Marchas y piquetes | Piden enviar a juicio a Eduardo Belliboni por manejos en el 'Potenciar Trabajo'

= Foto: WEB = 

Se acusa al dirigente de montar un esquema extorsivo y administración fraudulenta en el programa social.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó el juicio oral para Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero, por su presunta participación en delitos relacionados con el programa "Potenciar Trabajo". Se le imputan los cargos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión.

El juez federal Sebastián Casanello concluyó una parte de la investigación, en la que Belliboni y otros 16 imputados que ya han sido procesados. Ante esta situación, el fiscal Pollicita presentó su solicitud de elevación a juicio, sosteniendo que el acusado montó un sistema extorsivo para "gerenciar" a miles de personas en todo el país.

Denuncia del Gobierno y pruebas

La causa se originó a partir de denuncias presentadas por el Gobierno de Javier Milei, tras recibir reportes anónimos sobre presiones a beneficiarios para que asistieran a marchas y piquetes. Además, se descubrió la simulación de gastos mediante facturas apócrifas, lo que permitió la apropiación indebida de fondos.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Seguridad implementó la línea 134 para que quienes asistieran a estas manifestaciones bajo presión pudieran denunciarlo. Se registraron 130.000 llamados, que fueron analizados.

Las pruebas que sustentan la acusación del fiscal incluyen cuadernos de movilizaciones secuestrados por la justicia, donde se registraba la asistencia de los beneficiarios a las marchas. 

Según se informó, existía un sistema de control que penalizaba a quienes llegaban tarde o faltaban, con descuentos en sus haberes del Plan Potenciar Trabajo e incluso expulsiones de la organización por faltas reiteradas.

Impacto del caso y próximos pasos

La fiscalía sostiene que el esquema delictivo operó desde junio de 2020 hasta marzo de 2024, afectando a sectores sociales vulnerables y privándolos de una mejor calidad de vida. En su requerimiento, afirma que se desviaron millones de pesos destinados a subsidios, beneficiando indebidamente a la agrupación y sus dirigentes.

El pedido de elevación a juicio ya está en marcha y se espera que el tribunal encargado del caso fije una fecha para el inicio del proceso oral. Mientras tanto, continúa la investigación sobre el posible involucramiento de funcionarios nacionales en los hechos denunciados.

En respuesta a la elevación a juicio, Belliboni afirmó: "El fiscal Pollicita no sólo no tiene en cuenta ninguna de las pruebas presentadas rechazando absoluta y totalmente los cargos que quiere impulsar, sino que además debería ser apartado de la causa por mentir y operar para perseguir a la protesta social".

También argumentó que "es un operativo político para impedirnos luchar por nuestras reivindicaciones frente a una situación social que cada vez se agrava más".

Según el informe, la organización Polo Obrero habría recibido más de 313 millones de pesos entre agosto de 2023 y febrero de 2024. Utilizaban diversas modalidades de extorsión, quedándose con un promedio del 2% de los beneficios sociales que recibían las personas. Para ocultar el origen ilícito de estos fondos, recurrían a la facturación apócrifa, una técnica rudimentaria de lavado de dinero.

El fiscal Pollicita detalló en su extensa acusación de 279 páginas cómo operaba la organización, que estaba estructurada en 11 zonas y 66 regiones, con un sistema de contabilidad paralelo. Belliboni y otros referentes amenazaban a los beneficiarios con degradar sus planes o darles de baja si no participaban en actividades políticas, como marchas.

El informe también menciona la posible connivencia de funcionarios públicos en este esquema. Emilio Pérsico, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y titular de Barrios de Pie, es mencionado como una figura clave que podría haber hecho la vista gorda ante estas actividades ilegales.

Las penas que enfrentaría Belliboni en caso de ser hallado culpable son significativas. La defraudación agravada podría conllevar de dos a seis años de prisión, mientras que el lavado de activos y la extorsión podrían acarrear de cinco a diez años de cárcel. La acumulación de estos delitos podría complicar aún más su situación legal.

Cadena3