Declaran inconstitucional las designaciones en la Corte

Se trata de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes fueron elegidos por el Presidente para integrar el máximo tribunal. El fallo fue resuelto por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. (Foto: Cadena3)





Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los vocales designados por el Presidente. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decretó la inconstitucionalidad por decreto y en comisión de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema tal cual dispuso el Gobierno Nacional.

Así lo resolvió el juez al invalidar la designación de ambos juristas hechos por el presidente Mauricio Macri, y ordenó a la Corte que se abstenga de tomarles juramento.

Se trata de una medida cautelar interina resuelta por el magistrado, quien corrió vista al Poder Ejecutivo para que argumente la decisión, y que podría volver a resolver en función de la respuesta a la par que tramita la apelación del fallo que se conoció hoy.

"Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República", dijo el juez en su fallo al que accedió NA.

Este amparo, al cual se suman otros presentados en distintos puntos del país, es a raíz de la presentación que hizo el ciudadano Mariano José Orbaiceta, con el patrocinio de la abogada Lorena Herrera.

Concretamente, reclamó la nulidad del Decreto número 83/2015 "publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre pasado, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional".

Para el juez, existe "gravedad institucional" en el caso y la "urgencia" está dada porque para comenzar a trabajar, a ambos jueces designados sólo resta que les tome juramento la Corte Suprema, algo que según trascendió será en febrero tras la feria judicial de enero.

En ese sentido, el juez aclaró que lo trascendido oficialmente luego de las reuniones entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti respecto al momento de la toma de la jura y el tratamiento que habrá por parte del Senado sobre la viabilidad de ambas designaciones, "no eliminan el riesgo de que esta situación irregular se consolide con grave riesgo para la República".

Ramos Padilla citó precedentes de la propia Corte cuando declaró inválidos los conjueces designados por el Poder Ejecutivo para cubrir eventuales bacantes en la Corte Suprema de Justicia.

"El más alto tribunal recordó que para consolidar la independencia del Poder Judicial de la Nación y reforzar el equilibrio político que debe primar en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso los conjueces designados para integrarla de manera excepcional y en caso de vacancia, debían contar con el acuerdo y con las mayorías agravadas que requiere la Constitución", agregó.

Además, advirtió que de no impedir la designación se "estaría afectando" la división de poderes, el sistema republicano, los equilibrios que establece la Constitución Nacional y "se consolidaría un sistema en el que primarían los posibles favoritismos presidenciales sin ninguna clase de control u objeción posible".

"Tampoco resulta válido acudir y equiparar la situación actual con precedentes de hace más de tres décadas utilizados para designar lo que la Constitución Nacional denomina "jueces inferiores", sostuvo el juez, a la par que recordó que los principales juristas se han opuesto a la medida adoptada por el presidente Macri.

Por último, aclaró que "a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta".

 

 

Cadena3