Provinciales | Diputado Solana exige que se sancionen a empresas por los derrames en el Colorado
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/01/provinciales-diputado-solana-exige-que.html
El diputado provincial Luis Solana (FrePam) pedirá al gobierno provincial que haga cumplir la resolución del Defensor del Pueblo de la Nación, quien exigió que el COIRCO (Comité Interjuridisccional del Río Colorado) pueda sancionar a las empresas que contaminan el medio ambiente y que había sido desoída por la anterior gestión provincial. En un año hubo más de 1600 derrames de hidrocarburos en el río. (Foto Arch.: El Diario LP)
Solana recordó que actualmente el COIRCO no tiene esa facultad, aunque puede inspeccionar a las firmas petroleras. El Defensor del Pueblo de la Nación, había dictaminado que se avanzara con esta cuestión en su resolución 19/14, y se la había comunicado al gobernador Oscar Mario Jorge, a Nación y al COIRCO, pero nunca se concretó.
El fallo firmado por el secretario general del organismo, Carlos Guillermo Haquim, había determinado que esto es necesario ya que durante un año se midió oficialmente que hubo al menos 1.612 derrames hidrocarburíferos en esa cuenca.
El legislador ahora ingresará la resolución a la Legislatura para que tomen conocimiento el resto de los diputados y para que el Poder Ejecutivo pueda impulsarla en la próxima reunión del COIRCO.
El gobernador Carlos Verna había reclamado días atrás al Ministerio del Interior que reúna a ese comité que integran La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires por el desarrollo del proyecto Potasio Río Colorado. Poco después se conoció la noticia de un nuevo derrame de petróleo en la cuenca.
El fallo del Defensor del Pueblo, que no había sido conocido públicamente, se dictó luego que Solana presentara en 2013 una demanda junto a las legisladoras patagónicas Beatriz Kreitman de Neuquén y Magdalena Odarda de Río Negro.
Los legisladores patagónicos habían solicitado la intervención del Defensor del Pueblo por los derrames de petróleo ocurrido en esa cuenca que habían causado un fuerte impacto ambiental y vulneraciones a los derechos de sus habitantes. Los casos se produjeron en los pozos de los yacimientos Puesto Hernández y Desfiladero Bayo y las inspecciones determinaron que los derrames habían tenido como causa la corrosión interna o externa de las instalaciones. En ese momento COIRCO tomó intervención y pidió medidas a las empresas Petrobras e YPF pero los "derrames de petróleo continuaron en los mencionados yacimientos", indicó la resolución.
El Defensor del Pueblo estableció que durante un año, el 2013, en toda la cuenca del río Colorado se denunciaron 1.612 incidentes relacionados con derrames de hidrocarburos entre los yacimientos Desfiladero Bayo, Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra, los más importantes, entre los casi 70 yacimientos que operan en la cuenca alta.
En total se habían derramado 5.335 m3 de fluido, de los cuales 426 m3 fueron hidrocarburos totales de petróleo y 4.909 m3 correspondieron a agua de producción e inyección.
Así, la resolución 19/14 estableció: "Estos incidentes deterioran el recurso hídrico, afectando las actividades económicas que dependen del mismo y la salud de las poblaciones aledañas" y que "los cuerpos de agua tales como el río Colorado son extremadamente sensibles a los derrames de petróleo, ya que estos generan impacto en todo tipo de organismos".
El Defensor del Pueblo ante este caso recordó que en el COIRCO se constituyó en 1997 una Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) conjuntamente con la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en la cuenca. Esta comisión ejerce funciones referentes a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de la cuenca del río Colorado, verificando técnicamente las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos para evitar incidentes. Puede labrar actas de infracción y realizar imputaciones a las empresas, aunque no sanciones, que quedan en manos de Nación.
Por eso el organismo exhortó en su fallo a los gobernadores de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y al ministro del Interior y Transporte de la Nación, miembros del COIRCO a que "adopten las medidas pertinentes para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito jurisdiccional de la cuenca". Sin embargo, esto nunca se cumplió, dijo Luis Solana.
iTextual | EL DIario LP
Solana recordó que actualmente el COIRCO no tiene esa facultad, aunque puede inspeccionar a las firmas petroleras. El Defensor del Pueblo de la Nación, había dictaminado que se avanzara con esta cuestión en su resolución 19/14, y se la había comunicado al gobernador Oscar Mario Jorge, a Nación y al COIRCO, pero nunca se concretó.
El fallo firmado por el secretario general del organismo, Carlos Guillermo Haquim, había determinado que esto es necesario ya que durante un año se midió oficialmente que hubo al menos 1.612 derrames hidrocarburíferos en esa cuenca.
El legislador ahora ingresará la resolución a la Legislatura para que tomen conocimiento el resto de los diputados y para que el Poder Ejecutivo pueda impulsarla en la próxima reunión del COIRCO.
El gobernador Carlos Verna había reclamado días atrás al Ministerio del Interior que reúna a ese comité que integran La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires por el desarrollo del proyecto Potasio Río Colorado. Poco después se conoció la noticia de un nuevo derrame de petróleo en la cuenca.
El fallo del Defensor del Pueblo, que no había sido conocido públicamente, se dictó luego que Solana presentara en 2013 una demanda junto a las legisladoras patagónicas Beatriz Kreitman de Neuquén y Magdalena Odarda de Río Negro.
Los legisladores patagónicos habían solicitado la intervención del Defensor del Pueblo por los derrames de petróleo ocurrido en esa cuenca que habían causado un fuerte impacto ambiental y vulneraciones a los derechos de sus habitantes. Los casos se produjeron en los pozos de los yacimientos Puesto Hernández y Desfiladero Bayo y las inspecciones determinaron que los derrames habían tenido como causa la corrosión interna o externa de las instalaciones. En ese momento COIRCO tomó intervención y pidió medidas a las empresas Petrobras e YPF pero los "derrames de petróleo continuaron en los mencionados yacimientos", indicó la resolución.
El Defensor del Pueblo estableció que durante un año, el 2013, en toda la cuenca del río Colorado se denunciaron 1.612 incidentes relacionados con derrames de hidrocarburos entre los yacimientos Desfiladero Bayo, Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra, los más importantes, entre los casi 70 yacimientos que operan en la cuenca alta.
En total se habían derramado 5.335 m3 de fluido, de los cuales 426 m3 fueron hidrocarburos totales de petróleo y 4.909 m3 correspondieron a agua de producción e inyección.
Así, la resolución 19/14 estableció: "Estos incidentes deterioran el recurso hídrico, afectando las actividades económicas que dependen del mismo y la salud de las poblaciones aledañas" y que "los cuerpos de agua tales como el río Colorado son extremadamente sensibles a los derrames de petróleo, ya que estos generan impacto en todo tipo de organismos".
El Defensor del Pueblo ante este caso recordó que en el COIRCO se constituyó en 1997 una Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) conjuntamente con la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en la cuenca. Esta comisión ejerce funciones referentes a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de la cuenca del río Colorado, verificando técnicamente las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos para evitar incidentes. Puede labrar actas de infracción y realizar imputaciones a las empresas, aunque no sanciones, que quedan en manos de Nación.
Por eso el organismo exhortó en su fallo a los gobernadores de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y al ministro del Interior y Transporte de la Nación, miembros del COIRCO a que "adopten las medidas pertinentes para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito jurisdiccional de la cuenca". Sin embargo, esto nunca se cumplió, dijo Luis Solana.
iTextual | EL DIario LP
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