El Gobierno desclasificó los archivos del atentado a la Embajada de Israel
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MIRÁ EL VIDEO La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó "la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia" relacionados con el atentado contra la embajada de Israel, luego de que ayer que se lo pidiera la Corte Suprema de Justicia. (Foto Arch.: Infobae)
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la desclasificación de “la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia" relacionados con el atentado contra la Embajada de Israel, luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia realizara un pedido formal en ese sentido.
Así lo hizo la mandataria a través del Decreto 529/2015, publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, pero firmado ayer, en la misma jornada en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó esa medida merced a un planteo de sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992.
De esta forma, la mandataria cumplió con el compromiso que había asumido con los sobrevivientes y familiares en marzo pasado, cuando, en ocasión de un nuevo aniversario del atentado, se reunió con ellos y les garantizó que, cuando el Máximo Tribunal lo requiriera, procedería a la desclasificación de los archivos vinculados con la voladura de la sede de la embajada, que dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.
La reunión de la mandataria con los sobrevivientes y familiares de las víctimas se había producido en un escenario signado por el contrapunto que habían mantenido los días previos el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la investigación de ese atentado, luego de que el titular del máximo tribunal dijo que el ataque a la embajada era "cosa juzgada".
La apertura de estos archivos se suma a otras dos decisiones en el mismo sentido tomadas en el último mes por el gobierno nacional: la primera, la desclasificación de la documentación referida a la investigación del atentado a la AMIA oficializada el 13 de marzo pasado; en tanto, la segunda, fue la apertura de archivos de la guerra de Malvinas obrantes en las Fuerzas Armadas, formalizada el lunes último.
En el decreto 529/2015 publicado en el Boletín Oficial, la mandataria instruyó a la flamante Agencia Federal de Inteligencia para que, “previo análisis, remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado" que el 17 de marzo de 1992 destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires.
“Conforme solicita la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el oficio de fecha 8 de abril de 2015, en relación a la causa S.143. XXIV 'Sumario instruido en la Comisaría 15° por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño con motivo del atentado a la Embajada de Israel' suscripto por el Presidente del aludido Alto Tribunal, dispónese la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia relacionados con el mencionado atentado”, ordena la medida oficializada hoy.
Para cumplir con ese fin, la norma -firmada por la Presidenta y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- instruye “a la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación para que, previo análisis, remita a la Corte de Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado”.
“Ni bien la Corte lo solicite, se procederá de igual forma que en la causa AMIA”, había asegurado el 19 de marzo pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de su cuenta en la red social Twitter.
Allí, consignó la respuesta que le había dado a uno de los integrantes de la comitiva de sobrevivientes y familiares de víctimas de la voladura del edificio diplomático que había recibido dos días antes, ante la pregunta de si era posible desclasificar los archivos del atentado que precedió al ataque contra la mutual judía.
“Seguramente las querellas formularán la solicitud a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que tiene la responsabilidad de llevar adelante la causa Embajada con competencia originaria y exclusiva”, había señalado en esa oportunidad la jefa de Estado.
El tema volvió a instalarse en la agenda pública cuando, en su último discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la Presidenta criticó a la Corte Suprema por la falta de avances en la investigación del atentado.
“¿Sabe alguien, alguien le puede informar a esta Presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la embajada de Israel, quiénes son los condenados, cuáles son los procesados, qué fue lo que pasó? ¿Me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la embajada y sí reclama por la AMIA, que no me molesta que reclame por la AMIA?”, disparó la mandataria en esa oportunidad.
La respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia no tardó en llegar y dos días después, en su discurso de apertura del año judicial, el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, dijo que se trataba de “cosa juzgada”.
“Simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 199, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay sentencia”, aseguró en ese contexto Lorenzetti, quien indicó que, por ese motivo, ese cuerpo supuestamente no podía “modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada”.
La afirmación del titular de la Corte Suprema desató inmediatamente réplicas que incluyeron la del ex miembro del Máximo Tribunal Agusto Belluscio, quien afirmó que “de ninguna manera se puede hablar de cosa juzgada”.
Ante la polémica generada por esa afirmación, un día más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe que detallaba el estado de la causa, en el que, sobre el final, se señalaba que “está probada la materialidad de los hechos –cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores”.
En ese sentido, el documento señalaba que “sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional”.
Télam
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la desclasificación de “la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia" relacionados con el atentado contra la Embajada de Israel, luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia realizara un pedido formal en ese sentido.
Así lo hizo la mandataria a través del Decreto 529/2015, publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, pero firmado ayer, en la misma jornada en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó esa medida merced a un planteo de sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992.
De esta forma, la mandataria cumplió con el compromiso que había asumido con los sobrevivientes y familiares en marzo pasado, cuando, en ocasión de un nuevo aniversario del atentado, se reunió con ellos y les garantizó que, cuando el Máximo Tribunal lo requiriera, procedería a la desclasificación de los archivos vinculados con la voladura de la sede de la embajada, que dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.
La reunión de la mandataria con los sobrevivientes y familiares de las víctimas se había producido en un escenario signado por el contrapunto que habían mantenido los días previos el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la investigación de ese atentado, luego de que el titular del máximo tribunal dijo que el ataque a la embajada era "cosa juzgada".
De esta forma, Cristina cumplió con el compromiso que había asumido con los sobrevivientes y familiares cuando, en ocasión de un nuevo aniversario del atentado, les garantizó que, cuando la Corte lo requiriera, procedería a la desclasificación de los archivos
La apertura de estos archivos se suma a otras dos decisiones en el mismo sentido tomadas en el último mes por el gobierno nacional: la primera, la desclasificación de la documentación referida a la investigación del atentado a la AMIA oficializada el 13 de marzo pasado; en tanto, la segunda, fue la apertura de archivos de la guerra de Malvinas obrantes en las Fuerzas Armadas, formalizada el lunes último.
En el decreto 529/2015 publicado en el Boletín Oficial, la mandataria instruyó a la flamante Agencia Federal de Inteligencia para que, “previo análisis, remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado" que el 17 de marzo de 1992 destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires.
“Conforme solicita la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el oficio de fecha 8 de abril de 2015, en relación a la causa S.143. XXIV 'Sumario instruido en la Comisaría 15° por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño con motivo del atentado a la Embajada de Israel' suscripto por el Presidente del aludido Alto Tribunal, dispónese la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia relacionados con el mencionado atentado”, ordena la medida oficializada hoy.
Para cumplir con ese fin, la norma -firmada por la Presidenta y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- instruye “a la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación para que, previo análisis, remita a la Corte de Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado”.
“Ni bien la Corte lo solicite, se procederá de igual forma que en la causa AMIA”, había asegurado el 19 de marzo pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de su cuenta en la red social Twitter.
Allí, consignó la respuesta que le había dado a uno de los integrantes de la comitiva de sobrevivientes y familiares de víctimas de la voladura del edificio diplomático que había recibido dos días antes, ante la pregunta de si era posible desclasificar los archivos del atentado que precedió al ataque contra la mutual judía.
“Seguramente las querellas formularán la solicitud a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que tiene la responsabilidad de llevar adelante la causa Embajada con competencia originaria y exclusiva”, había señalado en esa oportunidad la jefa de Estado.
El tema volvió a instalarse en la agenda pública cuando, en su último discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la Presidenta criticó a la Corte Suprema por la falta de avances en la investigación del atentado.
“¿Sabe alguien, alguien le puede informar a esta Presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la embajada de Israel, quiénes son los condenados, cuáles son los procesados, qué fue lo que pasó? ¿Me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la embajada y sí reclama por la AMIA, que no me molesta que reclame por la AMIA?”, disparó la mandataria en esa oportunidad.
La respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia no tardó en llegar y dos días después, en su discurso de apertura del año judicial, el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, dijo que se trataba de “cosa juzgada”.
“Simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 199, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay sentencia”, aseguró en ese contexto Lorenzetti, quien indicó que, por ese motivo, ese cuerpo supuestamente no podía “modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada”.
La afirmación del titular de la Corte Suprema desató inmediatamente réplicas que incluyeron la del ex miembro del Máximo Tribunal Agusto Belluscio, quien afirmó que “de ninguna manera se puede hablar de cosa juzgada”.
Ante la polémica generada por esa afirmación, un día más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe que detallaba el estado de la causa, en el que, sobre el final, se señalaba que “está probada la materialidad de los hechos –cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores”.
En ese sentido, el documento señalaba que “sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional”.
Télam
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