para intentar corroborar su estrategia defensiva, una copia de la reglamentación de Educación aludida en la indagatoria, y la citación del comisario Luis Blanco, a cargo de Toxicomanía en el momento del hecho.

La jueza Silvestre, en lugar de resolver el procesamiento, decidió reasumir la investigación, haciendo lugar a las medidas pedidas por la defensa del comisario con el argumento de resguardar el derecho de defensa. El 9 de septiembre del año pasado declaró Blanco en el Juzgado y ese mismo mes se agregó la documentación que envió el Ministerio de Educación.

El entredicho entre la jueza y Baric provocó, entonces, un pedido de nulidad de lo actuado presentado por el fiscal que acusó a Silvestre de “arbitrariedad por falta de motivación”. “Agravia particularmente a esta parte que pueda considerarse exculpatorio para el imputado la forma en que se haya conducido la denunciante. Sin importar cuáles sean las instrucciones para los directivos de escuelas en relación a hechos delictivos, subsiste la obligación de Torreani de recibir declaración a quienes se presentan a formalizar una denuncia y comunicar la situación a los magistrados competentes”, planteó Baric en el recurso.

Reto a Silvestre

En la resolución del planteo de nulidad, los jueces de la Cámara bahiense, Luis Montezanti y Ricardo Emilio Planes, respondieron que “la cuestión planteada ha devenido abstracta” en tanto que en el Juzgado ya recibieron las pruebas a las que el Ministerio Público se resistía. A eso se suma que el 17 de octubre del año pasado la causa pasó a despacho para resolver.

De todos modos, los jueces manifestaron que “cabe llamar la atención sobre lo advertido por el representante del Ministerio Público en punto a la demora en que se está incurriendo en la resolución de la etapa preliminar”. “Basta indicar, para demostrar lo advertido y más allá de la necesidad o no de la prueba- hace más de dos meses hábiles, que los autos pasaron a despacho para resolver”.

Por eso decidieron “instar seriamente a la jueza, en casos como el presente, a ajustar el trámite a las normas vigentes”.
 

El Diario LP