Provinciales | Impulsan eliminación de fueros y privilegios

El diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam) presentó proyecto de ley para la eliminación de los fueros y privilegios que benefician a los legisladores, funcionarios y magistrados sujetos a desfuero, remoción o juicio político.

El artículo 1° del proyecto establece que cuando por parte de un juez provincial se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un diputado, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión.

Para hacer efectiva alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto prevista en el artículo 63° de la Constitución Nacional, será necesario proceder a la separación del cargo del diputado, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político. Sin perjuicio de ello, la sustanciación del trámite de remoción no detendrá el progreso del proceso judicial, que deberá seguir adelante hasta su total conclusión.

La iniciativa presentada por Berhongaray prevé que el tribunal competente solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida.

La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Cámara de Diputados, la que deberá emitir dictamen, en un plazo que no exceda los 60 días.

El proyecto aclara que si un diputado hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 63° de la Constitución Provincial, el tribunal competente pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho a la Cámara de Diputados de la Provincia, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero.

Para el caso de denegar la Cámara de Diputados el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador, prosiguiéndose la investigación penal hasta su total conclusión.

"La presente iniciativa pretende instalar como regla general que el desafuero, la destitución y el juicio político constituyen un paso previo sólo cuando sea necesario disponer la privación de la libertad física del acusado, más nunca podrán representar un impedimento para el avance de la investigación judicial y la adopción de una decisión (condenatoria o absolutoria) por parte del tribunal competente", fundamentó Berhongaray.

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