Provinciales | La Pampa demandó a Nación por el tema Coparticipación

A partir de los fallos que hicieron que la Nación dejara de retener el 15% de la coparticipación a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, en el mes de diciembre se instruyó al fiscal de Estado provincial para instrumentar los mecanismos que permitieran interrumpir las prescripción y poder reclamar por todos los años que estos importes fueron retenidos a nuestra Provincia, supeditando la presentación ante la CSJN de la demanda a la negociación con el presidente de la Nación a través del Ministerio del Interior, sobre los montos adeudados al Sistema Previsional Civil, Docente y Policial.

El 24 de febrero, el presidente dictó el decreto 406/16, que dispone la creación del “Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo”, que principalmente trata sobre las fechas a partir de las que se comenzará a suspender la deducción del 15%, fijando un lapso que comenzará a fines de 2016 y se extenderá hasta fines de 2020.

Pero lo sorprendente es que no es un decreto simple, sino que solicita adhesión de las legislaturas provinciales; de aquí se desprende una interpretación primaria y excluyente sobre esta forma de convocar a los gobernadores para discutir sus derechos, que siempre ha sido a través de un llamado telefónico o de una autoconvocatoria, y como resultado de la negociación, si era necesario, se enviaba al Congreso y a las Legislaturas provinciales para su ratificación.

Dicha adhesión previa, significa la autolimitación provincial en su reclamo del 15% a solo una parte que tomaría vigencia recién a partir de fin de este año, y que para sentarse a discutir en forma política y no judicial los derechos de las provincias, se debe ceder en forma previa al stock total de la deuda de los últimos cinco años.

Es así que, luego de arduas e ingentes negociaciones, nuestra provincia no ha logrado más que buena predisposición pero nada concreto. Y ahora nos encontramos que para sentarnos a negociar debemos, automáticamente, ceder en nuestros derechos. Por estas razones consideramos que dicho decreto es inconstitucional y, por lo tanto, se ha presentado el día 26 de febrero la demanda contra el Estado Nacional para la suspensión de la deducción del 15% de la coparticipación y el cobro de las sumas adeudadas por los últimos cinco años por el mismo concepto.

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