General Pico | CORPICO: cuatro imputados a un paso de zafar
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/06/general-pico-corpico-cuatro-imputados.html
Los cuatro acusados del robo a la cooperativa piquense podrían acceder al beneficio de la probation, con el aval de la Fiscalía. Ofrecieron, a modo de reparación del daño causado, 5 mil pesos (cada uno) y dos años de trabajo comunitario.Relacionada
La audiencia judicial para evaluar el pedido de suspensión de juicio a prueba se desarrolló ayer en el Palacio de Tribunales de esta ciudad. El mismo fue solicitado por cuatro de los cinco acusados de participar en el robo de las cajas fuertes de CORPICO, pero también impulsado por la Fiscalía. El Tribunal integrado por los jueces Fabricio Losi, Carlos Pellegrino y Florentino Rubio deberá ahora decidir si otorga o no dicho beneficio.
Los cuatro acusados de “robo agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda”, que podrían acceder a dicho beneficio por no contar con antecedentes, ofrecieron a modo de reparación del daño causado 5 mil pesos (cada uno) y dos años de trabajo comunitario.
La Querella, cuya opinión no es vinculante, se opuso al mencionado beneficio por considerar la oferta económica irrisoria, porque “no cubre ni el 10% de lo robado”, pero también remarcó que se trata de un delito “muy grave”, que afectó a todos los piquenses como asociados de CORPICO, y por lo tanto, no debiera aplicarse este beneficio a los acusados. Por lo cual, pidió llegar al juicio oral y público.
Después de más de 3 años de investigación y una decena de detenidos que concluyó con solo 5 imputados, de otorgarse la probation, la gran mayoría de los sospechosos podrían quedar sin ningún antecedente si cumplen con las condiciones eventualmente impuestas. El único acusado que no podrá acceder a la suspensión de juicio a prueba, porque ya cuenta con una condena, es Samuel Orellano, a quien se lo señala como el cerebro de la banda.
Los cuatro imputados que pidieron la probation son Santiago Romano, representado por el abogado Sergio Fresco; Carlos Alberto Fernández y Gastón Alejandro Fernández, padre e hijo asistidos por el defensor oficial Walter Vaccaro; y Roberto Carlos Sosa, representado por Armando Agüero.
La fiscal que investigó el caso y también impulsa la suspensión de juicio a prueba es Ivana Hernández, mientras que la Querella está en manos del abogado Ezequiel Marquesoni.
Las partes expusieron sus fundamentos para la alternativa que contempla el CPP, para que los jueces a cargo, finalmente, den a conocer el próximo 9 de junio al mediodía si aceptan la probation, o consideran que el caso debe dilucidarse en un juicio oral y público.
Llamó la atención que, en sus fundamentos durante la audiencia, la fiscala Hernández remarcara en varias oportunidades “los derechos de los imputados”, siendo quien representa los intereses de la sociedad y del damnificado, CORPICO en este caso.
El Diario le preguntó sobre dicha situación a Hernández, quien justificó que “yo represento a la sociedad, pero también es cierto que nosotros ejercemos el control de legalidad sobre todos los actos procesales. Si yo tengo una norma que me establece un beneficio de suspensión de juicio a prueba, yo tendría que evaluar y fundamentar mucho más el rechazo que la concesión, porque de hecho, hubo casos donde se impugnaron rechazos de suspensión de juicio a prueba cuando la posición del fiscal no es fundada”.
El Diario LP
Los cuatro acusados de “robo agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda”, que podrían acceder a dicho beneficio por no contar con antecedentes, ofrecieron a modo de reparación del daño causado 5 mil pesos (cada uno) y dos años de trabajo comunitario.
La Querella, cuya opinión no es vinculante, se opuso al mencionado beneficio por considerar la oferta económica irrisoria, porque “no cubre ni el 10% de lo robado”, pero también remarcó que se trata de un delito “muy grave”, que afectó a todos los piquenses como asociados de CORPICO, y por lo tanto, no debiera aplicarse este beneficio a los acusados. Por lo cual, pidió llegar al juicio oral y público.
Después de más de 3 años de investigación y una decena de detenidos que concluyó con solo 5 imputados, de otorgarse la probation, la gran mayoría de los sospechosos podrían quedar sin ningún antecedente si cumplen con las condiciones eventualmente impuestas. El único acusado que no podrá acceder a la suspensión de juicio a prueba, porque ya cuenta con una condena, es Samuel Orellano, a quien se lo señala como el cerebro de la banda.
Los cuatro imputados que pidieron la probation son Santiago Romano, representado por el abogado Sergio Fresco; Carlos Alberto Fernández y Gastón Alejandro Fernández, padre e hijo asistidos por el defensor oficial Walter Vaccaro; y Roberto Carlos Sosa, representado por Armando Agüero.
La fiscal que investigó el caso y también impulsa la suspensión de juicio a prueba es Ivana Hernández, mientras que la Querella está en manos del abogado Ezequiel Marquesoni.
Las partes expusieron sus fundamentos para la alternativa que contempla el CPP, para que los jueces a cargo, finalmente, den a conocer el próximo 9 de junio al mediodía si aceptan la probation, o consideran que el caso debe dilucidarse en un juicio oral y público.
Satisfecha
Tras la audiencia, la fiscala Hernández aseguró estar satisfecha con la investigación, aunque reconoció que “faltaron algunas cuestiones que no se pudieron probar en término, por un montón de sucesos posteriores que el Ministerio Público Fiscal tuvo que atender luego de este hecho, y que impidieron que se le pueda brindar a este caso una dedicación exclusiva”.Llamó la atención que, en sus fundamentos durante la audiencia, la fiscala Hernández remarcara en varias oportunidades “los derechos de los imputados”, siendo quien representa los intereses de la sociedad y del damnificado, CORPICO en este caso.
El Diario le preguntó sobre dicha situación a Hernández, quien justificó que “yo represento a la sociedad, pero también es cierto que nosotros ejercemos el control de legalidad sobre todos los actos procesales. Si yo tengo una norma que me establece un beneficio de suspensión de juicio a prueba, yo tendría que evaluar y fundamentar mucho más el rechazo que la concesión, porque de hecho, hubo casos donde se impugnaron rechazos de suspensión de juicio a prueba cuando la posición del fiscal no es fundada”.
El Diario LP
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments