Jujuy | Allanaron el domicilio de Milagro Sala y las oficinas de la Tupac Amaru

La medida pedida por la fiscal Liliana Fernández de Montiel se da en el marco de una denuncia que presentó el gobernador Gerardo Morales por la presunta apropiación de 29 millones de pesos por parte de la detenida dirigente social.  (Foto: Télam)

La casa de Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña y la oficina de una cooperativa en Alto Comedero fueron allanados hoy por orden del juez Gastón Mercau, a cargo de la causa por la que está detenida desde hace once días la dirigente político-social de Jujuy y diputada del Parlasur.

Sala fue detenida el 16 de enero con imputaciones penales a raíz de un acampe en plaza Belgrano con el que trabajadores de cooperativas de la Tupac Amaru y otras agrupaciones de la Red de Organizaciones Sociales, que ella lidera, reclaman desde hace más de 40 días diálogo al gobernador Gerardo Morales.

No obstante, los allanamientos de esta mañana fueron pedidos por la fiscal Liliana Fernández Montiel y ordenados por Mercau en el marco de una nueva causa en los que Sala y otras personas, entre ellas presidentes de cooperativas y una legisladora provincial, están imputados por fraude a la administración pública y asociación ilícita, según informaron fuentes judiciales.

Los allanamientos comenzaron esta mañana pasadas las 7 y fueron realizados por integrantes de la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy, en busca de documentación en papel e informática que relaciones a Sala con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).

El pasado 18 de enero, el gobernador Morales formuló declaraciones en las que acusó Milagro Sala y "otros líderes de agrupaciones que se encuentran (acampando) en la plaza Belgrano" por el supuesto cobro irregular de cheques como anticipo de obras de construcción de viviendas sociales.

Entre los imputados por fraude a la administración pública se encuentran Olga Tufiño, Marcos Almasana, Alberto Cardozo, Juan Manuel Nieva, Javier Nieva, Damian Lacsi, Ramón Fernandez, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Salas, Marcelo Almasama, Marcia Sagardìa, Pablo Tolosa, Marta Gutierrez, Raúl Aguilera, Juan Manuel Aguilera, Lucio Abregú y Luis Corrado, informaron las mismas fuentes.

Por otra parte, Milagro Sala, Sagardía y la diputada provincial Mabel Balconte están también imputadas por los delitos de "asociación ilícita" y "extorsión", aseveraron.

En cambio, quedaron al margen de estas imputaciones los ediles José Bejarano, Leopoldo Basualdo y el diputado provincial Emilio Cayo, todos electos por las listas de Fuyo, el partido jujeño liderado por Milagro Sala, quienes están ligados a las cooperativas y participaban del acampe pero optaron luego por abandonar la plaza, se sacaron fotos con Morales y comenzaron a formular denuncias contra su ex aliada.

Según la fiscal Fernández de Montiel, los cooperativistas firmaron los convenios con el IVUJ por obras que "no se realizaron cuando ellos se comprometían a llevar a cabo la construcción de inmuebles y mejoras edilicias".

Según el expediente, "los convenios se ejecutaron de forma irregular, pues no se observaron los pasos previos ineludibles destinados a que la actividad esté reglada y controlada por el estado".

Antes de los allanamientos, abogados de la defensa de Milagro Sala habían señalado que la ejecución de los convenios de construcción de viviendas sociales a cargo de cooperativas afines a la Tupac Amaru y otras organizaciones fue verificada en esto años, sin observaciones, por la Auditoría General de la Nación a cargo del radical Leandro Despouy.

En paralelo al desarrollo de los allanamientos, la Tupac Amaru dijo que abarcaban domicilios de personas que permanecían en el acampe y sobre la base de nuevas denuncias que las implicaban y de las que tomaban conocimiento "por los medios de prensa y no por notificaciones judiciales".

Según un comunicado de la organización, "esto forma parte de la continuidad de un accionar irregular que lleva adelante la justicia provincial cooptada por el gobernador Gerardo Morales" y sin brindar "garantías constitucionales básicas como la defensa en juicio y el debido proceso". 

 

 

Télam