Comodoro Py | José López negó un desvío de fondos de Sueños Compartidos
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El ex funcionario aseguró que no tenía a cargo el control de los fondos públicos que se entregaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas. (Foto Archivo)
El ex secretario de Obras Públicas José López aseguró que no tenía a cargo el control de los fondos públicos que se entregaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas y sostuvo que luego del escándalo de los hermanos Schoklender, en mayo de 2011, ordenó una auditoría que descartó el desvío de fondos.
López, detenido por enriquecimiento ilícito, prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py por esta otra causa que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, en su descargo, negó la acusación en su contra basada en la falta de controles de esos fondos girados por la Nación.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi lo imputó por la falta de seguimiento de esos fondos públicos, ya que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748 millones, pero unos 206 millones fueron desviados hacia otros fines que no fueron la construcción de viviendas sociales.
Para este jueves está citada a declarar como imputada la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien faltó a una primera citación y ahora, en caso de no asistir, podría ser llevada por la fuerza pública a los tribunales de Comodoro Py.
Según indicaron fuentes del caso, Bonafini rechazó ser notificada de esta segunda citación en su domicilio particular y se le comunicó la convocatoria en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
Al presentarse ante Martínez De Giorgi, el ex funcionario dijo que el control de los fondos estaba a cargo -sobre todo tras la muerte en 2009 de Luis Bontempo, de Desarrollo Urbano y Vivienda- del subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y que una vez que los mismos llegaban a la jurisdicción donde se realizaba la obra, era el Municipio o bien la Gobernación la que se ocupaba de realizar el seguimiento.
"El seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretario de Obras Públicas, quien desarrollaba el seguimiento, el control y aprobación de los certificados", añadió.
Y agregó que "el responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de avance de obra, el cual una vez aprobado por la jurisdicción era enviado al organismo nacional".
"Los certificados de obra eran emitidos por la jurisdicción en su carácter de comitente de la obra, aprobados por ellos, y solamente era requerido el financimiento que era el compromiso del Estado Nacional. Una vez que los fondos nacionales se enviaban a la jurisdicción, éstos pasaban a ser provinciales o municipales según correspondiera; y cuando la jurisdicción abonaba bajo su responsabilidad el certificado o la empresa contratada, ese fondo pasaba a ser privado", señaló.
Según sostuvo López, cuando renunciaron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (en mayo de 2011), ordenó una auditoría sobre las obras públicas en el
programa "Sueños Compartidos".
Las conclusiones de la auditoría, revelaron que "el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio y, en segundo lugar, que los avances tanto físicos como financieros se correspondían con los certificados enviados por las jurisdicciones a las subsecretarías".
En el descargo que hizo ante el juzgado durante las dos horas de indagatoria, López dijo además que la auditoría "no advierte ningún desvío de fondos" públicos.
En un breve receso de la audiencia, López le informó a sus dos abogados que había bajado unos 15 kilos desde que quedó detenido el 14 de junio pasado, cuando la Policía lo encontró de madrugada en el convento de General Rodríguez con casi nueve millones de dólares.
Según dijo el exfuncionario, fuertemente custodiado durante el traslado, está siendo asistido por psiquiátras y psicólogos en la cárcel de Ezeiza donde cumple prisión preventiva.
En el marco de esta causa, el juez citó a todos los responsables del Ministerio de Planificación Federal, pero también a gobernadores e intendentes que recibían los fondos estatales: entre los funcionarios que deben declarar se destacan el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Ezeiza Alejandro Granados; el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich; y el ex gobernador de Misiones Maurice Closs, entre un total de 43 imputado.
El programa Sueños Compartidos fue asignado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y estaba dirigido por los hermanos Schoklender, acusados de ser parte de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales: se comprobó que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales destinados a este plan.
La convocatoria se produce en medio del escándalo por la detención del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo mientras intentaba ocultar más de 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
La resolución del juez plantea que se determinó que "de los $ 748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido" a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, "sólo la suma de $ 516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras, detectándose que $206.438.454,05 fueron desviados de su fin específico".
El ex secretario de Obras Públicas José López aseguró que no tenía a cargo el control de los fondos públicos que se entregaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas y sostuvo que luego del escándalo de los hermanos Schoklender, en mayo de 2011, ordenó una auditoría que descartó el desvío de fondos.
López, detenido por enriquecimiento ilícito, prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py por esta otra causa que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, en su descargo, negó la acusación en su contra basada en la falta de controles de esos fondos girados por la Nación.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi lo imputó por la falta de seguimiento de esos fondos públicos, ya que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748 millones, pero unos 206 millones fueron desviados hacia otros fines que no fueron la construcción de viviendas sociales.
Para este jueves está citada a declarar como imputada la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien faltó a una primera citación y ahora, en caso de no asistir, podría ser llevada por la fuerza pública a los tribunales de Comodoro Py.
Según indicaron fuentes del caso, Bonafini rechazó ser notificada de esta segunda citación en su domicilio particular y se le comunicó la convocatoria en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
Al presentarse ante Martínez De Giorgi, el ex funcionario dijo que el control de los fondos estaba a cargo -sobre todo tras la muerte en 2009 de Luis Bontempo, de Desarrollo Urbano y Vivienda- del subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y que una vez que los mismos llegaban a la jurisdicción donde se realizaba la obra, era el Municipio o bien la Gobernación la que se ocupaba de realizar el seguimiento.
"El seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretario de Obras Públicas, quien desarrollaba el seguimiento, el control y aprobación de los certificados", añadió.
Y agregó que "el responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de avance de obra, el cual una vez aprobado por la jurisdicción era enviado al organismo nacional".
"Los certificados de obra eran emitidos por la jurisdicción en su carácter de comitente de la obra, aprobados por ellos, y solamente era requerido el financimiento que era el compromiso del Estado Nacional. Una vez que los fondos nacionales se enviaban a la jurisdicción, éstos pasaban a ser provinciales o municipales según correspondiera; y cuando la jurisdicción abonaba bajo su responsabilidad el certificado o la empresa contratada, ese fondo pasaba a ser privado", señaló.
Según sostuvo López, cuando renunciaron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (en mayo de 2011), ordenó una auditoría sobre las obras públicas en el
programa "Sueños Compartidos".
Las conclusiones de la auditoría, revelaron que "el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio y, en segundo lugar, que los avances tanto físicos como financieros se correspondían con los certificados enviados por las jurisdicciones a las subsecretarías".
En el descargo que hizo ante el juzgado durante las dos horas de indagatoria, López dijo además que la auditoría "no advierte ningún desvío de fondos" públicos.
En un breve receso de la audiencia, López le informó a sus dos abogados que había bajado unos 15 kilos desde que quedó detenido el 14 de junio pasado, cuando la Policía lo encontró de madrugada en el convento de General Rodríguez con casi nueve millones de dólares.
Según dijo el exfuncionario, fuertemente custodiado durante el traslado, está siendo asistido por psiquiátras y psicólogos en la cárcel de Ezeiza donde cumple prisión preventiva.
En el marco de esta causa, el juez citó a todos los responsables del Ministerio de Planificación Federal, pero también a gobernadores e intendentes que recibían los fondos estatales: entre los funcionarios que deben declarar se destacan el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Ezeiza Alejandro Granados; el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich; y el ex gobernador de Misiones Maurice Closs, entre un total de 43 imputado.
El programa Sueños Compartidos fue asignado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y estaba dirigido por los hermanos Schoklender, acusados de ser parte de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales: se comprobó que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales destinados a este plan.
La convocatoria se produce en medio del escándalo por la detención del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo mientras intentaba ocultar más de 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
La resolución del juez plantea que se determinó que "de los $ 748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido" a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, "sólo la suma de $ 516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras, detectándose que $206.438.454,05 fueron desviados de su fin específico".
Cadena3
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