Corrupción | Más de 200 presos cobraban de manera irregular una pensión por invalidez
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= Foto: WEB = |
Lo reveló la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación incluye a exfuncionarios y podría afectar gravemente las finanzas del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad detectó irregularidades significativas en el sistema de pensiones por invalidez laboral, revelando que más de 200 presos están cobrando estos beneficios. Diego Spagnuolo, director de la agencia, comentó en una conferencia de prensa que se identificaron 212 personas detenidas que perciben pensiones, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
“El criminalismo redujo los requisitos a su mínima expresión”, explicó Spagnuolo a Cadena 3, señalando que los únicos criterios son ser argentino o extranjero con diez años de residencia, y no estar preso ni en conflicto con la justicia. Sin embargo, muchos de los beneficiarios no cumplen con estos requisitos. “Detectamos dos casos sumamente graves, donde una persona obtuvo la pensión en solo tres días, a pesar de no cumplir con los requisitos médicos”, añadió.
La investigación sobre estas irregularidades incluye a varios exfuncionarios de la agencia, entre ellos Fernando Galarraga, Paula Martínez y Fernando Espósito. “El fiscal Marihuana ha formulado una denuncia que está siendo instruida por el fiscal Policita”, informó Spagnuolo, quien también mencionó al expresidente Alberto Fernández como parte de la investigación.
Las implicaciones de estas irregularidades son significativas. “Esto no solo significa una burla a los contribuyentes, sino también un perjuicio importante para el Estado”, destacó Spagnuolo. Se estima que el costo mensual de estos beneficios irregulares asciende a 540 millones de pesos, afectando gravemente las finanzas del Estado.
La agencia está llevando a cabo auditorías en todo el sistema de pensiones. “Estamos auditando la totalidad del sistema de pensiones, porque hemos denunciado el escándalo que esto representa”, afirmó el director. En una auditoría reciente en la provincia de Chaco, el 80% de las personas citadas no se presentó, y de los que asistieron, solo el 8% mantuvo su derecho al beneficio.
“Lo que queremos cortar es precisamente el curro, el choreo”, enfatizó Spagnuolo, quien subrayó la necesidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad. A pesar de los desafíos, la agencia planea implementar nuevas políticas para mejorar la situación de este grupo en el futuro. “Vamos a implementar muchas y mejores políticas que realmente le van a cambiar la vida a las personas con discapacidad y a su familia”, concluyó.
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