Causa Hotesur | Piden la indagatoria de Cristina y Máximo

Lo solicitó al juez federal Daniel Rafecas, la diputada nacional Margarita Stolbizer. Es en el marco del caso por presunto lavado de dinero.



Cristina y Máximo están acusados de presunto lavado de dinero. La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, pidió hoy la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández y de su hijo Máximo Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero de la empresa Hotesur.

Fuentes judiciales informaron que en su rol de pretensa querellante Stolbizer solicitó que el juez federal Daniel Rafecas los cite a prestar declaración indagatoria.

El pedido de la legisladora, quien busca ser querellante en la causa, fue hecho ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

Además, la ex candidata presidencial pidió las indagatorias de los empresarios Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, este último socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de Río Gallegos.

Según la diputada, Sanfelice compró las acciones de Hotesur en noviembre de 2008 en comisión y tres días después firmó un contrato con Valle Mitre S.A., del empresario Báez para la administración del hotel Alto Calafate.

"La riqueza Lázaro Báez creció en forma desmesurada durante los años que gerencia el Hotel de Kirchner. Y también en simultáneo su fortuna encuentra origen en los contratos de concesión de obras públicas que los mismos funcionarios, el matrimonio, -ejerciendo de manera consecutiva la Presidencia de la Nación- le otorgaron", acusó Stolbizer.

Además, señaló que paralelamente "los empresarios eran beneficiados con obra pública, los balances de las sociedades de los Kirchner declaran a las empresas de los beneficiados contratistas como acreedores y deudores de importantes sumas de dinero".

"Siempre intervienen las mismas empresas en el giro comercial de los Kirchner y justifican los magníficos ingresos de los Kirchner durante los últimos años", añadió la líder del GEN.

En ese sentido, acusó que existió una "enmarañada operatoria" para "intentar justificar el ingreso del dinero generado por la corrupción, de tal manera que pareciera un negocio legal sobre el cual se pagaran impuestos por un dinero que había perdido en el camino sus oscuros orígenes".

Mientras tanto, resta que la Cámara de Casación Penal defina un planteo en el cual algunas defensas pretenden que el caso se investigue en la justicia federal de Río Gallegos, lo que previamente había sido rechazado por la Cámara Federal y el juez Rafecas.

 

 

Cadena3