Constructores cuestionan el DNU que da 30% de obra pública a la economía popular

= Foto: WEB = 

Desde la cámara nacional del sector, Gustavo Weiss dijo a Cadena 3 que la decisión del Gobierno de otorgar a piqueteros ese porcentaje de emprendimientos de hasta $300 millones “condena a la extinción a las pymes”. 

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) cuestionó el decreto publicado días atrás por el Gobierno nacional, que otorga un 30 por ciento de las obras públicas de hasta 300 millones de pesos a los sectores de la economía popular, con el objetivo de promover la reinserción laboral.

El presidente de esa entidad, Gustavo Weiss, dijo este lunes a Cadena 3 que esa normativa “saca de competencia a las pymes y las condena a la extinción”.

“Más allá de piqueteros o no, nosotros decimos que la obra pública tiene que estar para las empresas formales de la industria y no para las informales”, subrayó Weiss.

“En todo el país, hay alrededor de 20 mil empresas constructoras formales inscriptas, de las cuales más del 97 por ciento son pymes, que ejecutan obras por debajo de 300 millones de pesos. El techo, en muchos casos, es bastante menor que ese monto. Esas pymes se enfrentan, con este decreto, ante la competencia desleal de las cooperativas de trabajo, que en su inmensa mayoría son informales”, argumentó.

En ese contexto, se explayó: “El principal problema es que la estructura de costos de una cooperativa informal no incluye todas las cargas patronales, que tienen que aportar un empleador, como aguinaldo, vacaciones, obra social, ART, jubilaciones, etcétera, que las cooperativas informales no lo tienen”.

“Eso representa una diferencia de costos directa, en contra de las pymes formales, de un 54 por ciento sobre el salario”, aseguró.

“Pero, además, las cooperativas no tributan impuesto a las ganancias y, en algunos casos, algún otro tributo regional, con lo cual la competencia es absolutamente desleal”, enfatizó.

Estas expresiones de Weiss van en línea con un comunicado de la CAMARCO, publicado el jueves pasado, en el que criticó el decreto gubernamental.

“CAMARCO comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo, pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o cooperativas de trabajo no formales contribuye a una ampliación, íntegra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”, sostuvieron en ese comunicado.

Cadena3