Provinciales | Rogers condenado a 5 años de cárcel

 

Foto Arch.: El Diario LP

 

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dio a conocer este mediodía la sentencia por el Caso Good Night. Los jueces condenaron al intendente Luis Rogers, al policía Carlos Alanís y al dueño del local Carlos Fernández a cinco años de prisión y una multa de 50 mil pesos por el delito de trata de personas. En los próximos días se conocerán los argumentos de este fallo.

El intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado este miércoles a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos como partícipe necesario del delito de trata de personas en el cabaré de Lonquimay, Good Night.

Al mediodía, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dio lectura al fallo unánime, que rechazó los pedidos de nulidad que habían hecho las defensas y dándose a conocer la parte resolutiva, con las firmas de los jueces José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava.

También fueron condenados Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs, un hermano del dueño y un empleado, respectivamente, a una pena de 2 años de prisión en suspenso. Es decir, no irán a la cárcel.

En el caso de Rogers, además, los jueces lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Pero podrá seguir por el momento siendo intendente. Es que la sentencia no está firme y se espera que en los próximos días puedan apelar. 

 

Así, pueden pasar años -si eventualmente llegan hasta la Corte Suprema de Nación, dos o tres años- hasta que quede firme este tipo de sentencia.

Además, por la misma razón de que la sentencia no está firme, los tres principales imputados no fueron detenidos.

En los alegatos -que se prolongaron entre el lunes y ayer- el fiscal Jorge Bonvehí había requerido que el jefe comunal, el policía y el dueño del local fueran condenados a 5 años de prisión.

Para Bonvehí, Fernández fue el autor principal mientras que Rogers y Alanís fueron partícipes necesarios, porque habían "facilitado" la comisión del delito.

Por otra parte, los jueces condenaron a Eduardo Mauricio Fernández como partícipe secundario a dos años de prisión en suspenso y por la misma pena a Brian Saxs. Eran encargados del cabaré.

A la lectura del fallo solo concurrió uno de los condenados: el dueño del local, Carlos Fernández. Rogers y los demás solo estuvieron representados por sus defensores.

 

El fiscal había dado por probado que en ese local se ejercía la prostitución. "Las jóvenes fueron captadas en una falsa oferta laboral y estaban en una extrema vulnerabilidad social", había dicho el fiscal.

Se pudo comprobar que los "pases" con los "clientes" o prostituyentes se hacían en las mismas habitaciones donde dormían las mujeres.

Cada mujer se dividía en partes iguales el cobro de cada "pase" con el dueño. Otro ingreso eran las "copas", es decir, los tragos que le ofrecían a los clientes.

Había dicho que, en varios casos, no podían movilizarse libremente por el pueblo. Incluso, a algunas chicas les retenían los DNI y al menos una relató que fue golpeada como "lección" por parte de Carlos Fernández, porque no quería "trabajar" porque estaba enferma.

El inicio del caso

Este juicio comenzó el 23 de mayo. Declararon seis mujeres que dieron detalles del funcionamiento de local nocturno. El único que no habló durante el juicio fue el jefe comunal.

La investigación se inició el 4 de julio de 2009, cuando la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alanís y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.

El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.

La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le "debía" dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy refirió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que "no le importaba, que ella tenía que hacer plata".

El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la Justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alanís. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.

Allanamiento

El 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el Good Night en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las "copas" y los "pases" que realizaban.

Se determinó, a partir de la declaración de otras víctimas, que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero. Desde esa fecha, no se volvió a abrir más el local. Hoy está abandonado. 

 

 

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