Piden otra vez la indagatoria de Cristina Kirchner por el manejo de la obra pública
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/09/piden-otra-vez-la-indagatoria-de.html
Los fiscales federales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, reiteraron este lunes su pedido para que se cite a declaración indagatoria a la ex Presidenta, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ya detenido Lázaro Báez, por fraude al Estado en la adjudicación de obras públicas.
"Mientras el empresario Lázaro Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", afirmaron los fiscales en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, al que accedió Télam.
Fuentes judiciales anticiparon a Télam que el juez federal Julián Ercolini haría lugar en los próximos días al pedido de indagatoria de la ex Presidenta y otros de los imputados por los fiscales, que tienen delegada la investigación.
En esta reiteración al pedido de 34 indagatorias, la Fiscalía adjuntó 227 puntos de prueba, además de insistir en que lo ocurrido con la adjudicación de obra pública a Báez se trató de la "maniobra previa" al lavado de dinero que ocurrió luego con los falsos alquileres en hoteles de los Kirchner, que se investiga en la llamada causa "Hotesur".
Los fiscales remarcaron que "se investiga la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública --Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz-- se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
Para ello, indicaron, "se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
Los fiscales habían pedido ya las declaraciones indagatorias en un dictamen firmado el 16 de agosto pasado, pero Ercolini les reclamó que entregaran al juzgado toda la prueba reunida al respecto para poder fundamentar las acusaciones en cada caso, algo que se cumplió ahora.
En el listado de pedidos de indagatoria están Cristina Fernández de Kirchner; Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas ya preso en otra causa, José López; un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y también el empresario Báez y su hijo Martín, entre otros.
En su dictamen, cuyo análisis quedó ahora en manos del juez Ercolini, los fiscales advirtieron que "no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento" de las indagatorias solicitadas.
"No resulta ocioso destacar, en este sentido, que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino", remarcaron.
En este contexto, aludieron "en particular" a los "jueces y fiscales como operadores del servicio de Justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de corrupción, en los que se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas".
Los fiscales entregaron al juez seis carpetas, divididas en tres anexos, con elementos de prueba; dos cajas con documentación sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad sobre pagos de obras al Grupo Báez; tres biblioratos; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha por ese organismo; y dos informes ampliatorios de la DNV donde "se analizan nuevas obras viales" adjudicadas a ese grupo.
En total, se analizaron 17 casos testigo de cómo se adjudicaban las obras a las empresas de Báez en Santa Cruz.
Además, aportaron pruebas sobre lo que consideraron fue una maniobra planificada desde que, tras la renuncia del ex presidente Carlos Menem al balotaje, se supo que Néstor Kirchner sería el próximo Presidente, a mediados de mayo de 2003.
En primer lugar, advirtieron los fiscales, se "insertó" a un "amigo personal en el negocio de la construcción" y adjuntaron como prueba la escritura de constitución de la empresa insignia de Báez, "Austral Construcciones SA", inscripta el 8 de mayo de 2003.
Hasta entonces, el luego empresario y -desde el 5 de abril pasado- detenido Lázaro Báez trabajaba en el Banco de Santa Cruz.
Como segundo paso, ya con Kirchner en la Presidencia, hubo una "exportación de la estructura provincial a nivel nacional" mediante la unificación de los ministerios de Economía y Producción en una sola cartera, y la creación del de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con Julio De Vido, a cargo de este último.
En tanto, de acuerdo con lo señalado por los fiscales en el dictamen firmado este lunes, a partir del 2007 comenzaron diversas
designaciones en Planificación Federal, la mayor parte de funcionarios con pedido de citación a indagatoria.
Entre ellos se cuenta la subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Graciela Oporto; el subsecretario de Obras Públicas, Hugo Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Bontempo; y el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, primo del fallecido ex Presidente.
Luego, de acuerdo con lo afirmado por los fiscales, se produjo la "concentración económica de la obra pública" y el "direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez", para lo cual las pruebas se basan principalmente en informes de Vialidad Nacional.
Báez está detenido en otra causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello por supuestas maniobras de lavado de activos.
Fuentes judiciales anticiparon a Télam que el juez federal Julián Ercolini haría lugar en los próximos días al pedido de indagatoria de la ex Presidenta y otros de los imputados por los fiscales, que tienen delegada la investigación.
En esta reiteración al pedido de 34 indagatorias, la Fiscalía adjuntó 227 puntos de prueba, además de insistir en que lo ocurrido con la adjudicación de obra pública a Báez se trató de la "maniobra previa" al lavado de dinero que ocurrió luego con los falsos alquileres en hoteles de los Kirchner, que se investiga en la llamada causa "Hotesur".
Los fiscales remarcaron que "se investiga la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública --Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz-- se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
Para ello, indicaron, "se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
Los fiscales habían pedido ya las declaraciones indagatorias en un dictamen firmado el 16 de agosto pasado, pero Ercolini les reclamó que entregaran al juzgado toda la prueba reunida al respecto para poder fundamentar las acusaciones en cada caso, algo que se cumplió ahora.
En el listado de pedidos de indagatoria están Cristina Fernández de Kirchner; Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas ya preso en otra causa, José López; un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y también el empresario Báez y su hijo Martín, entre otros.
En su dictamen, cuyo análisis quedó ahora en manos del juez Ercolini, los fiscales advirtieron que "no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento" de las indagatorias solicitadas.
"No resulta ocioso destacar, en este sentido, que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino", remarcaron.
En este contexto, aludieron "en particular" a los "jueces y fiscales como operadores del servicio de Justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de corrupción, en los que se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas".
Los fiscales entregaron al juez seis carpetas, divididas en tres anexos, con elementos de prueba; dos cajas con documentación sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad sobre pagos de obras al Grupo Báez; tres biblioratos; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha por ese organismo; y dos informes ampliatorios de la DNV donde "se analizan nuevas obras viales" adjudicadas a ese grupo.
En total, se analizaron 17 casos testigo de cómo se adjudicaban las obras a las empresas de Báez en Santa Cruz.
Además, aportaron pruebas sobre lo que consideraron fue una maniobra planificada desde que, tras la renuncia del ex presidente Carlos Menem al balotaje, se supo que Néstor Kirchner sería el próximo Presidente, a mediados de mayo de 2003.
En primer lugar, advirtieron los fiscales, se "insertó" a un "amigo personal en el negocio de la construcción" y adjuntaron como prueba la escritura de constitución de la empresa insignia de Báez, "Austral Construcciones SA", inscripta el 8 de mayo de 2003.
Hasta entonces, el luego empresario y -desde el 5 de abril pasado- detenido Lázaro Báez trabajaba en el Banco de Santa Cruz.
Como segundo paso, ya con Kirchner en la Presidencia, hubo una "exportación de la estructura provincial a nivel nacional" mediante la unificación de los ministerios de Economía y Producción en una sola cartera, y la creación del de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con Julio De Vido, a cargo de este último.
En tanto, de acuerdo con lo señalado por los fiscales en el dictamen firmado este lunes, a partir del 2007 comenzaron diversas
designaciones en Planificación Federal, la mayor parte de funcionarios con pedido de citación a indagatoria.
Entre ellos se cuenta la subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Graciela Oporto; el subsecretario de Obras Públicas, Hugo Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Bontempo; y el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, primo del fallecido ex Presidente.
Luego, de acuerdo con lo afirmado por los fiscales, se produjo la "concentración económica de la obra pública" y el "direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez", para lo cual las pruebas se basan principalmente en informes de Vialidad Nacional.
Báez está detenido en otra causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello por supuestas maniobras de lavado de activos.
En tanto, López se encuentra detenido desde el 14 de junio pasado, cuando fue sorprendido en el momento en que intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares y relojes lujosos -uno de ellos por un valor de 13 mil dólares- en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
La ex presidenta Kirchner está procesada ya en la causa que investiga la venta de dólar futuro al final de su gobierno y la Cámara Federal tiene que resolver si confirma o no esta decisión del juez federal Claudio Bonadio.
Además, la ex mandataria tiene otro pedido de indagatoria por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien investiga un supuesto encubrimiento a Báez por parte del gobierno kirchnerista a través de la Procuración del Tesoro que estaba a cargo de Angelina Abbona.
Este pedido debera ser resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, en la misma causa por la que Báez está detenido y doblemente procesado por lavado de activos.
Télam
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