Realicó | La Municipalidad tiene que pagar 300 mil pesos por un juicio laboral

Omar Orlando Cofré, un exinspector de tránsito, había denunciado al municipio porque lo dejaron sin trabajo después de pedir que le regularicen su situación laboral. Había prestado servicios entre 2005 y 2013.

La Municipalidad de Realicó fue sentenciada a pagar unos 300 mil pesos a partir de la demanda iniciada por un extrabajador que se desempeñaba como inspector municipal.

El fallo se dio a conocer días atrás, según informó el sitio Impacto Realicó, y favoreció a Omar Orlando Cofré, quien promovió una demanda laboral contra el municipio a quien le reclamó la suma de 219.498,65 pesos por “despido y deficiente registración laboral”.

Según relató Cofré, comenzó a trabajar en la Municipalidad el 1º de diciembre de 2005 como inspector de tránsito con una jornada de “lunes a lunes”.

El fallo de la jueza de Primera Instancia en lo Laboral de la II Circunscripción Laboral, Laura Rosa Juan, tiene fecha del 8 de abril e hizo lugar a la demanda interpuesta condenando a la municipalidad a pagar “en el término de diez días de notificada la condena” la suma de unos 300 mil pesos, donde se suman las costas a la cifra de la denuncia.

Pero como desde el municipio nunca se presentó nadie a realizar el pago que indica el fallo, el mismo podría sufrir el embargo de un bien público en los próximos días.

Los hechos

La causa fue iniciada por un extrabajador que realizó distintas tareas hasta mediados del 2013, momento en que quedó cesante luego de realizar un reclamo de regulación legal de su situación laboral, primero verbalmente y luego a través de una carta documento.

En la denuncia, Cofré contó que pidió una audiencia con el intendente Facundo Sola para hablar sobre su situación laboral para ser regularizado. El pedido que no fue atendido y al presentarse a cobrar el salario del mes de junio, el secretario de Coordinación y Finanzas le abonó diciéndole que “no hay aguinaldo para nadie” y que al día siguiente (2 de julio) no se presente a trabajar “porque no se le renovaba el contrato”. Cuando se presentó a cumplir su jornada laboral de la tarde, a la hora 17, encontró que a su oficina le habían cambiado la cerradura.

El municipio, en su descargo, rechazó el reclamo considerando las intimaciones y telegramas cursados “improcedentes, falsos y malintencionados”. Y argumentaron que Cofré fue cesado porque se le terminó el contrato, que no fue renovado ni extendido.

Cofré presentó varios testigos, además de documentación como la facturación entregada al municipio y notas de relación de trabajo, entre otras.

El fallo

En los argumentos de la resolución de la jueza, la magistrada concluyó que Cofré “no era un empleado público, ni tenía los atributos de esa condición por haber sido contratado para realizar tareas transitorias propias de los empleados permanentes por razones de excepcionalidad”

“Al no quedar encuadrado bajo la normativa del derecho público municipal, la vinculación debe regirse por la normas del derecho privado”, indicó la jueza. Y remarcó que la relación laboral “ha conformado solo una apariencia que intenta disimular la realidad laboral oculta”.

EL Diario LP