El juez confirmó contaminación por el derrame de la Barrick y procesó a nueve empleados de la firma
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Pablo Ortija procesó a nueve empleados de la firma y les trabó un embargo de 100.000 pesos. "Han sido responsables de que la solución cianurada haya llegado a cinco ríos", dijo. (Foto Arch.: Cadena3)
El juez Pablo Ortija confirmó en diálogo con Cadena 3 que hubo contaminación por el derrame de solución cianurada en la Mina Veladero, en San Juan, y por ello procesó a nueve empleados de la empresa Barrick Gold.
"Han sido responsables de que el derrame haya llegado a los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas", explicó el magistrado al tiempo que aclaró que en la actualidad "no hay presencia ni rastros de cianuro" en esos cauces de agua.
"Si bien la contaminación existió no se encuentra persistente en estos ríos. Hay monitoreos que dan cuenta de esto. Y los ríos se siguen monitoreando", amplió.
Con relación a los procesados, dijo que este grupo de nueve trabajadores tenían bajo su responsabilidad manejar una situación de crisis. "Tomaron una serie de medidas y efectivamete sobre ellos cayó la responsabilidad de dejar abierta la compuerta del canal norte por donde evacuó el derrame violando una norma de seguridad interna de la empresa", indicó.
Por otra parte, el magristrado negó que haya tenido presiones de sectores polítcos y sí habló de presión social por la carpa de ambientalistas instalada en la plaza principal de Jáchal, donde funciona en el primer piso tribunales.
"No fui presionado por el Gobierno. La denuncia que realizó el fiscal de Estado fue el desencadenante de la investigación penal. En San Juan no hay discusión. Todo el mundo sabe que la contaminación existió, el derrame existió. Lo que se discute aquí es si los valores de los metales pesados en el río Jachal, que son históricos, han sido derivados de este evento ambiental o si la calidad del agua es consecuencia de la explotación minera o es por la mala calidad que normalmente trae el río Blanco".
Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame, y les trabó un embargo de 100.000 pesos.
Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.
El magistrado aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una "adulteración peligrosa" para la salud del agua, aire o suelo por "imprudencia o negligencia".
"Han sido responsables de que el derrame haya llegado a los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas", explicó el magistrado al tiempo que aclaró que en la actualidad "no hay presencia ni rastros de cianuro" en esos cauces de agua.
"Si bien la contaminación existió no se encuentra persistente en estos ríos. Hay monitoreos que dan cuenta de esto. Y los ríos se siguen monitoreando", amplió.
Con relación a los procesados, dijo que este grupo de nueve trabajadores tenían bajo su responsabilidad manejar una situación de crisis. "Tomaron una serie de medidas y efectivamete sobre ellos cayó la responsabilidad de dejar abierta la compuerta del canal norte por donde evacuó el derrame violando una norma de seguridad interna de la empresa", indicó.
Por otra parte, el magristrado negó que haya tenido presiones de sectores polítcos y sí habló de presión social por la carpa de ambientalistas instalada en la plaza principal de Jáchal, donde funciona en el primer piso tribunales.
"No fui presionado por el Gobierno. La denuncia que realizó el fiscal de Estado fue el desencadenante de la investigación penal. En San Juan no hay discusión. Todo el mundo sabe que la contaminación existió, el derrame existió. Lo que se discute aquí es si los valores de los metales pesados en el río Jachal, que son históricos, han sido derivados de este evento ambiental o si la calidad del agua es consecuencia de la explotación minera o es por la mala calidad que normalmente trae el río Blanco".
Nueve procesados
Son los ejecutivos Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame, y les trabó un embargo de 100.000 pesos.
Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.
El magistrado aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una "adulteración peligrosa" para la salud del agua, aire o suelo por "imprudencia o negligencia".
Cadena3
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