Un polémico cuadernillo oficial le enseña a los periodistas cómo abordar el conflicto de Malvinas

= Foto: WEB = 

A pocos días de cumplirse 40 años de la incursión militar argentina en las Islas Malvinas, el documento sugiere, por ejemplo, reemplazar el término “kelper” por “ocupantes ilegítimos” a los británicos que viven allí

A pocos días de cumplirse los 40 años de la Guerra de Malvinas, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó un polémico cuadernillo que les enseña a los periodistas cómo abordar el tema de la soberanía de las islas.

Titulado “Recomendaciones para el tratamiento periodístico adecuado de la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, el documento sugiere coberturas y la forma de tratar en los medios de comunicación la cuestión Malvinas.

La presentación del documento tuvo lugar el pasado martes 15 en la sede del Museo Malvinas, donde además de la defensora del Público, Miriam Lewin, también participaron Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación; Guillermo Carmona, titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; Edgardo Esteban, Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur; y María Laura Guembe, investigadora y docente UBA.

“A veces es difícil encontrar el límite entre lo audiovisual, las redes y los portales de internet”, sintetizó Carmona, quien se refirió de ese modo a cómo los medios de comunicación trataron cómo el Reino Unido había designado a la nueva gobernadora. “Es para repensar cómo se aborda la cuestión Malvinas. Aquí hay un problema: porque si hay una gobernadora es una gobernadora ilegítima”, resumió.

Los funcionarios presentes destacaron que el cuadernillo sirve como “herramientas para detectar algunas de las formas más comunes de abordaje incorrecto, impreciso o no respetuoso”. Al mismo tiempo, remarcaron que indaga sobre las características que debería tener “una cobertura responsable con el foco puesto en la soberanía y la memoria”. Incluso, pidieron leer las Malvinas en términos de “usurpación”.

La polémica de este abordaje se centra en que si bien la Argentina cuenta con un respaldo regional y de otros países que están fuera del continente americano, ninguno de esos gobiernos - salvo los pocos que comparten esos rasgos ideológicos, como Cuba y Venezuela- acusan a Gran Bretaña de usurpadora o colonialista. Es decir, apoyan el reclamo, pero evitan la retórica que pide el cuadernillo.

Entre las sugerencias vertidas en las 14 páginas que tiene el documento, aparece una que dice no llamar más “kelpers” a los isleños porque los menosprecia al ser un adjetivo usado por los ingleses. Además, a partir de ahora, hay que referirse a las autoridades actuales de las islas como “gobernantes ilegítimos”, “ilegítimas” de las islas o “autoridades pretendidas”.

Si bien es cierto que la mayoría de sus diez recomendaciones coinciden con lo que el derecho internacional le reconoce a la Argentina en su histórico reclamo de soberanía de las Malvinas, también inhibe el pensamiento alternativo o diferente sobre el conflicto. ¿Acaso debe llamarse antipatria o pro británico a un periodista que no respete ese lineamiento?

El documento, además, busca destacar los aspectos presuntamente positivos del gobierno de Cristina Kirchner con la cuestión Malvinas. 

Sostiene, por ejemplo, que en 2012 se comenzó a reclamar por el ADN a los restos argentinos no identificados en las Malvinas. Aunque ese dato es cierto, los trámites recién se destrabaron en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Otro aspecto del documento oficial es que remarca que los habitantes de Malvinas “no constituyen un pueblo soberano con derecho a la libre determinación”. 

Subraya que se trata de una “población implantada por la propia potencia colonial luego de que ocupó las islas por la fuerza y expulsó a las autoridades argentinas en 1833″.

El cuadernillo reclama cambiar al español toda la toponimia de las islas. Por ejemplo, exige llamar a la capital como Puerto Argentino y no de otra manera; además de a Mount Pleasant como Monte Agradable y así sucesivamente.

A pesar de que la traducción al español de los lugares fue una antigua medida impuesta por la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri, el cuadernillo se distancia de los hechos diciendo que en ese entonces el país estaba “gobernando por una dictadura militar, ilegal e ilegítima, que actuó de espaldas al pueblo argentino y apartándose del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacifico de las controversias internacionales y, en particular con la búsqueda de una soluciones pacifica de la cuestión Malvinas”.

No es la primera vez que el organismo que dirige Miriam Lewin Lewin intenta querer controlar los contenidos que se emiten en los medios y las redes sociales. Ya había tenía un gran rechazo la creación del Observatorio Nodio, que fue calificado como “un cepo al periodismo”.

Preocupación y críticas al manual

Tras la difusión del manual, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifestó su preocupación y señaló una serie de cuestionamientos a la decisión del Gobierno de crear ese documento. 

“El reclamo por las Islas Malvinas es sin duda una causa que convoca a todos los argentinos y es un derecho irrenunciable que hace a la soberanía del pueblo argentino y en ese sentido todos los esfuerzos del Estado deben ser dirigidos a lograr la reincorporación de estas islas a nuestro territorio nacional por los medios pacíficos a disposición”, reconoció la ONG.

Sin embargo, como ha expresado LED en reiteradas oportunidades “no corresponde al Estado fijar pautas que determinen los contenidos de los medios periodísticos y la opinión de los periodistas y trabajadores de prensa”.

“En el caso particular de estas recomendaciones, las mismas resultan desafortunadas desde el propio título, ya que al hablar de “tratamiento periodístico adecuado” se presupone que existe una forma “inadecuada” de abordar el tema por parte de la prensa, y que es un organismo estatal quien determina que es lo correcto o incorrecto en la labor periodística”, se indicó en un documento de la entidad que preside Silvana Giudici.

Infobae